La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Ceuta, competente en materia de Menores, recurrirá al
SEPE para incorporar una decena de intérpretes y tirará de sus bolsas de
empleo para disponer de una docena de trabajadores sociales extra, según fuentes sindicales, con el fin de reforzar los recursos del Servicio de Protección a la Infancia e intentar acelerar la tramitación de los expedientes de repatriación de los niños migrantes marroquíes solos que debe incoar
la Delegación del Gobierno previa solicitud a Marruecos de informes individualizados sobre la familia de cada chico, paso que la institución de la Plaza de los Reyes no ha aclarado si ha dado ya o no a través de la Comisaría General de Extranjería de
la Policía Nacional. Fuentes de la Administración General del Estado han explicado que la Fiscalía de Ceuta ya ha recibido también medios extraordinarios con el mismo objetivo, concretamente un fiscal y un tramitador y gestor de refuerzo para agilizar la realización de las pruebas de determinación de edad que hasta ahora sólo se han realizado a unos 400 chavales. Entre las incógnitas por despejar sobre el incremento de personal prometido por Sánchez a Vivas está el número adicional de administrativos de los que se podrá disponer para la tramitación de expedientes que no deben alargarse más allá de 6 meses por caso.
Trescientos menores acogidos por la Ciudad menos que en junio
La Ciudad Autónoma mantiene acogidos actualmente en Piniers, el polideportivo Santa Amelia, el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza y otros equipamientos para chicas a un total de aproximadamente 550 menores marroquíes migrantes solos, casi todos llegados en mayo, ya que el número de tutelados con anterioridad ya no llega a la veintena, según han indicado fuentes del Ejecutivo local. Se trata de aproximadamente 300 menos de los que se encontraban en esos mismos centros a finales de junio, cuando su número se acercaba a los 900. Dado que entre el 13 y el 16 de agosto se produjo la expulsión de 61 (seis mayores de edad, según se comprobó al materializar su repatriación), la cifra de los que han optado por vivir en la calle para intentar evitar su expulsión supera los doscientos.