Un informe técnico mantiene bloqueada desde principios de año la firma de un convenio entre la Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria para cambiar el régimen en virtud del cual se reparten la gestión de los bajos de La Marina, el Parque Urbano Juan Carlos I, que actualmente se rige por una concesión que obliga a la Ciudad a pagar cerca de 140.000 euros al año.
El Puerto, que vio no demasiado lógico este esquema de relación con la Administración autonómica, establecido hace casi cuatro ejercicios, apostó por cambiarlo hacia la fórmula de convenio, en la que la Ciudad asumiría unas obligaciones básicas como limpieza y mantenimiento general, quedando comprometida solo a un desembolso por concesiones lucrativas.
La modificación ha recibido todos los parabienes necesarios en la Administración General del Estado, quedando únicamente a expensas de la firma del presidente de la Ciudad, que todavía no se ha plasmado por un informe que atisba posibles duplicidades.
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