La Intervención de la
Ciudad Autónoma de Ceuta ha rechazado el abono de nuevos pagos a la empresa concesionaria del
servicio de transporte público en autobuses urbanos, ‘Hadu-Almadraba’, hasta que no justifique adecuadamente 200.000 euros de las cantidades recibidas de la Administración en concepto de adelanto para hacer frente a las obligaciones derivadas de los convenios que anualmente firma con Asuntos Sociales para ofrecer a determinados colectivos los billetes a precios más baratos.
La compañía, que no ha abonado la paga extraordinaria de marzo a su plantilla, lo que ha llevado a su vez al Comité de Empresa a convocar una huelga indefinida a partir del próximo 26 de abril, ya ha advertido también a los representantes de su plantilla de que presumiblemente no tendrá liquidez al finalizar este mes para hacer frente a sus nóminas ordinarias a pesar de que mantiene a más de veinte empleados en expedientes de regulación temporal de empleo (
ERTEs).
Dado que
supuestamente carece de recursos para solicitar a los bancos margen de maniobra, la empresa ha vuelto a fiarlo todo a que la Ciudad le inyecte dinero público, algo a lo que el órgano de fiscalización de la Administración se niega si antes no justifica el uso de 200.000 euros recibidos en 2020, cuando se regateó el procedimiento reglamentario (abonar los pagos una vez recibidas las certificaciones de los billetes subvencionados expedidos) para adelantar su desembolso.
El Consejo de Gobierno aprobó hace un año poner 350.000 euros para reducir el precio de los pasajes a pensionistas, desempleados y estudiantes, entre otros grupos, y en junio acordó una adenda en virtud de la cual dicha cuantía podría superarse para transportar gratis a los parados que no percibiesen prestación alguna.
Para el presente ejercicio el montante del convenio se ha elevado a 375.000 euros a través de un convenio que literalmente establece que “para el abono de las bonificaciones, la empresa deberá presentar mensualmente la factura correspondiente por colectivos con relación de los usuarios beneficiados, el número de viajes y coste total”.
“La empresa”, han explicado fuentes gubernamentales, “dice que no tiene solvencia para pagar sus nóminas y ha solicitado un adelanto del convenio con Asuntos Sociales, pero la Intervención reclama que antes se justifiquen 200.000 del año pasado”.
La Ciudad está intentando “pagar lo antes posible” las facturas pendientes y revisar a la mayor brevedad posible “las certificaciones presentadas por unos 100.000 euros con el fin de ver si con esas cantidades se pueden desbloquear los pagos a la plantilla”.
Las claves
Adelanto del convenio en 2020. La Ciudad firmó el año pasado a través de la Consejería de Asuntos Sociales un convenio con Hadu-Almadraba para, por un máximo inicial de 350.000 euros que posteriormente se amplió en junio, bonificar los billetes de los autobuses urbanos a determinados colectivos como desempleados, pensionistas o estudiantes. Teóricamente el pago de ese total debe ejecutarse una vez que la empresa acredita los beneficiarios y el número de viajes a precio reducido, pero la Administración articuló un adelanto del que ahora la Intervención no considera debidamente justificados 200.000 euros.
Conflicto laboral por falta de liquidez. La compañía ha vuelto a alegar falta de solvencia y liquidez para dejar de pagar retribuciones a su plantilla, que prevé ir a la huelga el 26 de abril. La Ciudad está intentando salvar los obstáculos administrativos de fiscalización para facilitar el desembolso de las nóminas extraordinarias pendientes y las de abril.
Compensación por el cierre de la frontera y tres líneas de ayudas
Las condiciones del contrato directo adjudicado por dos años más a ‘Hadu-Almadraba’ en enero recogen que “atendida la circunstancia extraordinaria derivada de la COVID-19 y hasta que se normalice el número de viajeros en la línea de la frontera”, que constituía “la principal fuente de ingresos de la concesión” y cuyos beneficios permitían equilibrar “las pérdidas de otras líneas deficitarias [especialmente la 1 y la 5]”, la Ciudad estará obligada a “compensar mensualmente al concesionario por las pérdidas que arroje la cuenta de explotación”.
La compensación por cierre de frontera está concebida con el propósito de “paliar la situación coyuntural derivada del cierre del Tarajal, que constituía casi el 50% de los ingresos totales de la concesión”, se mantendrá de forma “temporal” y se calculará y abonará “mes a mes hasta que el volumen de viajeros recupere las medias del periodo 2015-2019 o hasta que la cuenta de explotación mensual deje de ser deficitaria (lo que suceda antes en el tiempo)”.
Además, la empresa sigue recibiendo tres líneas de ayudas distintas que la Administración local considera compatibles con la normativa europea.
Se trata de la relativa al IPSI por hidrocarburos (algo más de 54.000 euros en el último ejercicio analizado); de la vinculada a que la tarifa del bonobús sea inferior al coste por viajero para que un aumento de su utilización en beneficio del viajero (en 2019 su uso quedó por debajo del 12% de los billetes) no sitúe en pérdidas la explotación de la concesión y la haga inviable; y de la que cubre la diferencia entre las tarifas especiales y la ordinaria