El consejero de Gobernación,
Jacob Hachuel, quiso zanjar la denuncia pública efectuada por CSIF sobre el destino de los 15 nuevos agentes de la
Policía Local. Este sindicato cuestionó el proceder de la Ciudad, al destinar la totalidad de los nuevos efectivos a la Unidad de Proximidad de Atención al Ciudadano, sin haber efectuado un concurso de vacantes y sin opción a elegir el servicio, según la nota final obtenida en la oposición. Hachuel fue certero al afirmar que las decisiones que se toman en la Policía Local “están ajustadas a derecho” y va más allá al advertirle al sindicato que “no es CSIF quien va a decidir qué policía va a determinado servicio”, sino que es decisión del superintendente de la Policía local, que a veces obedece a una decisión política y otras a la viabilidad, como ha ocurrido en este caso. “Los 15 han ido a la UPAC porque era la unidad que más necesitaba de recursos humanos”. Indicó que de haber salido a concurso el número de vacantes, el proceso se habría dilatado en el tiempo por todo los trámites que requiere y se prefirió asignar de una vez a los nuevos efectivos para cubrir la necesidad existente. “15 efectivos de la Policía Local se pueden distribuir de la forma que creamos, la Jefatura y el consejero de Gobernación, más necesaria y mejor para la ciudad”, apostilló. Recomendó a los sindicatos a que “no jueguen a ser políticos” y que se dediquen a defender los derechos de los trabajadores, “que además lo hacen muy bien”, pero que no intercedan en las cuestiones de organización interna.