¿Escoltas para velar por la seguridad de las prisiones?

En estos duros momentos que atraviesa el país, con continuos recortes que están afectando no solo a las retribuciones de los trabajadores sino también en aquellos servicios públicos que siempre han sido un bien esencial para los ciudadanos. En una tesitura tan negra como la que estamos padeciendo es loable que el actual ejecutivo se haya preocupado de manera especial por el futuro de un grupo de trabajadores: los escoltas privados del País Vasco y Navarra.
El aparente fin de ETA, y una vez más la crisis, ha supuesto que desde el Gobierno se hayan planteado hacer algunos recortes en asuntos de seguridad. Y nada mejor que suprimir muchos de los escoltas que hasta hace muy pocos meses se jugaban su vida para proteger la de políticos e instituciones vascas.
Los guardias civiles sabemos del trabajo que estos escoltas han estado realizando porque también un importante número de guardias ha estado haciendo la misma labor que ellos durante todos estos años de terrorismo. Por eso resulta, como se apuntaba al principio de estas líneas, loable que en estos momentos en los que cada día muchos españoles engrosan la triste estadística del INEM el ejecutivo, y más en concreto el Ministerio del Interior, se haya acordado muy especialmente de ellos y esté elaborando un plan para buscarles una salida más digna que la del INEM.
El problema que se le ha presentado al ejecutivo con el supuesto fin de ETA es simple ¿qué hacemos con todos aquellos trabajadores de la seguridad privada que se habían contratado para hacer servicios de escoltas en el País Vasco y Navarra? Lo que en principio podía parecer un asunto de compleja solución se ha planteado al final como algo muy sencillo. Los recortes producidos en todos los ministerios, incluido el de Interior, va a suponer que la oferta de empleo público casi desaparezca. Es decir que la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso que nos ocupa Guardia Civil, apenas se “repondrá”, por cada diez bajas solo se ofertará una plaza. La mejor manera de que no se resienta la plantilla de la Benemérita ahora que no van a convocarse grandes oposiciones es sacar agentes de aquellas unidades poco “vistosas” y colocar en su lugar a los escoltas del Pais Vasco-Navarra.
La siguiente cuestión que han debido plantearse es ¿dónde son menos vistosos los guardias civiles? Eso está claro en las prisiones. 2.200 guardias civiles de los que la ciudadanía no tiene casi conocimiento, salvo, claro está, tenga un pariente dentro de una de ellas Así sustituyendo a los agentes por seguridad privada tenemos solventado el problema de la falta de oferta de empleo público. De esta manera, habrán pensado, damos solución a dos graves problemas que se nos venían encima sin remisión: de cara a la ciudadanía el número de guardias civiles en las calles no baja y los escoltas, que tenían todos los números para seguir incrementando los datos del paro, encuentran continuidad en su ocupación laboral.  
Tomar una decisión de este calado que afecta no sólo a unos trabajadores públicos, los guardias civiles, sino también a sus familias, se entiende precisamente por la condición de estos. De los guardias civiles se espera que acepten sin “levantar la voz” que de la noche a la mañana se les haga coger su casa, cual caracoles, con sus enseres personales, sus hijos y esposas, si las tienen, y se las lleven a kilómetros de distancia dejando de lado lo que hasta ahora había sido su vida. Se puede hacer con los guardias civiles porque aunque son trabajadores, dignos e íntegros como lo pueden ser los escoltas, no tienen derecho a reivindicar y a defender sus derechos.
Por este motivo cuando AUGC comenzó a tener constancia de los primeros rumores de privatización aprovechó la primera ocasión que se le presentó para preguntar por la autenticidad de estos y dejó muy clara su oposición delante del Ministro del Interior y del Director General.
Es apreciable que el Gobierno trate de buscar un futuro a los escoltas, lo que ya no es tan plausible es que lo quiera hacer a costa de los derechos de otros trabajadores, que además son públicos y por tanto dependen directamente de él. Más de 2.200 guardias civiles con sus particulares historias, problemas, en muchos casos con sus familias enraizadas, por los años que llevan ya en ese destino.
2.200 trabajadores que esperan que este Gobierno y este Ministro del Interior tenga el mismo “celo” que quiere tener con los escoltas y piense en los daños colaterales que su decisión política va a tener no sólo en ellos sino también en sus familias. Porque puestos a mirar por los intereses de unos trabajadores el ejecutivo debería tener como prioridad a sus  trabajadores públicos a los que en los últimos años primero les ha aplicado recortes salariales y ahora una congelación. Por eso el Go-bierno tiene ahora la oportunidad de aplicarse también por su propia gente y velar por sus intereses. No permitiendo que esta posible privatización perjudique nisiquiera minimamente a sus trabajadores.
Y teniendo en cuenta que el eje-cutivo ya se está trabajando en La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-   bierno seria interesante que en este posible proceso de privatización se aprovechara para aplicar esta transparencia.