Dicen los textos de Derecho político que "la política es el arte de hacer posible lo imposible"; pero debería definirse de otra forma, como el "arte de no decir la verdad, a sabiendas", que eso, en modo alguno me legitima para pensar que todos los políticos vayan a ser inveraces, porque no creo que lo sean, aunque algunos tanto parezcan serlo. Hubo un prestigioso político contemporáneo que, quizá por primera vez, se sinceró para decir públicamente una gran verdad, que "lo que se promete en política en períodos electorales es para no cumplirlo". Su asombrosa sinceridad me llevó aquella vez a votarle. Le llamaban el "Viejo Profesor", quizá por aquello que nos dejó escrito Séneca de que, "quien enseña, también aprende".
Pienso que, si existe la política, pues por pura lógica objetiva de razonamiento, necesariamente deben existir también los políticos y, además, me consta que todavía quedan algunos que son serios, responsables y honestos, aunque ya más bien vayan pareciendo una especie a extinguir. Hay algunos políticos con los que quienes somos del pueblo llano nos deberíamos conformar no solo con que ya no nos prometan más, sino con que no nos creen otros problemas ni empeoren los que ya tenemos, que creo que son demasiados; porque, a veces, se topa uno con políticos que, basta con que prometan una cosa, para más tener que creerse la contraria.
Hoy, aquel viejo principio de que la política debía perseguir siempre el "bien común", ser justa, veraz y favorecer a la comunidad en general, eso ya ha quedado obsoleto; ahora los políticos son más pragmáticos, llegan, arengan al pueblo con sus vehementes pláticas, prometen, ganan el escaño y desaparecen hasta dentro de otros cuatro años que vuelven a pedir, a prometer y a engañar.
Según información aparecida en los medios, Cataluña y el País Vasco, regiones independentistas, han pedido al Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que, como gracia especial, se le condone la deuda que tiene contraída con el Estado español que, por lo que respecta a Cataluña, debe, por un lado, a 71.306 millones, más los intereses, que suman otros 2.412 millones. Ambas regiones se llevan solas el 61 % del presupuesto a repartir entre todas las 17 Autonomías, amén del llamado "Cupo vasco" y del – llamémosle nosotros - pretendido "Concierto catalán", a pesar de que tanto nos quiera el poder central hacer ver que "nadie se va a quedar atrás", porque la tarta se distribuye conforme al principio de "igualdad constitucional".
A los independentistas, eso del bien común, los intereses generales de la Comunidad, España, la Nación y el Estado, les importa un bledo. Por eso no se cansan de decirnos que a ellos no les vale que a Cataluña y el País Vasco se les busque un encaje en España, porque lo único que quieren, "sí o sí", es romper la misma España y marcharse de ella para, con sus ilusas ensoñaciones de hacerse "ínsulas" independes, como la que Don Quijote prometió a Sancho, algún día ser libres, independientes y soberanos, es decir, tener su propio estatuto de estado, nación, derechos "diferenciales", balanzas fiscales, financiación especial separada de las demás Autonomías y, ya puestos a pedir, hasta el "sursum corda" litúrgico.
"Hoy, aquel viejo principio de que la política debía perseguir siempre el "bien común", ser justa, veraz y favorecer a la comunidad en general, eso ya ha quedado obsoleto"
Los separatistas no son capaces de ponerse de acuerdo para gobernarse en su casa y gobernarnos a todos los demás en la nuestra. Y, además, nos van a liar a todos, formando un "totum revolutum". Unos, que se jactan de ser de extrema derecha y con "Voz" fuerte aborrecen a la que ellos llaman la "derechita cobarde", pero que como en las últimas elecciones los primeros se quedaron tan menguados en votos, ahora se quieren aliar con los segundos; y otros que, presumen de izquierda radical, que con el propósito de "Sumar", ahora resulta que han "restado", para, igualmente, haber terminado ambas facciones como los del "rosario de la aurora", cada uno por su lado. Personalmente, pienso que en este país lo que más se necesita es una política moderada y sensata de centro, sin extremismos radicales.
Por si fuera poco, ahora se les ha ocurrido llevar al Parlamento nacional el asunto de las "lenguas", para dejar chica aquella antigua Torre de Babel y la confusión de lenguas del Diluvio Universal con el que se dice que la Divina Providencia les castigó haciendo llover copiosamente durante cuarenta días y cuarenta noches. Y detrás (o quizás delante), ahora ocurre que, cuando ya nadie daba ni un "chavo" por el mayor fugado del reino que, huido y descompuesto en el maletero de un coche se fugó hasta Waterloo, y ahora resulta que, de la noche a la mañana, cuela un gol como una casa a los "mandamás" del circo a cambio de investir dueño y señor omnipotente de la "investidura plurinacional", sólo porque los independentistas la piden como moneda de cambio de por sus votos para poder ser investido.
A mi juicio, tal amnistía, si llegara a aprobarse, tendría que hacerse mediante una Ley actualizada, no por simple Real Decreto, pero, además, estimo que la misma podría estar amenazada de inconstitucionalidad, si llegara a vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), que ya se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la amnistía como operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia (STC 63/1983), «pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa —en sentido amplio—. Y la aplicación de la amnistía supondría lo que se ha llamado por la misma doctrina «derogación retroactiva de normas», haciendo desaparecer por completo las restricciones que sufrió el derecho o libertad afectados, con todas sus secuelas, con lo que puede decirse que el derecho revive con carácter retroactivo".
En cualquier caso, una Ley de amnistía realizada específicamente para los que pudieron cometer delitos de sedición o malversación, o bien para aquellos que hayan sido condenados, a mi juicio respondería más bien a una medida de gracia caprichosa y sectaria, en tanto que la comisión del delito ha existido según han reconocido los Tribunales (causa del TS 20907/2017). Y, aquí, es muy clara la CE que en su artículo 62.i) prohíbe la concesión de medidas de gracia con carácter genérico.
