Investigada una traductora por robar datos judiciales

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid tiene abierta una causa contra una traductora externa empleada por la Policía Nacional por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, segun ha publicado la agencia Colpisa y La Voz de Galicia.

Está imputada por robar documentos sobre causas de yihadismo seguidas en dos juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. La acusada trabajaba para la empresa Ofilingua S. L. y prestaba sus servicios a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional cuando se produjo la sustracción de los papeles, en agosto de 2012. Estos documentos sustraídos de la sede policial formaban parte de dos diligencias previas abiertas en los juzgados de los magistrados Fernando Andreu y Pablo Ruz.
Se trataban de investigaciones sobre supuestas células yihadistas de propaganda, captación y facilitación asentadas en Ceuta y Melilla, cuya zona favorece que sus ciudadanos empleen mayoritariamente en sus comunicaciones el rifeño y dariya, un dialecto autóctono de la zona marroquí del Rif. De esta forma, las traducciones de las conversaciones registradas en las intervenciones telefónicas policiales eran realizadas por la empresa Ofilingua, en la que trabajaba la imputada.
Los servicios de información de la Policía informaron al juez Andreu que la empleada extrajo «de forma subrepticia un pendrive o dispositivo de almacenamiento USB del ordenador donde estaba trabajando en la comisaría, por lo que se le comunica que ese comportamiento no se adecúa a las normas establecidas y ella, de forma voluntaria, entrega el soporte», según las diligencias judiciales del caso. Cual es la sorpresa que el análisis forense determina que en ese dispositivo tenían 17 “archivos borrados recuperado”, que contenían traducciones de las intervenciones telefónicas. Al conocer los hechos, el juez Andreu abrió una causa secreta y determinó que dicha información podría haber sido facilitada a personas relacionadas con terrorismo, por lo que se trataba de un delito competente de la Audiencia Nacional. Para dilucidar esta cuestión se practicaron diligencias que concluyeron en febrero del 2014. Los investigadores determinaron que la imputada robó información policial reservada “de manera subrepticia, no solo en la fecha de agosto del 2012 cuando fue descubierta con un USB con abundante contenido sensible relativo a las citadas investigaciones”.  Los agentes también revelaron al juez que la traductora “mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el Centro Nacional de Inteligencia , de acuerdo al material recuperado”.