Las familias de cinco marroquíes dados por desaparecidos tras entrar en Ceuta durante la entrada masiva de mayo de 2021 siguen esperando justicia. La última llamada que recibieron de ellos fue en junio de ese año cuando les comunicaron que marcharían en breve a la Península ya que saldrían en una embarcación desde la playa de San Amaro.
Nunca llegaron a su destino. La UCRIF de la Policía Nacional siempre mantuvo que murieron en esa travesía clandestina cuya organización atribuye a 3 ceutíes sobre los que pende una instrucción judicial seguida por la comisión de supuestos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal y homicidio.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha dictado ahora un auto, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, en el que ordena que se continúe con la tramitación de estas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado dando traslado a las partes para que formulen recursos y a la Fiscalía para su escrito de acusación.
Judicialmente se considera que ya se han practicado todas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos así como la participación de las personas, dando conocimiento a las partes para que presenten sus oportunos escritos.
Se concluye que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de tráfico de inmigrantes, organización y homicidio, atribuyendo dichas acciones delictivas a los tres investigados en sus diferentes roles.
La investigación judicializada partió de una declaración prestada ante funcionarios de la UCRIF de Málaga por una persona después de la desaparición de cinco marroquíes que habían informado previamente de una salida que nunca tuvo meta.
Habían abonado 2.000 euros por el trayecto. Los llamados Khalid, Mohamed Said, Ibrahim, Hamza e Ibrahim subieron a una embarcación para nunca más se supo de ellos.
Según las investigaciones, esos jóvenes estuvieron ocultos en un sótano de un bloque de Loma Colmenar por cuya estancia abonaban 80 euros. Allí permanecieron hasta la salida a bordo de una embarcación que terminaría siendo pilotada por uno de los inmigrantes carente de nociones de navegación y sin que los ocupantes tuvieron medios de protección.
Es la táctica que emplean muchas organizaciones, encomendar los pases a los propios inmigrantes para evitar que miembros de la red sean detenidos in fraganti.
De acuerdo con el auto judicial notificado a las partes, se atribuye a cada uno de los investigados un papel distinto. Uno sería el jefe de la organización criminal, otro se encargaría de alquilar plazas en un garaje para esconder inmigrantes y un tercero los controlaría. Los considerados ‘clientes’ -es decir los inmigrantes- eran captados por la red para preparar su salida a la Península.
Las tarifas de la organización variaban entre los 70/80 euros por ocupar una plaza de garaje a los 2.500 por conseguir hueco en la patera. Desde esos garajes con dimensiones de unos 50 metros cuadrados donde se les escondía hasta la playa de donde debían salir eran transportados por taxistas. La organización ocultaba embarcaciones y motores para llevar a cabo los pases.
Hasta que se anunciaba la salida a la Península los inmigrantes estaban hacinados en unos habitáculos que no contaban ni con ventanas ni con sanitarios.
La red tenía una vivienda de seguridad, una casa grande con dos plantas y un sótano que era el que servía a modo de garaje para hacinar a los inmigrantes. El dinero que estos daban a la organización era entregado por familiares en Marruecos a través de terceros, encargados de hacer el cambio de divisas, el conocido como sistema hawala, por el que otros hacen los pagos en persona sirviendo de portadores.
La UCRIF reventó esta investigación con la entrada en varios domicilios a la vez para evitar posibles fugas, siendo la más relevante la practicada en la barriada de Loma Colmenar, sede de todas las operaciones de tráfico de personas.
Se contó con declaraciones de testigos protegidos que sirvieron así para ahondar no solo en el modus operandi de esta organización sino para arrojar luz sobre el paradero de unos desaparecidos sobre cuya ausencia habían alertado sus familias.
Lo habían denunciado a través de El Faro, ya que después de haber tenido conocimiento de que marcharían al otro lado del Estrecho ya jamás supieron de ellos. Se contactó con autoridades de Gibraltar por si pudieran haber desviado su ruta terminando en la Roca, pero esas gestiones fueron negativas.
La Policía cerró la operación con tres detenidos, los supuestos integrantes de la cúpula, pero considera que existían más personas que ejercían de colaboradores para mantener el negocio.
Cinco tetuaníes acceden a Ceuta tras la entrada masiva y aquí entablan una amistad. Terminan uniéndose para participar de un traslado clandestino a la Península para lo que contactan con una organización. En junio comunican a sus familias que van a marchar y ya nunca más contactan. Desaparecen.
La Policía inicia una investigación tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido, es así como empiezan a indagar sobre una presunta organización que se habría dedicado a captar a los inmigrantes que cruzaron en masa a Ceuta para después proceder a su traslado a la Península. Mientras tenía lugar el pase eran escondidos en habitáculos tercermundistas.
La UCRIF lleva a cabo un importante operativo que se salda con varios registros y detenidos, en concreto 3. Sobre ellos se cursa la investigación por presuntos delitos de tráfico de inmigrantes, homicidio y organización criminal. Además en los registros intervienen embarcaciones y motores que eran empleados para el pase a la Península. Fue así como descubren dónde podían estar escondidos los inmigrantes antes de proceder a su traslado mediante una red de taxistas a las zonas de salida de las pateras.
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