La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta continuar por la Ley del Jurado las diligencias que sigue desde 2016 por la presunta comisión de supuestos delitos de malversación, cohecho y falsedad documental contra una persona en el ejercicio de la Secretaría de un centro escolar público de la ciudad. El caso fue iniciado en virtud de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.
Según fuentes judiciales y del sector educativo, la causa trata de esclarecer si la persona investigada compró fluorescentes de diversos tamaños, cartuchos para impresoras y material de limpieza “sin conocimiento del resto de responsables del colegio” y “sin que fuesen necesarios para atender las necesidades del centro educativo” por una cantidad global que no ha sido determinada exactamente pero que “podría alcanzar los 60.000 euros”. Las diligencias también pretenden aclarar si a cambio de ello recibió “diversas contraprestaciones” tales como relojes y tarjetas-regalo de una conocida gran superficie comercial de implantación nacional.
Además, y presuntamente con la intención de ocultar esas acciones, la persona investigada habría remitido a la Ciudad Autónoma de Ceuta diversas misivas que intentaba hacer pasar por auténticas y oficiales del centro, para lo que aprovechaba la firma escaneada del director del mismo ya que se encontraba en los ordenadores que se usaban.
El Juzgado dictó en febrero un auto en virtud del cual acordaba la continuación de las diligencias por el trámite del Procedimiento Abreviado dando, por tanto, fin a la instrucción, pero la Audiencia ha dado la razón a la Fiscalía en su recurso. Por un lado alegó que quedan diligencias por practicar. El año pasado se solicitó, por ejemplo, que se tomara declaración a los representantes legales de las empresas contratantes en calidad de investigadas “sin que se haya realizado dicha diligencia ni se haya acordado si procede o no su práctica”.Tampoco se ha efectuado la declaración del representante legal del AMPA o, al menos, no aparece acreditada, ni se ha realizado un informe pericial contable del material inventariado.
Por otro, que dada la naturaleza de los hechos imputados el cauce legal adecuado es el procedimiento del Tribunal del Jurado, por lo que ha reclamado la transformación del procedimiento una vez se practiquen las diligencias referidas anteriormente.
La Audiencia ha estimado este último argumento. Posteriormente, según su resolución, “en su caso y de acuerdo con lo previsto” en la Ley del Tribunal del Jurado, se practicarán “las diligencias que resulten pertinentes a solicitud de las partes o decididas de oficio.
Y quien era el Jefe del Servicio de Inspección en aquel momento?
Aquí nadie sabe nada?
Luego dirán que no hay dinero. ¿Todo se arregla con dinero? Tal vez puedan mejorarse las cosas sin tanto ladrón y poniendo en la verdadera práctica las normas de Control Presupuestario que ya existen. Y el que robe, al talego.
Buenas tenemos con esto de la Educación en Ceuta... Cuando la Fundación Ramón Areces nos pone a caer de un burro en los números...
¿Es posible que la causa última este en la mangancia?
Este periódico ya ha comentado dos presuntas de malversación. Lo que no sabemos es cuantas hay en total. Ni el tamaño del chanchullo al completo.
Algo tendrá que decir el Director Provincial del MEFP, supongo.
Esta bien de que se investigue casos de malversación como este, parece ser que en Ceuta estos métodos están de moda si no, que se lo pregunten a las Brigadas verdes,que hace poco el presidente de la Federación denunció un caso No parecido si no de ESCANDALO con
El material de la empresa y personal que cobra sin trabajar y j. VIVAS mirando para el otro lado