La Ciudad Autónoma ya tiene en su poder el informe jurídico externo que ve legalmente viable la posibilidad de romper el contrato de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos que entró en vigor hace casi seis años, en febrero de 2013, con Trace y que el Pleno acordó en otoño intentar finiquitar, a ser posible por las buenas, cuanto antes. Este dictamen despeja, al menos en principio, las dudas planteadas por otros expertos de la Administración sobre esta salida, que evitaría un litigio en los Tribunales entre la Ciudad y la concesionaria, que en octubre también pidió la resolución del contrato alegando incumplimientos de la otra parte. Al margen de ambos procedimientos, el abierto por el Acuerdo Plenario y el incoado a solicitud de la contratista, existe un requerimiento al Consejo de Estado que todavía no ha tenido contestación definitiva para dilucidar si, por su redacción y cláusulas, el contrato debería darse por disuelto este febrero al cumplir seis años y no poder prorrogarse hasta los diez que prevé (más una prórroga por otros tantos), la tesis que inicialmente abanderó Trace para liquidar la concesión. Si, como apunta la asesoría, el ‘divorcio’ de mutuo acuerdo es factible, para la Administración por falta de satisfacción con el servicio y para la empresa por no tener el rendimiento esperado, faltaría llegar a un pacto sobre las posibles cantidades a liquidar (hasta ahora se han presentado reclamaciones cruzadas de al menos cinco millones de euros) y cómo garantizar la prestación de las tareas de limpieza y recogida de residuos hasta que se complete la licitación y adjudicación de un nuevo concurso, trabajo que podría consumir la mitad de la próxima legislatura. Una posibilidad pasaría por exigir a Trace que, sobre los precios unitarios establecidos, preste durante ese periodo los servicios que le demande la Administración para mantener la ciudad en el mejor estado de revista posible. La Ciudad prevé en los Presupuestos aprobados pagar este año 17,5 millones de euros para sufragar la anualidad de este contrato.
Revisión de más de un año de detracciones
Los nuevos responsables técnicos del contrato de Trace, que se hicieron cargo cuando la Ciudad llevaba algo más de un año no pagando a la concesionaria sus certificaciones íntegras, algo que no se había hecho hasta junio de 2017, pidieron a finales de octubre una “interpretación jurídica” del contrato “en cuanto a la forma de detraer servicios” teniendo en cuenta que, además, en primavera el consejero firmó un nuevo protocolo de evaluación de la prestación.