Una investigación sobre el fracaso escolar de 2007 aún espera su beca

Catorce años después de la convocatoria que acordó conceder una ayuda de 4.100 euros del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) al profesor de la Universidad de Cádiz (UCA) Rafael Jiménez Gámez para la realización de un estudio titulado ‘Comprender la multiculturalidad: el currículum de los centros educativos de Ceuta ante los estudiantes árabo-musulmanes’, el investigador sigue esperando que se cumplan las sentencias que, en primera y segunda instancia, ordenaron retrotraer las actuaciones a “la fase de designación de los miembros del tribunal calificador” y formarlo con personas “que no hayan tenido intervención previa en el procedimiento”. Según las fuentes consultadas por este periódico, el IEC ya ha formado un nuevo órgano de valoración del trabajo, pero no ha dado ningún paso más.

El Instituto de Estudios Ceutíes ha recibido cuatro reveses en el ámbito judicial. Ocho meses después de entregar el resultado de un año de trabajo de campo y estudio, Jiménez supo en marzo de 2010 que “la Comisión de becas y ayudas a la investigación” había rechazado la memoria correspondiente a su proyecto, le instaba a devolver el 10% de la ayuda concedida y descartaba abonar el 90% restante tras apreciar que en el trabajo aportado no se había realizado “el esfuerzo suficiente para garantizar la validez y fiabilidad de la información obtenida” y que había “aspectos más opinables que sustentados en el rigor del análisis de los datos”.

En 2013, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 exigió que el proceso se devolviese al momento “immediatamente posterior a la reunión de mayo de 2012 a fin de notificar correctamente la composición del tribunal calificador” al recurrente “por si estimase procedente ejercer su derecho a la recusación”.

Dos años después, su homólogo del número 2 concluyó que también procedía estimar otro recurso de Jiménez y anular una resolución de marzo de 2014 “acordando retrotraer las actuaciones a la fase de designación de los miembros del Tribunal calificador, debiendo recaer la nueva designación en miembros que no hayan tenido intervención previa en el procedimiento”. Igualmente se hizo “expresa imposición de costas a la parte demandada”, que ha recurrido incluso a abogados foráneos con el consiguiente coste para las arcas públicas.

En septiembre del año pasado, el TSJA rechazó el último recurso del IEC y respaldó el último pronunciamiento de primera instancia por cuestiones formales: “Es el acto administrativo recurrido, la denegación de la beca solicitada por importe de 4.100 euros, el que por tener una cuantía inferior a la señalada, impide admitir el recurso de apelación”, razonó.

Las conclusiones del trabajo apostaban por “evitar y eliminar la etnización de los barrios de Ceuta”, “fomentar” el contacto intercultural, promocionar las clases de castellano para adultos y la formación profesional, estabilizar al profesorado en función de sus proyectos, primar el dominio del dariya en las incorporaciones a los centros de personal del Plan de Empleo, trabajar más la diversidad y utilizar la lengua materna del alumnado en las escuelas.