Ceuta lleva un periodo de cinco años de baja actividad yihadista a juzgar por el limitado número de arrestos, a diferencia del periodo anterior a 2017. En los últimos ocho años ha representado el 5,36 por ciento de los detenidos.
Así consta en el Balance del terrorismo en España 2022, publicado en el número de julio de los Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en base a datos del Ministerio del Interior.
No obstante, según el informe consultado por El Faro de Ceuta, existen algunas detenciones más de presuntos yihadistas que no se contabilizan dentro de la cifra de 46 detenidos el año pasado como sospechosas de estar implicados en actividades relacionadas con el terrorismo. Una de ellas, un arresto realizado en la ciudad autónoma.
Se trata de detenciones que se llevan a cabo en virtud de órdenes judiciales de terceros países, pero que no responden a un trabajo de investigación propio de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esos son los casos, por ejemplo, de un ciudadano argelino detenido en Ceuta el 4 de enero en virtud de una reclamación de Interpol o el de un marroquí arrestado en Barcelona el 3 de febrero a petición de la Justicia de su país.
El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo señala como "novedad" que las islas Canarias aparezca entre la propaganda extremista que circuló durante el último año por los canales afines a los grupos terroristas de Estado Islámico (Daesh) y Al Qaeda, sumándose a las habituales referencias a Al Ándalus y a las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla o alusiones a cuerpos policiales como la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.
En el imaginario tanto de Al Qaeda como del Daesh, Al Ándalus es la tierra perdida hace siglos por los musulmanes que los yihadistas tienen el deber de conquistar, mientras que Ceuta y Melilla son ciudades "ocupadas por los cristianos españoles, equiparables a la situación de Palestina". Sus mensajes tienden a estimular a los radicales con estas menciones historicistas e idealizadas del pasado en España.
Hasta el propio Ayman al-Zawahiri, que perdió la vida en un ataque de Estados Unidos el 31 de julio del pasado año —cuando se encontraba en una vivienda de Kabul—, en una grabación de audio difundida en junio, había hablado de Ceuta y Melilla acusando a la ONU de haber legitimado la “ocupación por España de Ceuta y Melilla”.
El entonces líder de Al Qaeda ponía en cuestión el marco internacional dirigiendo sus críticas contra Naciones Unidas por considerar que había legitimado “la ocupación del Turquestán por parte de China, de Cachemira por parte de la India, de España sobre Ceuta y Melilla, Rusia en el Cáucaso y la invasión por los cruzados de Afganistán e Irak”.
Durante los últimos años, los países europeos han tenido reservas a la hora de repatriar de Siria a las mujeres que se desplazaron a este país para acompañar a sus parejas que se habían enrolado en grupos yihadistas.
Un total de 31 mujeres salieron de España para dirigirse a Siria, normalmente acompañadas de sus parejas. De esa cifra, 15 continuaban el pasado año en territorio sirio.
Una fémina de nacionalidad española, Lubna Mohamed Miludi, natural de Ceuta, madre de un hijo, no regresó; no se sabe si voluntariamente —tiene cuatro causas en la Audiencia Nacional— o de forma involuntaria.
Los tribunales españoles dictaron el pasado año 2022, al menos, 21 sentencias relacionadas con el terrorismo yihadista. En una de ellas, la Audiencia Nacional absuelve a cinco presos, tres de nacionalidad marroquí y dos españoles, naturales de Ceuta, condenados por delitos de terrorismo yihadista que habían sido acusados nuevamente de integrar un “frente de cárceles”.
Los acusados, Mohamed Achraf, Mohamed El Gharbi, Abdelah Abdesalam, Karim Abdesalam y Lahcen Zamzami, efectuaron entre 2015 y 2019, “cada uno por su cuenta, una intensa labor de emisión y recepción de cartas, muchas de ellas por circuitos no oficiales, alejados del control que ejercían las prisiones”, según la sentencia, que consideró que no se había probado que hubieran constituido una red para favorecer al Estado Islámico. Achraf fue puesto en libertad en el mes de septiembre.
A nivel nacional, las autoridades españolas expulsaron de España a tres imanes considerados un peligro para la seguridad nacional durante 2022, un año que dejó también casi una treintena de vetos a predicadores islamistas que querían realizar asistencia religiosa en las cárceles por su perfil radical.
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