La Inspección de Trabajo lleva cinco años poniendo reparos a la gestión que de la Colaboración Social hace la Ciudad Autónoma. Pese a que en 2013 solo se adscribieron a esa fórmula 120 contratos, ese año ya exigió acabar con las “concatenaciones de contratos laborales-trabajos de colaboración social en el mismo puesto funcional estructural de trabajo".
“Hay que evitar", reclamó la Inspección en un informe "de requerimiento y recomendación" de 19 páginas, “coberturas excesivas en el tiempo del mismo puesto de trabajo estructural por la misma persona que convierten a ésta en un cuasi funcionario que no es ni funcionario ni personal laboral, ya que pueden existir situaciones de fraude a la contratación laboral temporal”.
“Más grave” consideró que los programas de colaboración social permitiesen “concatenaciones de contratos laborales temporales” en el mismo puesto de trabajo que después, cuando estos finalizan, dan pie a que la misma persona ocupe el mismo puesto en colaboración social.
“Aceptar esta práctica es reconocer que dichos contratos no son en sí temporales, sino estructurales, y por tanto debería cubrirse con personal fijo o funcionarial”, alertó, ya que desde su punto de vista ni la crisis justificaba “cualquier uso de cualquier forma” de personal al margen de la normativa vigente.
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