Tras las estadísticas que maneja la Inspección de Trabajo nace otro debate: ¿hasta dónde debe llegar la labor de la Inspección de Trabajo? En la hemeroteca judicial más reciente aparecen dos sentencias, ambas absolutorias, referentes a casos en los que ha fallecido una persona que estaba realizando labores sin contrato alguno. La sentencia más clara ha sido la dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, a través de su Sección VI, en la que recalca la imposibilidad de condenar a los dos acusados por el fallecimiento de un marroquí mientras arreglaba el techo de una nave en el puerto. Ambos estaban imputados como responsables de una falta de homicidio por imprudencia de la que quedaron absueltos, cuestionándose el hecho de que se intentara buscar una solución penal a un accidente que debiera haberse saldado, primero, con una sanción elevada por parte de la Inspección, y, segundo, con una labor preventiva para, precisamente, evitar este tipo de accidentes.
La judicatura se ‘lava’ las manos lanzando la pelota en el tejado de un órgano, el de la Inspección, al que se le exige controles más exhaustivos para evitar que sigan produciéndose contrataciones irregulares que terminen en accidentes. Es como poner el dedo en el aguijón: la Inspección aprieta las tuercas, pero incongruentemente siguen entrando cientos de trabajadores ilegales por la frontera para situarse, en algunos casos, en la famosa ‘cola del paro’ de Hadú, a la vista de las distintas fuerzas de seguridad. Si luego una de estas personas sufre un accidente grave, o incluso mortal, ¿cabe una actuación penal firme contra quienes han requerido sus servicios, incluso de manera momentánea, hasta el punto de condenarlos como homicidas? Esta fue la clave que quiso tocar la Audiencia en su reciente fallo, publicado por ‘El Faro’ el pasado 24 de junio. En su dictamen, la propia Audiencia señala que “de seguirse la línea de condenar por falta por imprudencia a personas que se ven en la misma situación en la que se vieron estos acusados”, indica, en referencia a los imputados por el fallecimiento de un marroquí en el puerto, “habría que responsabilizar penalmente a todos los particulares que en su propiedad privada contratan a un profesional libre para realizar algún trabajo de reparación o mantenimiento”. “Ninguno de los acusados tenía el deber de garantizar la seguridad de la víctima, que actuaba por su propia cuenta y riesgo, lo que llevó a efecto subiéndose al lugar desde donde cayó, con absoluta carencia de medidas de seguridad”, añade.
Delegación pone por delante los datos que se han logrado hasta la fecha, mientras que la justicia marca ya, con dos sentencias firmes, cuál es su postura ante accidentes laborales que salpiquen a la economía sumergida local. Entre unos y otros queda en medio un área sobre la que se pretende una labor más concienzuda para evitar una realidad que forma parte de la idiosincrasia local.
Mensaje a Caballas y a quien no es Caballas
La Delegación ha trasladado un mensaje de colaboración en la lucha contra el empleo clandestino. Lo hace público justo después de que Caballas anunciara que en el pleno del próximo 24 de septiembre va a solicitar la creación de un pacto para luchar contra este tipo de fraudes. No es que la administración central replique a la coalición pero sí que, sin mentar a nadie de forma específica, destaca todo lo que ha hecho y lanza el guante para que todos se sumen en el mismo sendero. Dirigiéndose a organismos, entidades, asociaciones, ciudadanos y formaciones políticas, la Delegación recalca que entre sus competencias está luchar contra el fraude y reitera que “las puertas de la sede que representa a la Administración General del Estado se encuentran abiertas para todos ellos, especialmente para quienes comparten la preocupación en esta lucha contra la economía irregular en toda su extensión”, sentencia. ¿Una alusión a Caballas, que dijo tener constancia de que cada vez es mayor el empleo sumergido? Sin citarlos eso parece, así como un aviso a navegantes enviado a la propia Ciudad para que, en el próximo pleno, sepa de la labor que se está haciendo en la ‘casa hermana’. “La Delegación del Gobierno, que ha activado desde el pasado mes de enero los mecanismos previstos en la Ley, con unos resultados evidentes, insta, no obstante a la colaboración de instituciones, formaciones políticas y ciudadanos en general a denunciar ante los exclusivos órganos estatales competentes”, aclara.