Inquietud en los inquilinos de las casas portuarias por el cambio de presidente

Los habitantes de las casas portuarias tanto en la Junta de Obras del Puerto como en San Amaro están preocupadas tras el cambio de presidencia en el Puerto. Y es que las 63 casas destinadas a los trabajadores del puerto están inmersas aún en un proceso de enajenación que desde un principio ha dejado a los inquilinos en un estado permanente de incertidumbre por el procedimiento iniciado.

Sin embargo, en los últimos meses, tanto al representación legal de los trabajadores residentes en estas casas como el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, acordaron una serie de pasos que comenzaría con una segunda tasación de las viviendas, acordes a la situación real de los inmuebles y no sobre el plano en el que se ubican.

En su momento, la empresa tasadora, Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), valoró los inmuebles en una horquilla que iba de los 80.000 a los 100.000 euros, cantidades que los inquilinos advirtieron que no iban a poder asumir.

Por este motivo, se encargó una nueva tasación que tuviera en cuenta que algunas de estas viviendas tenían más de un siglo de antigüedad y que sufren desperfecto, así como que la idea es que los mismos trabajadores pudieran acceder a la compra en precios que fueran de un interés social y no valorados al alza.

No obstante, aún no se conocen los resultados de esa nueva tasación, pese a que el mismo abogado de los residentes, José Vázquez Ávila, le entregase un dossier con el estado real de las casas, para poder hacer una valoración conforme al estado actual.

Aún así, poco antes de marcharse, Rodríguez Valero les expresó que su sucesor se encargaría de este asunto, aunque no firmó de manera oficial todos los acuerdos a los que se habían llegado en las negociaciones. “No quería dejarlo atado”, detalla el abogado. Entre ellos estaba el compromiso de que si la tasación volvía a hacerse al alza, se bonificaría en un 50% el precio de las viviendas, para que los trabajadores que actualmente viven en ellas, tuvieran el acceso a comprarlas a un precio razonable.

También, para las personas de avanzada edad que no pudieran comprar, se determinó que podían seguir viviendo en ellas hasta su fallecimiento, quedando después a disposición del Puerto la propiedad. “Entendió la precaria situación de los vecinos”, apostilla el abogado.

El hecho de que no haya nada firmado sigue generando una preocupación entre los habitantes de ambas zonas, ya que desde la llegada de Juan Manuel Doncel a la presidencia del Puerto, han intentado mantener un encuentro para exponer la situación sin poder lograrlo. Van a seguir insistiendo en esa reunión, aunque los vecinos no descartan comenzar movilizaciones para agilizar el caso.