Incidencia de la pandemia del COVID-19 en la Administración Pública Española

El capítulo que se reproduce a continuación forma parte del número 8 de la "Revista Transfretana titulada Estrategias para el futuro de Ceuta",  editada por el Instituto de Estudios Ceutíes y cuyos ejemplares están a disposición del público. Los artículos han sido escritos por especialistas en cada tema y en este caso se presenta el primero de los trabajos mencionados

La terrible pandemia ocasionada por el Covid-19 ha tenido y va a tener en el futuro un profundo impacto, tanto a nivel global como en cada nación, produciendo cambios en muchos aspectos fundamentales de la sociedad.

Por una parte, la pandemia ha dejado claro los efectos de la globalización, poniendo de manifiesto, como ya afirmaba Tom Peter en 1997, en su libro “El circulo de la innovación”, que “se han acabado las distancias y todos somos vecinos puerta con puerta”, ya que hemos visto que el virus se ha extendido, con enorme rapidez, por todo el planeta, poniendo de manifiesto la necesidad de que la lucha contra esta terrible enfermedad debe realizarse a nivel global, así como con una actuación responsable y solidaria a nivel individual para limitar la propagación del virus.

También hay que reconocer que la globalización ha tenido efectos positivos en la lucha contra el virus al permitir que, con la colaboración científica a nivel internacional, se hayan desarrollado, en un tiempo récord, las vacunas para inmunizar a la población, así como su producción y distribución.

Pero lo que es evidente es que hasta que no se logre la inmunidad a nivel global con la aplicación de las vacunas de forma masiva, la pandemia ocasionada por el virus Covid- 19 está suponiendo una tragedia para la humanidad tanto por el número de enfermos que necesitan hospitalización como por los fallecidos, y todos los países han tenido que tomar medidas para luchar contra la propagación del virus y evitar que sus sistemas sanitarios se colapsen por la demanda asistencial, así como para que, una vez que las vacunas están disponibles, colocarlas a toda la población lo antes posible.

Pero no sólo los sistemas sanitarios están afectados por esta terrible enfermedad, sino que el sistema productivo de cada país también se ha visto inmerso en una crisis que ha ocasionando tanto el cierre, temporal o definitivo, de empresas, con el consiguiente aumento del paro, así como por la necesidad de organizar el trabajo para evitar los contagios, potenciando en lo posible el teletrabajo, y modificando la relación con sus clientes y proveedores utilizando los medios informáticos y telemáticos para mantener su actividad.

Toda esta grave crisis económica y sanitaria ha requerido un esfuerzo de la Administración Pública en todos sus ámbitos, desde los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, que han tenido que gestionar los confinamientos a los que se ha sometido la población para evitar los contagios, como el sistema educativo en todos sus niveles, los servicios de protección de los desempleados, los sistemas de ayuda a las empresas, de asistencia social, de información al ciudadano, etc, etc, etc, y, por supuesto, los sistemas sanitarios.

En todos los países las estructuras administrativas han tenido que hacer un esfuer- zo para gestionar las medidas que se han puesto en marcha para afrontar esta terrible pandemia, poniendo de manifiesto que cuando más eficaz es la Administración Pública, mejor se han podido implementar las medidas para paliar los efectos del virus.

En España, en la lucha contra la pandemia ocasionada por el Covid- 19 da la im- presión de que la intervención del Gobierno de la nación ha sido y sigue siendo mínima, dejando la toma de decisiones sobre las medidas a tomar, tanto en el ámbito económico como sanitario, en manos de las comunidades autónomas.

Esta situación ha llevado a un desconcierto en la población debido a que, por ejemplo, la información estadística de los afectados por el Covid-19, tanto si han pasado la enfermedad en casa, como si han requerido su ingreso en el hospital o en las UCIS, se suministra de forma poco sistemática ya que todas las comunidades no dan los datos el mismo día y con rectificaciones frecuentes en las sucesivas actualizaciones. También, los toques de queda y los cierres perimetrales o las medidas a tomar con relación a la hostelería o la reuniones dentro y fuera del ámbito familiar, han variado de una comunidad a otra y en algunas ocasiones, por recursos interpuestos entre las comunidades y el Gobierno, han sido los tribunales los que han tenido que resolver la cuestión, y lo que quizá sea más importante y tenga a la población en alarma constante, es que el proceso de vacunación de la población en cada comunidad se hace de forma y a ritmo diferente en función de la edad o la profesión.

Si a esta situación se añade el hecho de que, en plena pandemia, en lugar de gobiernos de concentración y cooperación para luchar contra la enfermedad, la lucha partidista parece no cesar y se presenten mociones de censura en algunas comunidades autónomas; el ministro de sanidad, en teoría máximo responsable de la lucha contra el Covid-19, deje su puesto para ir de candidato en las elecciones catalanas, que, además, una vez celebradas en febrero, pasan los meses y siguen sin formar gobierno, o que un vicepre- sidente del Gobierno de la nación dimita para presentarse a las elecciones convocadas anticipadamente en la comunidad de Madrid por su presidenta, da la impresión de que la clase política actúa por puros criterios electorales y no por la necesidad imperiosa de luchar conjuntamente contra esta terrible enfermedad, con lo que parece que en lugar de un Estado descentralizado, España se ha convertido en un Estado “desparramado”.

Pero si ya es importante tener una Administración Pública eficaz en cualquier país, en una situación como la española y con una pandemia como la que estamos sufriendo, resulta prioritario que la Administración funcione al margen de los avatares políticos y que permita implementar rápidamente las medidas sanitarias, económicas y de asistencia social que requieren los ciudadanos.

Además, las características de la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto, de forma muy evidente, que la Administración Pública española debe profundizar en la e-Administración, y, de hecho, algunos de los elementos claves de esta nueva administración ya se han tenido que implementar rápidamente.

