El ingreso mínimo se aprobará el martes y comenzará a cobrarse en junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado, en la comparecencia que cada semana realiza para analizar la actualidad de la crisis del coronavirus, que el ingreso mínimo vital será aprobado por el Consejo de Ministros la próxima semana, concretamente el martes 26 de mayo, y comenzará a cobrarse en junio y beneficiará a cerca de 850.000 hogares.

Sánchez lo ha indicado durante una comparecencia en la Moncloa, en la que ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales el coste de esta nueva prestación que correrá a cargo de la Seguridad Social. Todos estos datos ya fueron avanzados hace unas semanas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El presidente del Gobierno ha recordado que prestaciones similares existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa. Asimismo, ha indicado que aproximadamente la mitad de los hogares que percibirán este ingreso cuentan con niños a cargo y ha lamentado que en España más de dos millones de niños sufren situaciones de pobreza.

Sánchez también ha indicado que podrá cobrarse desde junio, según vayan siendo aprobadas las solicitudes. Además ha explicado que la cuantía del ingreso dependerá del número de miembros de cada hogar, ya que se analizarán las rentas en conjunto de cada familia. Se fijará por tanto un mínimo por familia y el ingreso servirá para complementar la diferencia.

Sánchez ha señalado que el Gobierno no puede "mirar hacia otro lado" cuando hay "compatriotas haciendo colas para comer". Además, esta es una de las medidas 'estrella' que tanto PSOE como Podemos acordaron dentro del Gobierno de coalición que gobierna desde el mes de enero.

En su momento, el ministro Escrivá, que tuvo un desencuentro con Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, por cuándo y de que forma se llevaría a cabo este ingreso mínimo vital, detalló que, además de ser un compromiso del Gobierno, desde diferentes organismos internacionales se ha conminado a España a poner en marcha una red de protección permanente para corregir los problemas de desigualdad.