El acceso a la Justicia es un derecho amparado tanto por la Constitución Española, que le dedica su artículo 24, como por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, recogido concretamente en su artículo 13. El acceso a la Justicia es primordial para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Los procesos de incapacitación y otras situaciones como la comisión de delitos o el acceso a trámites policiales y administrativos derivan en múltiples situaciones de discriminación hacia estos ciudadanos. Por ello, desde Plena inclusión se trata de contribuir a un acceso igualitario en el ámbito de la Justicia.
Al comienzo de este mes de enero, la confederación de 935 entidades que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, autismo y parálisis cerebral y sus familias, saludaba la constitución del nuevo Gobierno central adelantándole 16 propuestas para garantizar la igualdad y los derechos. Una de estas reivindicaciones es la igualdad en el acceso a la Justicia.
A través de esta propuesta, reivindica el reconocimiento legal de los ajustes de procedimiento y de la figura del intermediario o persona facilitadora en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como elementos esenciales del derecho a un juicio justo. También propone el establecimiento de protocolos de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en situaciones en las que se vea implicada una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, y solicita un compromiso de realización de acciones de formación y sensibilización a los diferentes efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para el movimiento asociativo también es importante la adaptación de la actuación de las Oficinas de Atención a Víctimas a las necesidades de las víctimas con discapacidad intelectual, así como el desarrollo de materiales accesibles cognitivamente e instrumentos específicamente adaptados a las necesidades de apoyo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, por ejemplo, relacionados con el proceso de denuncia, información web, cuestionarios, encuestas, etc.
En este paquete de propuestas también se solicita la puesta en marcha de mecanismos de denuncias sobre discriminación, más accesibles y adecuados, especialmente en el caso de mujeres y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Por último, propone el desarrollo de políticas de cumplimiento penitenciario que fomenten la utilización de medidas alternativas al ingreso en prisión de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tengan que cumplir una pena y/o medidas privativas de libertad, acompañado de la provisión de los recursos y apoyos necesarios para un buen cumplimiento.
Plena inclusión Ceuta también está comprometida con esta labor de contribuir a un acceso igualitario en el ámbito de la Justicia. De hecho, desarrolla un programa de acceso a la Justicia, en el que participa en red con la Confederación y otras federaciones. Los objetivos de este programa son formar a operadores jurídicos y a personas con discapacidad para prevenir el abuso y la discriminación; sensibilizar a nivel nacional para promover la denuncia de discriminaciones o delitos contra personas con discapacidad intelectual y sus familiares; promover la consolidación, a nivel nacional, de la figura del facilitador; apoyar, asesorar y atender a personas con discapacidad intelectual durante el proceso de denuncia; e incidir en el entorno legislativo y político y generar alianzas con otras organizaciones del sector.
Todas estas acciones están orientadas a contribuir a un acceso igualitario en el ámbito de la Justicia, algo que como ya se ha indicado, es un derecho, que permitiría seguir avanzando para conseguir una sociedad más justa e inclusiva, en la que todos seamos ciudadanos de pleno derecho.