Instituciones Penitenciarias tacha de “ilegal” las huelgas fijadas

La plataforma sindical que agrupa a todas las centrales con representación en los centros penitenciarios del país se reune hoy para ordenar las nuevas fechas programadas para las diferentes huelgas generales fijadas para el mes de noviembre.

Todo ello, después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tachase de ilegal los cambios de fechas ideados por la plataforma.

Tras las dos convocatorias celebradas los días 24 y 26 de octubre, la plataforma se reunió la semana pasada para buscar la forma de que las siguientes fechas, fijadas en un principio para los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre, se pudieran modificar para que coincidiesen con fines de semana y festivos para afectar a otras prestaciones diferentes de las habituales, como son las comunicaciones de los internos con sus familiares.

“Creemos que es el momento de mandar un mensaje claro y contundente a nuestros responsables para que desbloqueen la situación y para ello vamos a conjugar la presión en los centros con el traslado de nuestras reivindicaciones al centro de las ciudades”, anunciaron desde la plataforma, además de fijar las nuevas huelgas para los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre.

Sin embargo, este cambio de fechas ha sido considerado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como una “huelga ilegal”, tal y como denuncia el portavoz de UGT en Fuerte Mendizábal, Mohamed Haidor.

“Es todo un sentido, la declaran ilegal, y en cambio, nombran servicios mínimos para esos días”, agrega. Según explica el ugestista, la Administración plantea que es una huelga ilegal, al no haberse comunicado en un plazo previo de diez días.

Esperan que el auto llegue antes del día 10, fecha prevista para la primera huelga del mes

No obstante, las organizaciones sindicales reiteran que no es una nueva convocatoria, sino un cambio de fechas incluidas en las movilizaciones indefinidas dentro del sector de prisiones.

Por este motivo, la plataforma a nivel nacional ha recurrido a instancias judiciales esa declaración de ilegalidad que consideran “totalmente arbitraria”. Mientras esperan esta resolución judicial, las movilizaciones siguen en pie en las nuevas fechas fijadas, pese a la “amenaza” de la Secretaría de que quien participe de esta “supuesta nueva convocatoria de huelga” se atendrá a consecuencias que pueden derivarse al ámbito disciplinario y penal, aclaraban en una resolución emitida por Instituciones Penitenciarias.

Antes este giro inesperado por parte de la Administración de prisiones, lejos de “amedrentar” a los trabajadores, Haidor asegura que “está soliviantando más los ánimos”.

Por este motivo está convocada para hoy una reunión donde participarán los cinco sindicatos integrantes en la plataforma organizadora de las movilizaciones para dictar cuál es el camino a seguir después de la jugada aplicada por la Secretaría. En un principio, reitera Haidor, los trabajadores que se adhieran a la huelga lo harán con todas las consecuencias, con la tranquilidad de que “sólo los jueces pueden declarar una huelga ilegal”.

Desde la plataforma repiten que la Administración quiere interpretar el cambio de fechas como una nueva convocatoria, sujeta al plazo de aviso de 10 días naturales, mientras que los sindicatos defienden que es la misma huelga de seis días autorizada ya y registrada formalmente.

Después del aviso enviado por parte del secretario general de Instituciones Penitenciarias, la plataforma ha iniciado un procedimiento urgente de protección de los derechos fundamentales y esperan que el auto llegue ante del día 10 de noviembre -primera fecha programada de huelga-, para continuar con las movilizaciones o establecer otros días más adelante, teniendo en cuenta los días naturales para el preaviso.

Desde el punto de vista sindical, consideran que es una “pataleta” de la Administración derivada del numero de trabajadores que secundaron la huelga en las dos convocatorias anteriores. Pese a ello, mantendrán las acciones siguiendo los parámetros que dicte la ley.