Y, por ende, la utilización de la figura de la amnistía para enmascarar una verdadera medida de gracia, como mercadeo con delincuentes políticos de la catadura del mayor prófugo de la Justicia fugado en el maletero de un vehículo, a cambio de obtener ahora unos votos con los que obtener una investidura que le exima tener que ir a unas nuevas elecciones, podía llevar a romper el principio constitucional tipificado en el artículo 9.3 de la Constitución Española (CE), que prohíbe a los poderes públicos adoptar medidas arbitrarias y contrarias al ordenamiento jurídico. Hasta numerosos destacados miembros del partido gobernante se oponen abiertamente a la medida, según imágenes y declaraciones aparecidos en los medios.
La declarada independencia de Cataluña de 2017, sólo 48 segundos después de haberla proclamado, ellos mismos tuvieron que suspenderla en cuanto se dieron cuenta que no tenían ni una "pela" para pagar todo lo que se les venía encima de la noche a la mañana. Ellos querían romper España, a costa de España. ¿Tan ingenuos creen que somos los demás españoles, y tan "listillos" se creen ellos?.
Eso que quieren los separatistas hacer, políticamente, es una aberración extrema; pero, jurídicamente, es todo un disparate todavía mayor. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, la Asamblea General de la ONU hace referencia al derecho de autodeterminación, cuyo principio lo desarrollan las resoluciones 1514 (XVI) o 1541 (XVI), relativas al derecho de autodeterminación que en la década de 1960-70 sólo se aplicó a los "pueblos colonizados", precisamente para descolonizarlos. Es un principio fundamental del Derecho internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones "erga omnes" (efectos frente a todos) para los Estados. La ONU afirma que este derecho solo se puede aplicar a territorios sin autogobierno y que tengan motivos históricos muy graves, porque sufran radical discriminación que atente contra los llamados "derechos humanos", que nunca ha sido el caso de Cataluña ni el País Vasco, porque ellos siempre han sido unos privilegiados del Estado, que cada vez que abren la boca pidiendo le dan todo para tapársela.
Pero es que, Cataluña y el País Vasco, desde el punto de vista institucional, nunca antes pasaros de ser un mero condado y varios señoríos. Vaya por delante que Cataluña es muy estimada y valorada por mí, cuyas gentes me merecen todo el respeto y la mayor consideración, por ser una gran urbe, por su pujante industria y servicios, por ser su gente trabajadora, culta, emprendedora y abierta al mundo exterior; pero nada más han hecho que destaque de forma más sobresaliente. Y algo parecido habría que decir del País Vasco.
Pero ambas Comunidades no son capaces de gobernar su propia Autonomía y luego quieren gobernarse como estado independiente y soberano, cuando tal independentismo está más fracasado que nunca (sólo un 46 % de habitantes en Cataluña quieren ser independentistas, y el 54 % restante españolistas. El fraccionamiento del independentismo resulta elocuente en las múltiples corrientes separatistas, como: Moviment per la Indépendencia, ANC, Cosell por la República de Puigdemont, ERC, CUP, Ómnium, Junts pel Sí, CDC, Movimiento per la Llengua catalana. Y, si es el País Vasco, según el último informe elaborado por la Cátedra Unesco de Derechos humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, revela que el año 2022 se tuvo constancia de, al menos, 435 delitos de odio dirigidos contra algún colectivo, lo que supone cuatro veces más que los 105 del año 2019. Y Podemos y Sumar desgajados de Izquierda Unida, etc.
"A los independentistas, eso del bien común, los intereses generales de la Comunidad, España, la Nación y el Estado, les importa un bledo"
Vemos así, cómo la soñada independencia catalana y vasca no tiene una base fundamental sólida en que apoyarse que traiga causa de motivos mínimamente razonable, ni razonados, ni legales, ni legítimos, sino que más bien tienen su origen en una serie de ilusorias ensoñaciones inventadas por los propios independentistas. Cataluña nunca fue sujeto propio de derecho político, jamás pasó de ser un mero condado o señorío perteneciente al antiguo reino de Aragón, para que, ahora, les hayan brotado a borbotones tantas ansias secesionistas. Y lo peor es que ya van por el quinto intento golpista fallido.
Ahora, resulta que, entre unos y otros, se les ha ocurrido inventarse la "amnistía". En España continúa vigente la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, que fue aprobada bajo un contexto determinado tras iniciarse el periodo de la España democrática. La amnistía determina en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio a una persona. Por tanto, la amnistía es tan injusta y reprobable como que deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos.
A mi juicio, la amnistía que ahora de la noche a la mañana se pretende y se promete, sería totalmente ilegal e inconstitucional, pues haría dejar vacío de contenido la aplicación de un tipo penal claramente recogido en el Código Penal y existiendo sentencias firmes que así lo han puesto de manifiesto en el caso del separatismo en Cataluña para sujetos concretos. Igualmente entiendo que, caso de aplicarse, debería ser por el Poder Judicial y no operaría igual que el instituto del indulto que corresponde al poder ejecutivo su determinación.
De llevarse a cabo, igualmente considero que sería un claro ejemplo de fraude de Ley y contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es por todo ello que los políticos, en cualquier caso, deben entender que en un Estado de Derecho existe un Ordenamiento Jurídico que gracias al principio de seguridad jurídica hace decaer negociaciones de votos sobre cuestiones que no tienen su acomodación en el propio ordenamiento jurídico. Modestamente sugiero que este asunto de tanta transcendencia nacional, sea reconsiderado y se actúe con la mayor reflexión y la máxima prudencia que conduzcan a evitar semejante desafuero de consecuencias imprevisibles.