El Ministerio del Interior ha culminado un protocolo de actuación integral en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pretenden dar una respuesta a la permanente presión migratoria y a “los nuevos procedimientos que las organizaciones de tráfico de personas, que se sirven del drama de los inmigrantes, están utilizando para vulnerar estas dos fronteras terrestres”, explicó anoche el Ministerio en una nota oficial. Esta es la respuesta que se da a una semana de duras críticas por las últimas actuaciones llevadas a cabo en la valla de Melilla que, de una u otra manera, pueden terminar repercutiendo en Ceuta. El protocolo, que entrará en vigor una vez modificada la Ley de Extranjería, contempla “la singularidad”, dice Interior, “de las fronteras de ambas ciudades autónomas”.
Ambas, aclara, constituyen “un caso especial por cuanto, además de delimitar el territorio de soberanía nacional y el espacio Schengen, conforman la única frontera exterior terrestre de Europa Occidental, siendo, además, la única ubicada en el continente africano, por lo que es una de las más expuestas al tráfico ilícito de inmigrantes y drogas, así como al paso clandestino de terroristas”, avanza. Esta es la clave que lleva al Ministerio a concretar ese protocolo, excusa que le sirve para negar la mayor, es decir, que antes no se estuviera haciendo bien.
“Cada vez se producen con mayor frecuencia formas organizadas y coordinadas de intentos de asaltos masivos a la frontera, y una mayor sofisticación en los medios empleados para superar los obstáculos, con la aparición de instrumentos específicamente confeccionados a estos efectos. En no pocas ocasiones, a esta evolución de organización y medios para vulnerar las fronteras se une el empleo de formas y actitudes violentas hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de su custodia”, señala.
El protocolo se aplicará una vez se ha dotado de un “régimen jurídico especial a Ceuta y Melilla” con el fin de que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o de Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma violenta, flagrante o clandestina, sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
¿Y todo esto qué significa? De entrada, que se ratifica el papel de la Guardia Civil en torno a cuál es su misión principal: impedir la entrada ilegal de personas por puntos no habilitados. Para ello se mantendrán los sistemas de alerta sobre la zona marroquí que ya funcionan a través de las cámaras térmicas y el SIVE y se fomentará “una comunicación fluida con las autoridades policiales alauitas, con la finalidad de detectar, con la mayor antelación posible, la progresión masiva de inmigrantes con intención de asaltar el sistema perimetral de seguridad fronterizo”, detalla.
Esto ya se produce. Una vez que el salto se vaya a llevar a cabo, “en coordinación con las fuerzas de seguridad marroquíes”, se procurará “impedir la vulneración de los obstáculos establecidos en la zona fronteriza mediante una actuación policial presidida, en todo caso, por los principios básicos de actuación recogidos en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/86”, señala. Es decir, queda plasmado sobre un papel algo que es evidente, pero que sigue teniendo multitud de generalidades. Por ejemplo no se habla de la actuación en el mar, ni tampoco deja claro el modo de actuar cuando el inmigrante ha saltado la valla pero hay un cordón de guardias civiles delante. ¿Ha entrado o se considera que aún no?
“En aquellos casos en que la actitud violenta de los inmigrantes obligase a los agentes a utilizar medios antidisturbios, su actuación se desarrollará conforme a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, procurando en todo momento minimizar sus consecuencias lesivas”, aclara.
“De resultar necesaria una actuación compulsiva para hacer descender de la valla a los inmigrantes encaramados en la misma que no atiendan los requerimientos para hacerlo voluntariamente, se deberán adoptar las mayores medidas de seguridad posibles que traten de evitar posibles caídas tanto de los inmigrantes como de los propios agentes”.
Se deja claro en el protocolo que si se detecta un inmigrante herido, éste debe recibir la asistencia sanitaria y que solo se podrá hablar de entrada consumada en España cuando haya rebasado “completamente el sistema perimetral de seguridad”, aunque “excepcionalmente, también se entenderá consumada la entrada ilegal de aquellas personas que, habiendo resultado lesionadas en el intento de intrusión, precisen ser trasladadas a un centro médico”, puntualiza.
Francisco Márquez: “Es una medida oportuna y necesaria” El portavoz adjunto de Interior del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Ceuta, Francisco Márquez de la Rubia, afirmó ayer que la presentación de la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana y que modifica la ley de Extranjería de 2004 para asumir un régimen especial de control de fronteras en Ceuta y Melilla es “tremendamente oportuna y absolutamente necesaria”.
En declaraciones a los medios, Márquez señaló que la enmienda “viene a dar más seguridad jurídica a un procedimiento operativo que viene utilizándose en nuestras fronteras con Marruecos en Ceuta y en Melilla desde 2005, desde la instalación de las actuales vallas en los perímetros fronterizos”.
Recordó que se trata de algo que se venía reclamando desde nuestras ciudades autónomas, que es “dar más seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y muy concretamente a la Guardia Civil, que día a día se emplea en el ejercicio de sus funciones, en el cumplimiento de la ley y en el control de las fronteras”. Márquez destaca que hay que dar más seguridad ante una forma de “entrar ilegalmente de forma clandestina, flagrante y violenta tal, y como reza la enmienda”.
Y en contra: CEAR, CCOO o el PSOE hablan de ataque a los derechos La responsable del área jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, considera que la reforma de la Ley de Extranjería que ha propuesto el PP con una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera, entre otros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España es parte, porque legaliza las devoluciones colectivas y sumarias, expresamente prohibidas en ese texto internacional. Para CCOO el PP aspira a "someter Ceuta y Melilla" a "un estado de excepción de derechos” mientras que PSOE reclaman un plan integral de actuación.