La disolución de las Cortes Generales con medio año de anticipación ha dejado en el Congreso y el Senado más de cien iniciativas ya calificadas o pendientes de ese trámite y vinculadas a Ceuta que han caducado como consecuencia del adelanto de las elecciones generales de finales de año al próximo 23 de julio.
El 70% de ese paquete se concentra en la Cámara baja, donde el Grupo Parlamentario Plural había solicitado la creación de una Comisión de Investigación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en la frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla y Vox, que la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia citase a comparecer a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos.
En el capítulo de Proposiciones No de Ley (PNL) que ya había iniciado su recorrido parlamentario por las Cortes y no han podido llegar a su fin están varias relativas al Calendario de Vacunación Infantil local, a las necesidades educativas de los alumnos con Trastorno del Espectro Autista en la ciudad, a la necesidad de clasificar como categoría 1.1 Insular a la prisión de Fuerte Mendizábal, al establecimiento de un operativo permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ceuta o a la incorporación de un representante de las ciudades autónomas a la Conferencia Sectorial de Educación, todas ellas registradas por Vox.
Los de Santiago Abascal, de cuyo grupo parlamentario formó parte la diputada nacional de la circunscripción local la pasada legislatura, Teresa López, también tenían activas otras PNL para apoyar la inclusión del Conjunto Monumental de las Murallas Reales en la Lista Indicativa Española; para “implantar nuevas estrategias en los colegios de Ceuta y Melilla, tanto en el ámbito formativo como psicopedagógico, para promover que las familias residentes de origen marroquí se vinculen al compromiso de la escuela”; para “dinamizar la actividad pesquera y manufacturera” local; y para “delimitar correctamente nuestras aguas de soberanía o jurisdicción, especialmente a efectos de pesca”.
Ciudadanos también había registrado una iniciativa con el propósito de “impulsar un Plan integral de actuaciones educativas específicas” en las dos ciudades autónomas y al PP se le han quedado sin poder llevar a su fin otras PNL para “instar al Gobierno a realizar a la mayor brevedad las obras de la nueva Comandancia de la Guardia Civil y de la nueva Jefatura de la Policía Nacional, así como al urgente refuerzo de personal y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en la ciudad” y con el objetivo de “la devolución del IVA de 2017 a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla”.
El Grupo Plural tampoco ha visto terminar su tramitación parlamentaria a una Proposición No de Ley “sobre los niños y niñas solos que están en Ceuta”.
En el apartado de solicitudes informes no evacuados figuran los pedidos sobre la flota de vehículos de los que dispone la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta, sobre la gestión de la covid-19, sobre el sistema maestro de pacientes con identificación biométrica del Ingesa, sobre la retirada de las concertinas de las vallas, sobre la crisis migratoria de 2021 o sobre los inmuebles que posee el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) en Ceuta.
Entre las comparecencias pedidas en el Congreso que no se han sustanciado están la del secretario de Estado de Seguridad para hablar de la presión migratoria infantojuvenil marroquí sobre Ceuta y la de la exministra de Asuntos Exteriores para informar de las relaciones con el país vecino antes del viraje español sobre el Sáhara que propició su reconducción.
Por la crisis vivida hace ahora más de dos años se reclamó el paso por la Cámara baja también de otros miembros del Ejecutivo central como los titulares de Interior, Defensa o Migraciones.
El PP había solicitado que la ministra para la Transición Ecológica acudiese a hablar del trasvase de petróleo entre buques chinos y rusos en aguas frente a Ceuta, pero tampoco se ha completado.
En la Cámara alta son más de 30 las iniciativas calificadas o no que han caducado como consecuencia de la disolución de las Cortes que tenían relación directa con la ciudad.
El PP tenía en trámite una moción para instar al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para erradicar la rabia en las ciudades autónomas y el senador David Muñoz Arbona, entre otras, preguntas sobre la restauración de los lienzos de murallas del Desnarigado, múltiples aspectos relacionados con el ámbito educativo o sobre las medidas incluidas por el Estado en el Plan Estratégico Integral para el desarrollo del área de comercio de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Al valenciano Carles Mulet también se han dejado sin contestación múltiples requerimientos de remisión de información relativa a las actas de acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Ciudad en los que se acuerda la retirada de símbolos que estarían incumpliendo la Ley de Memoria Democrática.
En el aire ha quedado una solicitud de comparecencia de la ministra de Transportes para informar sobre las propuestas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en relación con las bonificaciones para residentes extrapeninsulares.
Igualmente se reclamó sin que se materializase el paso del ministro de Inclusión por el Senado para hablar de la atención a los menores marroquíes no acompañados en la ciudad, de Grande-Marlaska para “informar sobre la operativa de repatriación” de inmigrantes llegados a Ceuta en la crisis de mayo o de la titular de Defensa para comentar discursos “franquistas”.
La disolución de las Cortes Generales pone fin por anticipado a este órgano representativo y conlleva que caduquen todas las iniciativas que están en trámite, excepto los decretos-leyes y los asuntos relacionados con las facultades del Congreso en estados de emergencia constitucional (previstos en el artículo 116 de la Constitución). La Diputación Permanente asume las funciones de la Cámara en ambos supuestos.
Por otro lado, la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular establece la no caducidad de este tipo de proposiciones en caso de disolución de las cámaras. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo contempla que “cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen”, este “podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas”.
Finalmente, en relación con las proposiciones de ley de asambleas autonómicas, se aplica la práctica de trasladar a la Cámara siguiente las proposiciones pendientes. No será necesario volverlas a presentar, pero se retrotraerán al momento de la calificación por la Mesa de la Cámara.
Sin embargo, las proposiciones que hayan sido tomadas en consideración recibirán el mismo tratamiento que el resto de proposiciones de ley.
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