Un total de 59 inquilinos de viviendas protegidas, en fase judicial por no pagar sus rentas

El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha explicado este martes en el Pleno a Vox que la recaudación de las rentas de los inquilinos de las promociones de Loma Colmenar no aparecen en el presupuesto de Emvicesa “porque las cobra Servicios Tributarios”. “Infórmese”, ha pedido a la ultraderecha el miembro del Ejecutivo local después de que Verdejo echase en falta esos ingresos en la sociedad municipal.

“Actualmente estamos en un 75% de cobro de alquileres públicos y el resto sigue el procedimiento habitual, que termina en procedimientos judiciales de embargo”, ha señalado Ramírez. En 2021 se han recaudado alrededor de medio millón de euros en las 317 VPO y cerca de 350.000 en las 170. “Un total de 59 arrendatarios están en fase judicial”, ha concretado.

Verdejo ha remarcado que las cuotas mensuales “son sociales y bajas, pero las hay que pagar, como las complementarias por servicios o gastos comunes”. El portavoz de Vox ha denunciado que la Ciudad no recauda ni 64.000 euros en alquileres de viviendas protegidas en situación de arrendamiento que proceden “exclusivamente de las promociones de Serrano Orive y el Monte Hacho”. “En Loma Colmenar no se cumplen las condiciones, se hacen obras ilegales a la vista de todo el mundo, pero Emvicesa parece incapaz de hacer inspecciones periódicas”, ha lamentado.

El portavoz del segundo grupo de la oposición ha aprovechado su interpelación para repasar el ‘caso Emvicesa’, actualmente pendiente de fecha de señalamiento de la vista oral para procesar a más de medio centenar de personas, entre ellos varios exdiputados y exconsejeros.

“En Ceuta se ha pagado mucho dinero por acceder a viviendas de protección oficial y luego hay quien entra bien en una casa para jóvenes con rentas escasas, pero deja de ser joven y de estar en esa situación económica y se convierte en una okupa, como la vicepresidenta Primera de la Mesa”, ha hilvanado con la situación de la socialista Cristina Pérez en Serrano Orive, a la que la Justicia ha dado la razón en su negativa a dejar el inmueble que se le adjudicó hace más de 10 años.

“Yo no soy nadie para juzgar a nadie”, ha evitado Ramírez pronunciarse sobre los casos de Antonio López, Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali, procesados por distintos presuntos delitos en el ‘caso Emvicesa’. En relación con el de la dirigente del PSOE, se ha limitado a recordar que las sentencias dictadas en primera como en segunda instancia han avalado su permanencia en la promoción.