Involución

Pienso que ésta es la palabra que mejor puede definir lo que está ocurriendo en la actualidad. A nivel internacional, nacional y local. De forma lenta, pero irreversible, todas las medidas que se están adoptando en nuestro país en nombre de no se sabe bien qué o quién, nos están conduciendo a una quiebra ideológica, y a un retroceso histórico de los derechos sociales conquistados. Todos creíamos que el Estado del Bienestar era la solución a los problemas de desigualdad que genera el sistema económico capitalista. Y que la prestación de servicios sociales como la sanidad, la educación, o la transferencia de renta desde las clases más pudientes, a las menos favorecidas, eran las funciones que el Estado debía asumir, además de las de seguridad nacional y elaboración de las leyes. Sin embargo, todo esto parece que se viene abajo. De pronto, el Estado se está convirtiendo en la apisonadora que destruye todo lo anterior.
Los estudios disponibles demuestran que las regiones con una mayor desigualdad en su seno tienen menor esperanza de vida, mayores tasas de enfermedades mentales, de alcoholismo y de drogadicción. Asimismo, en ellas se aumentan los delitos y los encarcelamientos. La convivencia deja de estar garantizada. La democracia también. España es un estado desigual, comparado con países de nuestro entorno, que en la actualidad está en venta. Decenas de fondos de inversión, sobre todo americanos, se han dedicado a adquirir empresas inmobiliarias, viviendas… Son los fondos buitre, que paradójicamente ahora nos ven como la gran esperanza. El interés por España se ha multiplicado por diez, según informan algunos gestores. La gestión de la ruina es lucrativa.
Si recurrimos al índice de desigualdad de Gini, que mide la concentración de ingresos en la sociedad (100 la máxima desigualdad y 0 la máxima igualdad), nosotros estaríamos situados en el 34, superior a la media de 27 países de la Unión Europea (30,7). Y si comparamos el porcentaje de población en riesgo de exclusión social, también estamos por encima de la media europea (27 por ciento frente a 24,2 por ciento). Y esta situación, que es fruto de la escasa implantación del Estado de Bienestar, se agrava con el paso del tiempo. En nuestro país el gasto público por Producto Interior Bruto (PIB) en Educación, Sanidad, Protección Social y Desempleo en 2011, también estaba por debajo de la media de la Unión Europea de los 27 países.
Ante esta situación, nuestro Gobierno, cumpliendo el mandato de la Comisión Europea, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se afana en profundizar en la deflación interna de salarios y pensiones, como única alternativa a la salida de la crisis. Esto acarreará más desigualdad en los próximos años y polarizará a la sociedad. Y también está ayudando al incremento de los brotes secesionistas, al resurgir del racismo y la xenofobia, y al desarme ideológico de la población. Y en sectores concretos, como la educación, la situación se está volviendo insostenible. Somos el octavo país más caro de la Unión Europea en tasas universitarias. Sin embargo, se reducen los recursos para becas a los estudiantes. De la misma forma, se disminuye la partida para inversión y la financiación pública para I+D. Todo esto está llevando a la asfixia económica a las universidades, al incremento de la carga docente del profesorado y a la pérdida de calidad docente. Lo mismo ocurre en las enseñanzas secundarias, en las que se incrementa la financiación a los colegios concertados, en detrimento de los colegios públicos.
Pero es que además, también se produce una verdadera involución ideológica en la Administración. Las comisiones que se crean para combatir la corrupción no son más que meras tapaderas para no hacer nada. Mientras que los grandes capitales siguen escapando al fisco, y miles de empresas practican en su seno la economía sumergida y la competencia desleal, los equipos de control del fraude siguen sin los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo una labor eficaz. Por el contrario, las medidas de presión y control sobre los funcionarios públicos avanzan al mismo ritmo que se congelan sus salarios o se restringen sus derechos sociales.
En este contexto no es extraño que desde las instancias más bajas de la Administración se intente coaccionar a los funcionarios más díscolos, o ideológicamente contrarios al régimen, simplemente por expresar públicamente sus opiniones. El acoso laboral o mobbing a los empleados públicos, desafortunadamente sigue avanzando. Los insultos y descalificaciones públicas al colectivo, también. El objetivo es conseguir el “servidor público” perfecto. Sumiso, sin ideología y dispuesto a trabajar sin protestar. Es la época que nos ha tocado vivir.