¿Cuáles son los cambios fundamentales que en la Administración Pública va resultar inevitable afrontar y que la lucha contra la pandemia ha puesto de manifiesto?

Parece evidente que van a ser muchos y muy importantes, pero podría destacarse, en primer lugar, el teletrabajo. De hecho ya se ha implementado esta forma de trabajar no sólo en la Administración Pública, sino también en todas las empresas cuyas condiciones laborales se lo han permitido.

El teletrabajo es una realidad que ha llegado para quedarse y no sólo con los sistemas de comunicación actuales, sino que posiblemente aumentará con la implantación de la tec- nología 5G, que permite navegar hasta 100 veces más rápido que ahora y reduce la latencia a menos de una milésima de segundo, o la tecnología 6G que ya está a las puertas.

Como consecuencia de prevenir los contagios de virus, el teletrabajo ya es una realidad en la Administración Pública y, en el futuro próximo, será inevitable que crezca, con lo que tendrán que diseñarse nuevas formas de realizar la actividad administrativa y, posiblemente, pasara a la historia la ocupación de los grandes edificios administrativos actuales con el consiguiente ahorro de costes.

La implementación del teletrabajo a consecuencia de la pandemia ha producido también un cambio profundo de la forma de relacionarse la Administración con los ciudadanos. Hemos visto como las citaciones para la vacunación se han realizado a través de SMS, y ha sido, también, por medio de los correos electrónicos o a través de las Web oficiales como se les ha trasmitido la información a los ciudadanos en una situación en la que hacerlo de forma presencial se hacía inviable, como ha sido, por ejemplo, en los confinamientos de la población, en los que, incluso la visita al médico se ha realizado por videoconferencia y la utilización de la receta electrónica se ha generalizado.

Pero quizá, en una situación como la española en donde la descentralización parece caminar hacia el “desparrame”, la interconexión de los sistemas informáticos se ha convertido en una necesidad imperiosa si se quiere alcanzar un mínimo de eficacia en las actuaciones en las administraciones públicas.

La pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la interrelación que existe en un mundo globalizado, donde la necesidad de la cooperación, tanto a nivel económico como sanitario, se ha hecho imprescindible. Pero si esto es evidente a nivel global y, por supuesto, de la Unión Europea, donde, por ejemplo, la compra de las vacunas, su aprobación y distribución se ha realizado a nivel comunitario, en el ámbito nacional la cooperación es un requisito imprescindible y la compatibilidad e interconexión de los sistemas informáticos es absolutamente necesaria para que las administraciones públicas funcionen.

No se puede permitir que se implante un sistema en el que cada comunidad autónoma y la Administración Central, sea una “isla” desde el punto de vista informático. La interconexión de bases de datos y la compatibilidad de sus sistemas de información y gestión debe de ser una realidad para que las Administraciones Públicas, central, autonómica y local, se presente ante los ciudadanos como un todo y no les suponga, para la realización de cualquier trámite administrativo, un peregrinar de isla en isla.

Pero la implementación de la e-Administración lleva aparejado el ineludible problema de garantizar la seguridad de los sistemas informático en las Administraciones Públicas.

Todos los días son miles los ataques maliciosos que se efectúan a los sistemas informáticos de los ministerios, consejerías de las comunidades autónomas y administraciones locales. El reciente caso del ciberataque al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que afectó a todas sus oficinas en el territorio nacional y obligo a suspender su actividad, es un ejemplo de lo que puede suponer no invertir en ciberseguridad en la e-Administración.

La terrible pandemia que ha ocasionado el virus Covid-19 está produciendo cambios muy importantes en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, que deberá profundizar en la e-Administración en multitud de aspectos, teniendo que hacer un esfuerzo para garantizar un actuación eficaz garantizando al ciudadano algunos principios fundamentales, como son:

-La no discriminación

La implantación de la e-Administración no bebe suponer una discriminación negativa para aquellos ciudadanos que, por las circunstancias que sean, no tienen acceso a la e-Administración. Por lo que debe también garantizarse la posibilidad de que los ciudadanos se relacionen con la Administración por los procedimientos tradicionales.

-La transparencia

Los ciudadanos que se relacionen con la e-Administración deben de tener acceso, por medios telemáticos, al conocimiento del estado de los procedi- mientos en los que sean partícipes.

-La privacidad

Los ciudadanos que se relacionen con la e-Administración deben tener garantizado que los datos que aporten a la Administración son destinados, única y exclusivamente, para los fines para los que han sido remitidos y sólo podrán utilizarse para otros fines con su consentimiento y en función de lo establecido en las leyes.

-La responsabilidad de la Administración

Las autoridades administrativas deberán responder de los actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que si dichos actos fueran realizados por los medios tradicionales.

-La neutralidad tecnológica

La tecnología de la información y las comunicaciones no es única y, por otra parte, estas tecnologías están sometidas a un proceso de innovación perma- nente y extraordinariamente rápido, por lo que la e-Administración debe de garantizar la neutralidad tecnológica, de forma que se permita el acceso a la e-Administración cualquiera que sea la tecnología que se utilice.

- La interoperabilidad

La Administración Pública en cualquier país ya no puede funcionar aislada del resto del mundo y, por otra parte, en España existen la Administración central, la autonómica, la local y la judicial. Además estamos integrados en la Unión Europea, y debe de garantizarse la interoperabilidad de las distintas e-Administraciones.

Si ya era evidente que la e-Administración debía implantarse en las Administra- ciones Públicas para garantizar su eficacia y dar una adecuada respuesta a las demandas de una sociedad cada día más interconectada, la terrible pandemia ocasionada por el Covid-19 lo que ha puesto de manifiesto es que es necesario acelerar este proceso lo máximo posible.