La crisis por la gestión de la inmigración que sacude a Europa planeará sobre la doble visita que el jueves realizarán a Rabat, los ministros españoles de Exteriores, Josep Borrell, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque sobre este asunto la única postura oficial en
Marruecos ha sido el silencio. La llegada de pateras a las costas españolas está creciendo exponencialmente desde hace dos años: en 2017 Salvamento Marítimo rescató a 18.937 personas, casi el triple que el año anterior; en lo que va de 2018 el ministerio del Interior ha contabilizado cerca de 13.700 inmigrantes llegados en pateras, de ellos 2.939 solo en diez días, entre el 15 y el 25 de junio. El gobierno de Marruecos ha guardado silencio sobre estas cifras, aun cuando las pateras salen desde sus costas, y una fuente oficial que pidió el anonimato dijo a Efe: "No tenemos nada que decir porque el gobierno español ya se ha pronunciado, y lo ha hecho bien". La fuente se refería a la explicación avanzada por fuentes diplomáticas españolas en el fin de semana más crítico hasta el momento, el del 15-17 de junio, cuando cerca de 1.500 inmigrantes llegaron a costas españolas aprovechando la mejoría del tiempo en el Estrecho y la fiesta del fin de ramadán, en la que supuestamente se relaja la vigilancia en las costas. Ninguna fuente cree, al menos oficialmente, que haya existido una negligencia intencionada en esa vigilancia costera que pueda ser leída como un "mensaje" enviado por Rabat al nuevo gobierno español, en un momento en que la política en Madrid parece orientarse hacia un tratamiento menos policial del problema migratorio. Sin embargo, hay un factor, que es el propio cambio de gobierno en España, que debe tenerse en cuenta, según comenta Yusef Ait Akdim, miembro del Grupo de Acompañamiento y Defensa de los Migrantes (GADEM): "Al gobierno de Marruecos no le gusta la improvisación, sino que quieren estar prevenidos" ante eventuales cambios en la política española, tanto en esta como en otras cuestiones.
Fin de las concertinas
Así debe leerse, en su opinión, la visita de los ministros españoles: una primera toma de contacto para que los marroquíes sondeen a los nuevos gobernantes sobre sus intenciones y escuchar sus explicaciones sobre el
fin de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla o la generalización de la atención médica para los inmigrantes residentes en España, sea cual sea su estatus. Con respecto a si esas primeras medidas anunciadas por el gobierno de Sánchez han gustado más o menos en Marruecos, Ait Akdim lo minimiza pero resalta que "también han sido leídas por las mafias del tráfico de inmigrantes, que han visto una incitación" a sus actividades delictivas. Varios analistas consultados coinciden por otra parte en señalar que la cuestión migratoria hay que interpretarla dentro de las relaciones bilaterales en general, junto a otros factores como el combate al yihadismo o el contencioso del Sahara, que para España puede ser un tema menor mientras que para Rabat es la "causa nacional" a la que se supeditan las demás. No hay que olvidar que el momento actual coincide, además, con dos procesos negociadores abiertos entre Marruecos y la Unión Europea -para renovar el acuerdo de pesca y el acuerdo agrícola-, y que Marruecos, en la defensa de sus intereses en esos dos ámbitos, cada vez hace valer más su papel de "gendarme" de las fronteras europeas, una expresión aborrecida por los europeos. Fue muy comentada en su momento la advertencia lanzada por el poderoso ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Ajanuch, -que además dirige un partido gubernamental y es amigo personal del rey-, cuando dijo en una entrevista con Efe: "¿Por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes y darles empleo (a los africanos establecidos en Marruecos)? ¿Para exportar adónde?. El problema de la emigración es muy costoso para Marruecos, y Europa debe apreciarlo en su justo valor", advirtió entonces. Marruecos ha emprendido en los últimos años un procesos de regularización de inmigrantes en su propio suelo que ha permitido dar residencia legal a unas 20.000 personas, y negocia actualmente otro proceso con cifras parecidas. Son volúmenes importantes para un país del tercer mundo, pero no comparables con la cifra de al menos 250.000 marroquíes residentes en España actualmente en situación irregular. Otro aspecto de la cuestión migratoria a la que Grande-Marlaska tendrá que hacer frente.