La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (Ingesa) desmintió ayer las aseveraciones de Caballas y el Sindicato Médico de Ceuta a propósito de la pérdida de facultativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario a partir de mañana sábado 1 de julio y que, aseguraron, dejará el Servicio desmantelado.
No obstante, Ingesa reconoció que “si bien es cierto que se han producido dos bajas para este sábado, el jefe de Urgencias está trabajando en su sustitución de forma que este sábado estarán cubiertas las Urgencias hospitalarias garantizando el servicio a los ceutíes con total normalidad”.
En un comunicado de prensa, la administración sanitaria señaló que “no es cierto, como afirma Caballas, que a partir del día 1, sólo haya dos médicos en Urgencias”.
“Más grave si cabe”, como las calificó la Dirección Territorial, fueron las afirmaciones del Sindicato Médicos de Ceuta, a través de su representante Abdelghani El Amrani-El Marini, “apuntando a que las Urgencias se van a quedar con dos médicos desde este sábado día 1 ya que siendo médico del Servicio de Emergencias del 061 debería saber que en Hospital Universitario los médicos que prestan servicio los sábados son seis y no ocho, como ha comentado”. Además, indicó Ingesa, “deberían dejar trabajar a la Dirección del Hospital y confiar en sus compañeros”.
Ingesa lamentó que organizaciones como el Sindicato Médico o colegios profesionales, “en lugar de reunirse con la Dirección de este Instituto para aportar ideas innovadoras dentro de la legalidad”, se pronunciasen en un sentido “crítico” hacia la sanidad pública ceutí creando una “alarma social innecesaria” con contenidos “exagerados” y que faltan “a la verdad” como que nuestra sanidad “está al borde de un precipicio”.
El origen de esta controversia está en la rueda de prensa concedida por el Sindicato Médico de ambas ciudades autónomas y los representantes de los órganos colegiales. Sus responsables expusieron que la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) de Ingesa será la “primera OPE en España que no fideliza a los trabajadores, sino que les echa”, y llamó a la Administración a “fidelizar” a los profesionales y a “paralizar” este proceso. “En Ceuta y Melilla estamos en un punto muy cerca del no retorno en el cual el Estado no podrá garantizar una sanidad de una calidad mínima”, advirtió el vicepresidente de esta organización en la ciudad hermana. La forma de frenar el éxodo son unos alicientes, no estrictamente económicos, sino también relativos a la formación o de facilidades al disfrute de los permisos sin impedimentos.
Desde la Dirección Territorial se hizo constar que la dificultad de encontrar médicos especialistas para la sanidad pública es algo que no sólo ocurre en Ceuta y Melilla sino en casi toda España, exceptuando “quizás las grandes capitales con grandes hospitales donde se concentra la mayoría de los facultativos por razones obvias y que no son las económicas sino las de poder desarrollar plenamente sus competencias profesionales”.
Para finalizar, Ingesa destacó, y más concretamente su director territorial en una nota de prensa sobre las últimas declaraciones que le atañen, que está “a disposición” de sus trabajadores a través de sus representantes sindicales o sus colegios profesionales “para tratar todas aquellas cuestiones que sean de su interés”.
“Con la OPE se dará estabilidad laboral a los que superen el concurso-oposición”
Ingesa aprovechó para insistir en que la Administración y, en concreto el Instituto en Ceuta, está “atendiendo” una reivindicación de su personal y de los sindicatos que los representan y, asimismo, está “cumpliendo con la normativa vigente convocando una Oferta Pública de Empleo (OPE) cuyo objetivo es cubrir las plazas vacantes (con lo que se ganarán profesionales porque algunas están sin ocupar) y se dará estabilidad laboral a los profesionales que superen el concurso-oposición”. Esta OPE debe ser precedida, como marca la norma, recordó Ingesa, por un concurso de movilidad voluntaria que es un “derecho de los funcionarios” y debe ofertarse a nivel nacional puesto que Ingesa depende directamente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, por lo tanto, “debe aplicar la normativa que rige a la Administración General del Estado y eso incluye todo el territorio nacional”.
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