El Gobierno de la Ciudad aprobó ayer un gasto plurianual de 280.000 euros para reforzar la oferta de talleres disponible para la reeducación de los menores que son sometidos medidas judiciales como infractores en régimen de internamiento en Punta Blanca o en medio abierto.
La administración local recibió hace ya algo más de 20 años esas competencias, especialmente sensibles para cualquier población y territorio, más aún aquí debido a la presión migratoria infanto-juvenil que se agudizó a finales de la década pasada y con la crisis migratoria de 2021, cuando el Servicio de Protección a la Infancia supo hacer frente a un reto ciclópeo.
La legislación vigente establece claramente que las medidas judiciales sobre los adolescentes deben estar orientadas hacia la reeducación de los infractores en base a sus circunstancias personales, familiares y sociales.
Los fondos públicos invertidos para corregir la deriva de los niños sancionados con reproches por la comisión de delitos son una inversión acertada pensando no solamente en sus destinatarios directos, sino en el conjunto de la ciudadanía.
Mientras la ultraderecha echa de menos la existencia de más sucesos en la ciudad para alimentar su cosechadora electoral y desliza la existencia de una gran conspiración para ocultarlos, sentar las bases de un trabajo bien hecho para evitarlos es la mejor política que pueden poner en práctica las administraciones para conseguirlo a través de la educación y la socialización.
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