Los 13 inmigrantes que dormían en las dependencias policiales del Tarajal serán trasladados a varias pensiones

Los 13 inmigrantes que hasta este miércoles estaban alojados en las dependencias policiales del Tarajal serán trasladados en las próximas horas, según han confirmado desde el sindicato de Policía Nacional, Jupol, a este periódico. Por el momento, no se ha podido precisar la hora a la que se comenzaría su reubicación.

Tras publicarse la situación que estaban viviendo tanto los policías que prestan servicio en este lugar como los propios inmigrantes, durmiendo en literas en zonas de paso habituales para los policías, la Jefatura ha comunicado alrededor de las 16:00 horas que se procede con efecto inmediato al traslado de estas personas a diferentes pensiones de la ciudad, sin especificarse aún a cuáles serán realojados ni cuántos irán a cada una de las seleccionadas.

Se pone fin así a una situación de riesgo tanto para los agentes como para los inmigrantes, que estaban en cuarentena en estas dependencias y recibían la atención de personal de Cruz Roja. Aún se desconoce qué procedimiento adoptará la Jefatura una vez los 13 inmigrantes hayan sido trasladados a otros lugares de Ceuta.

Una posibilidad puede que sea la de la desinfección de la zona que ocupaban estas personas, siguiendo unos protocolos sanitarios con el fin de minimizar el riesgo al que están expuestos los agentes en pleno rebrote de coronavirus en todo el país.

Fundamentos jurídicos

Para el secretario provincial de asuntos jurídicos de JUPOL en Ceuta, Ramón del Campo, la situación que se daba en las dependencias del Tarajal suponía “un incumplimiento del artículo 17 de la Constitución Española sobre el Derecho a la Libertad, del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Instrucción 12/2007 de 14 de septiembre, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial”.