La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha ordenado a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta continuar la investigación de la causa que ordenó archivar en noviembre del año pasado por la presunta comisión desde distintos departamentos de la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de presuntos delitos de prevaricación administrativa y usurpación de funciones.
La Audiencia ha estimado íntegramente el recurso interpuesto contra el sobreseimiento dictado, en el que el denunciante alegó que en los hechos denunciados concurren “todos los elementos legalmente exigibles” para continuar con las diligencias previas.
El asunto alude a la solicitud de autorización administrativa cursada a la Delegación por el ex director general de Fomento de la Ciudad, que supuestamente “no era la competente para ello”, con el fin de instalar “elementos supuestamente desmontables” en la zona de dominio público marítimo terrestre de la antigua fábrica de guano “cuando lo que se pretende es asfaltar la zona e instalar un campo de fútbol y otras instalaciones” permanentes. Según la denuncia, “el mismo día” y sin hacer “trámite esencial alguno” la ex directora de Fomento le dio vía libre “causando perjuicio a la costa”.
La denuncia se presentó el 30 de septiembre y una semana después la instructora acordó incoar diligencias pidiendo a la Unidad de Costas de la Delegación el expediente administrativo con informes jurídicos. El secretario general de la institución de la Plaza de los Reyes remitió en noviembre un informe asumiendo dos presuntas irregularidades en la tramitación: deficiencias en el proyecto básico y omisión del trámite de información pública, ninguna de ellas con “entidad invalidante” a su juicio, aunque la autorización se suspendió hasta recibir de la Ciudad “memoria suficientemente descriptiva de las actuaciones a desarrollar”.
Para la Audiencia “no es conciliable la mínima actividad instructora desplegada, su resultado y la fundamentación del auto que se recurre porque en el informe emitido por el secretario general de la Delegación ya se ponen de manifiesto diversas circunstancias que obligan a persistir en el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
“Es difícil”, prosigue, “asumir un sobreseimiento provisional que debe ser una medida residual solo pertinente cuando, tras el agotamiento de la investigación, no resulte debidamente justificada la perpetración del delito o no haya motivo suficiente para acusar a persona determinada, lo que no es caso en este momento, por lo que la resolución recurrida es a todas luces prematura”.
Además, el auto de archivo omitió “toda referencia” al segundo supuesto delito señalado por el denunciante, el de la presunta usurpación de funciones.
La instructora del caso acordó en noviembre el sobreseimiento de la causa al entender que no estaban “suficientemente acreditados” los indicios que la habían formado. En febrero, al resolver un recurso de reforma contra el archivo, añadió que “no constaba acreditada” ninguna “patente arbitrariedad” para seguir indagando en un posible delito de prevaricación. “Apenas se ha obtenido información y nada se ha indagado”, reprocha la Audiencia.
El denunciante argumentó en su recurso de apelación que no se había realizado “ningún tipo de diligencia encaminada a la averiguación de los hechos denunciados” pese a existir a su juicio “indicios de criminalidad en las autoridades que intervinieron”, en concreto el ex director general de Fomento de la Ciudad, Bharat Bhagwandas; la ex directora de Fomento de la Delegación, Laura Manzano; y el secretario general de la institución de la Plaza de los Reyes, Ismael Kasrou.
La Sala de la Audiencia llama la atención sobre el hecho de que la Delegación librase un oficio a la Consejería de Fomento reclamando la subsanación de deficiencias en el proyecto básico para el solar de la antigua fábrica de guano y que el mismo día, “sin que conste tal subsanación ni la realización de ningún otro trámite”, se otorgase la autorización solicitada, que se pasó al Ejecutivo local al día siguiente.
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