Los Independientes de la Guardia Civil (IGC) organización profesional de los guardias civiles, ha puesto en conocimiento del director general del Instituto Armado la Orden de Servicio número 1/2019 del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, de fecha 24 de enero de 2019, sobre infracciones cometidas fuera del establecimiento penitenciario. Esta orden considera que el ámbito espacial del régimen disciplinario, que castigan conductas acaecidas fuera del establecimiento penitenciario -traslados, calabozos, unidades de custodia hospitalaria, juzgados-, "quedan fuera del régimen de imposición de sanciones disciplinarias a los reclusos", la cual se fundamenta en "numerosos autos de jueces de vigilancia penitenciaria, según manifiesta.
Traslados de Ceuta a la Península y viceversa
Es por eso que la asociación IGC se ha dirigido al director general de la Guardia Civil porque los agentes tienen encomendada por ley la función del traslado interurbano de presos en toda España, como ocurre de Ceuta a la Península y viceversa, y han surgido "dudas y preocupaciones" ante la comisión por parte de los reclusos de hechos antes denunciados y sancionados por vía del centro penitenciario, "que ahora no pueden someterse al juicio de las autoridades de ese orden, ni a su potestad punitiva, por quedar fuera de su ámbito espacial potestativo, o de los fines que con esas medidas disciplinarias se persiguen". IGC considera que no sería razonable "dejar de perseguir, y sancionar de alguna manera, hechos que atentaran contra el guardia civil en cumplimiento de un deber en acto de servicio, aun cuando éstos no alcanzaran el grado de delito de acuerdo con el principio penal de intervención mínima". Por esto IGC ha pedido al director general que encargue un informe jurídico al departamento correspondiente y disponga u ordene lo necesario, dando las instrucciones que fueran precisas, para que los guardias civiles en caso de ser víctimas, por acciones de los presos en sus traslados, y en el tiempo de su custodia, de alguna infracción administrativa o penal, conozcan las formas de denunciarlo, y a las autoridades que deben dirigir su denuncia.
Evitar la sensación de "posible impunidad"
La intención de esta organización profesional IGC no es que pretenda que los reclusos reciban "más castigos" de los que ya están cumpliendo, sino que en caso de que algún recluso atente contra la "dignidad o integridad física o moral" de los guardias civiles en los traslados, tenga un "reproche disciplinario o una respuesta sancionadora" que evite que, ante la "posible impunidad", se produzcan mayores situaciones de este tipo. O que el propio guardia civil, "al no encontrar forma de reparación del agravio" mediante una sanción, "pierda la confianza en las autoridades y en el sistema jurídico".