Al
Ingesa y a la Consejería de
Sanidad, Consumo y Gobernación les ha correspondido durante esta etapa la dirección de la asistencia sanitaria y de salud pública, respectivamente, de acuerdo con las competencias que cada uno tiene marcadas. Por parte de los máximos responsables de ambos organismos se ha querido destacar, a lo largo de este tiempo, la perfecta coordinación que ha existido en el funcionamiento de las medidas que se han debido ir tomando en estos dos meses.
Comenzando por el Ingesa destacar que, a partir de la declaración del Estado de Alarma, se decide la suspensión de las consultas tanto en Atención Primaria y en Atención Especializada, al igual que la de todas las pruebas complementarias que debieran hacerse en el Hospital Universitario. De acuerdo con el Plan de Contingencia que se pone en marcha todo el esfuerzo se centra en la lucha contra la pandemia.
De esta manera, Atención Primaria se convierte en el mascarón de proa de la atención a los pacientes afectados por el
COVID-19 porque, aunque los primeros casos de contagios tardaron en dar la luz en nuestra ciudad, un gran tanto por ciento han sido atendidos en sus propios domicilios al ser la sintomatología leve.
En los distintos ambulatorios se establece que las consultas a los médicos de familia por parte de los distintos pacientes debería hacerse de manera telefónica y queda únicamente la atención presencial para los casos más urgentes. Incluso, quedan definidos dos itinerarios distintos para los pacientes con tuvieran problemas respiratorios y los que no lo tenían mientras esperan atención en el centro de salud respectivo.
El Ingesa tenía un plan de contingencia que había estudiado la respuesta sanitaria con una presión mucho mayor que la que ha existido en realidad donde, en todo momento, la UCI del Hospital Universitario nunca ha tenido una ocupación máxima disponiendo de 16 camas y con la posibilidad de que se hubiera ampliado hasta las 40 porque estaba previsto, en estos casos, la utilización de la zona de reanimación y de cirugía mayor ambulatoria. Por otro lado, la media de camas disponibles siempre ha rondado las 100 en el conjunto de las distintas plantas del Hospital Universitario.
Por otro lado, coordinado por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del Hospital Universitario, se estableció la creación de un equipo formado por facultativos voluntarios y residentes que comenzaron a realizar un seguimiento de todos los posibles afectados por el COVID-19 partiendo de las informaciones que se derivaban desde Atención Primaria.
Aunque al principio hubo determinadas quejas relacionadas con la falta de material de protección, en estos momentos, según se ha indicado desde el Ingesa, los almacenes del Hospital Universitario se encuentran completamente llenos de todo lo necesario para responder a las peticiones del personal sanitario a todos sus niveles.
En el caso de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, responsable de las competencias en materia de Salud Pública, el trabajo ha estado centrado en la publicación de numerosos decretos que regulaban distintos aspectos relacionados con la vida diaria de los ceutíes, siendo uno de los primeros la obligación de una cuarentena de 14 días para todos los ciudadanos que llegaban a Ceuta procedentes de la Península.
Hay que destacar en otro orden de cosas que han sido los responsables de la coordinación de la compra de material sanitario por valor de 350.000 euros, donde se incluía material de protección y test rápidos, un total de 10.000.
Desde los propios servicios de la Consejería se ha establecido un protocolo de atención a los sectores más vulnerables al COVID-19 y a los profesionales que han estado en primera línea para que fueran los primeros que se pudieran someter a estas pruebas y determinar de esta manera su situación.