El Ministerio de Interior ha presentado un plan de acción para la lucha contra los delitos de odio en redes sociales. La cifra de delitos de odio registrada por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad a lo largo de 2017 ascendió a un total de 1.419 delitos e infracciones administrativas, lo que supone un aumento del casi 12 por ciento con respecto a 2016. El objetivo del plan es trabajar en la sensibilización de los distintos sectores de los distintos sectores de la sociedad civil, fomentando la colaboración activa con más ministerios y apostando por la difusión de acciones educativas que sirvan para conocer y prevenir estos delitos.
Para lograr estos objetivos se entiende como fundamental un conocimiento profundo de los delitos de odio y sus dinámicas de acción y propagación. Con este fin, el plan perfecciona los sistemas de recogida y tratamiento de datos estadísticos. Igualmente, otorga una especial relevancia a los estudios sobre esta tipología penal e instituye numerosos cauces de colaboración y participación tanto en investigaciones académicas como en foros internacionales especializados. Fruto de los primeros estudios, el plan incluye el desarrollo de procedimientos y herramientas digitales destinadas a contrarrestar los delitos y el discurso del odio en redes sociales.
Las enseñanzas obtenidas de estas tareas de investigación tendrán un lugar importante dentro de los contenidos curriculares específicos sobre protección de derechos humanos y atención a colectivos vulnerables que entrarán dentro de los planes de formación y de formación continua de Policía Nacional y Guardia Civil.
Según ha precisado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los delitos que más se han incrementado son los relaciones con las creencias religiosas (119%), por motivos de ideología (72%), y racistas y xenófobos(26%). El plan, que ha sido articulado por la secretaria de Estado de Seguridad y coordinado por la Oficina Nacional de delitos de odios, contó con la colaboración de distintas ONG especializadas en colectivos vulnerables o en situación de riesgo. Precisamente los representantes de estas entidades sociales llevaban años reclamando este plan, al igual que una Ley Integral sobre Delitos de Odio, una normal en la que el ministro se ha comprometido a "trabajar" para "darle cuerpo". Aunque Interior ya venía trabajando en ello desde 2015 cuando se incluyó en la reforma del código penal.
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