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¿Hasta dónde puede llegar la legalidad?

Mientras militares, policías  y políticos -cada uno por su lado- buscan la forma de dar soluciones a la ocupación hecha por un grupo de inmigrantes de los montes del Jaral y se pierden, de hecho, en esa búsqueda, el CETI ve cómo, cada día, gana terreno el asentamiento que se ha levantado justo a su lado. Un asentamiento hecho por un grupo concreto de inmigrantes que han terminado por comer terreno al monte, modificar lo establecido por la Madre Naturaleza y dar forma a un campamento en el que sobran las actividades ilícitas y falta el orden que se establece justo al lado, en el centro oficial.
La Delegación del Gobierno insiste en que no puede actuar en la zona ni forzar a la Policía Nacional a que lo haga ya que, argumenta, se trata de una ocupación de dominio público -en este caso de monte militar- y para amparar esa acción debe intervenir la justicia. Dice la administración central que se está cumpliendo estrictamente con la legalidad. Pero ¿hasta dónde llega dicha legalidad? Lo cierto es que mientras todos los que tienen voz en este asunto marean la perdiz y dejan pasar los meses haciendo gala de una inactividad peligrosa, este asentamiento se está convirtiendo en un auténtico problema para la convivencia que intenta implantarse en el CETI. ¿Por qué? Sencillamente por el modus vivendi implantado por el grupo asentado en estas chabolas hechas a base de maderas, plásticos y enormes troncos que han sido derribados para colocarlos a modo de barricada. De producirse algún accidente dentro de este asentamiento, resultaría ciertamente complicado que los servicios de emergencia accedieran ya que los inmigrantes han colocado grandes maderas a modo de defensa.
¿Y qué se hace dentro de ese asentamiento?  Todo tipo de actividades ilícitas. Las mujeres que allí se encuentran están totalmente esclavizadas y se sospecha que son utilizadas para la prostitución. Algunos jóvenes, que prácticamente son menores aunque las pruebas oseométricas digan lo contrario, también frecuentan la zona, tal y como ha comprobado este medio, y se corre el riesgo de que sean explotados por los adultos. Las latas de cerveza discurren con absoluta normalidad y no es extraño toparse con subsaharianos que, con la bebida en sus manos, acceden por la cuesta de acceso que han efectuado para llegar a este asentamiento. A esto se añade la basura, o mejor dicho, la montaña de basura que ya se ha acumulado en la ladera del Jaral, al lado del asentamiento dando lugar a un pequeño vertedero. Todo este cúmulo de hechos, atentatorios contra las ordenanzas establecidas, obtiene como respuesta una inactividad absoluta de quienes tienen por obligación evitar la comisión de delitos o los atentados contra el monte.
La problemática engorda más cuando los inmigrantes que pasan el día en este asentamiento pretenden regresar al CETI en estado de embriaguez. Entonces es el propio centro el que sufre las consecuencias, de hecho se ha visto obligado a advertir con cartelería que se impedirá el acceso a aquellos inmigrantes que hayan bebido.
La colocación de dichos avisos tiene un fundamento: no es la primera vez que residentes intentan acceder al centro para dormir o cenar después de haber pasado el día en este asentamiento y en circunstancias que pueden alterar el orden que pretende aplicarse en el Jaral. El altercado del pasado septiembre, en el que resultaron heridos algunos vigilantes e inmigrantes, tuvo que ver bastante con estos hechos. Además hay algunos residentes que han pretendido adentrarse en el CETI borrachos lo que ha terminado desencadenando problemas. Sin ir más lejos, el pasado miércoles noche, la playa Benítez era escenario de una pelea de subsaharianos que acostumbran a habitar estos asentamientos. Una escena que los propios usuarios de la playa consideran habitual y que termina dañando la imagen del trabajo que se hace en el centro. Estadísticamente de los casi 800 residentes que habitan el CETI, no más de ochenta se encuadra en el grupo de los llamados díscolos o problemáticos.
Curiosamente tanto la Benemérita como la propia Policía tienen realizados sus informes fotográficos sobre lo que está ocurriendo en este asentamiento cada vez mayor, pero no se actúa al respecto ni tan siquiera se hace cumplir las ordenanzas que sí acata cualquier otro ciudadano.

Fondos militares para la limpieza

La SUISEGUR está actuando ya en los chamizos situados cerca de las instalaciones militares del Jaral. Fuentes de la sección han indicado a este medio que existe un fondo económico con el que se ha pagado a una empresa civil para que se encargue de limpiar las parcelas del Jaral retirando las pequeñas cabañas detectadas cerca de los militares. Se actuará hasta que se terminen dichos fondos. Donde no se ha actuado es en el asentamiento cercano al CETI, que es el más problemático y en donde se está concentrando este cúmulo de ilegalidades. La propia dirección del campamento ha informado de su existencia tras los artículos periodísticos publicados e incluso el servicio de Bomberos ha advertido de la peligrosidad en esta zona.

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