¿Delito fantasma?

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido durante todo este mes para esclarecer qué hay detrás de la Operación Palmera, con la que el Ministerio del Interior publicitó una de la más importantes acciones contra el blanqueo de capitales. Ha sido un mes de declaraciones varias, conclusiones y lectura de informes que, a ojo de los cinco abogados que han ejercido la Defensa de los nueve imputados en esta causa, han servido para una confirmación común: no hay delito, o lo que es lo mismo, el Ministerio del Interior se encargó de vender humo cuando, hace casi 14 años, montó la comparecencia pública del por aquel entonces director general de la Policía, Juan Cotino, para hablar de uno de los mayores éxitos policiales del que nació un extenso reparto de medallas entre los partícipes del operativo.
Los distintos letrados enrocaron sus tesis en los mismos planteamientos. “La verdad brilla por luz propia”, adelantó uno de los abogados, cegado por la evidencia de la “inexistencia de delito”. Todos coincidieron no solo en la petición de que el tribunal tuviera en cuenta las dilaciones indebidas debido al gratuito retraso que ha sufrido este procedimiento, sino también en solicitar la imposición de una sentencia absolutoria no tanto porque no pueda enervarse la presunción de inocencia de los procesados, sino porque “no hay delito” y sin delito, sencillamente no hay caso.
La Defensa, ejercida por los distintos abogados, puso de manifiesto que en la famosa Palmera no hubo siquiera una investigación mínima que viniera a sostener las acusaciones de blanqueo de capitales. Faltó, por ejemplo, una investigación patrimonial de los detenidos (esos informes no aparecen en los procedimientos y, de hecho, han sido aportados por las Defensas); se puso de manifiesto la ausencia de una acreditación de valoraciones que se dan por válidas porque sí, como la conclusión de que el montante millonario de divisas que se cambiaba entre el año 1999 y 2000 era “anormal” cuando dirigentes bancarios situaron la cifra de 500 millones de pesetas diarios como el cambio rutinario que se producía en los bancos por cambistas autorizados; se denunció también que la práctica totalidad de los policías llamados a declarar no se acordaban de nada por lo que el principio de contradicción no se ha materializado; y se criticó duramente que se vinculara a los distintos imputados con una organización que blanqueó capital procedente del narcotráfico cuando no se ha conocido ni una sola prueba de esas vinculaciones delictivas. “No se puede acreditar la relación con el narcotráfico con indicios”, alertó uno de los letrados, que exigió una sola prueba en todo el proceso que dejara totalmente acreditada dicha vinculación: “No existe”, advirtió.
Otra de las críticas de las Defensas se centró en el origen de todo este operativo. Tras llamar a declarar a jefes policiales de Ceuta y de Madrid nadie se hace cargo del germen de la Palmera, es decir, de la raíz que llevó a que toda la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía tomara como prioritario actuar en Ceuta y actuar sobre los procesados a los que bautizó como ‘clan’ delictivo. “Este delito no se sostiene”, advirtieron, más aún cuando el presunto cabecilla del entramado no solo estaba autorizado para el cambio de divisas por el Banco de España sino que, además, tenía una mesa en una de las entidades bancarias de la ciudad en donde contaba el dinero que movía y que a él le generaba beneficios por el porcentaje de las acciones, es decir, 9 millones de pesetas tras mover 900 millones del cambio. “Este era el negocio de Ceuta”, sentenció uno de los letrados.
La labor investigadora de la Policía recibió varias críticas. “De esta actuación nació la ruina para muchas personas”, señaló al tribunal una de las Defensas lamentando que, 14 años después, todavía no haya quedado claro qué unidad dio el pistoletazo de salida para investigar estos hechos. “No lo sabemos”, ratificó, vistiendo lo sucedido de “hecho de extrema gravedad”.
Si hubo crítica a la Policía la hubo también para la instrucción judicial del caso, un caso en el que, se dijo, “no hay más que humo”. Ya no solo por el retraso que ha marcado el procedimiento sino porque, tal y como puso de manifiesto uno de los abogados, “no ha habido interés en investigar cosas distintas” a las que marcaba la Policía, tomando este Cuerpo el control en un caso que, dijo, carecía de “instrucción” por parte de la juez competente.
En este punto hubo alusiones al pasado, asuntos que forman parte de la historia negra de Ceuta, aquella de la que incluso nacieron grandes operaciones policiales de meras notas informativas falsas selladas con membrete oficial y contaminadas por presiones políticas. Así, una de las Defensas conectó claramente el germen de la Palmera con el caso Kimbi, al considerar que el hecho de que uno de los procesados asumiera en la Policía ser el dueño del dinero aprehendido como supuesto pago por este asesinato terminó por llevarle a esta causa. “A esta persona había que pararle los pies”, advirtió. Una amenaza que llevaría al desarrollo de esta operación de la que todavía se desconoce el despacho policial en la que se cocinó. “De esos polvos tenemos estos lodos”, señaló.
A los nueve procesados se les acusa de constituir una organización perfectamente estructurada, encargada de blanquear dinero de la droga que transportaban en bolsas  de plástico y depositaban en entidades bancarias. Las Defensas en bloque pusieron de manifiesto la inexistencia de prueba alguna que fundamente la veracidad de esta conclusión policial y advirtieron de que ni siquiera confluyen las exigencias mínimas para sustentar el tipo delictivo que forma el blanqueo de capitales.  “Había cambio de divisas, no blanqueo”, espetó uno de los letrados, enumerando las sentencias emitidas por la propia Sala aludiendo a esta máxima.
Se habló de sentencias, de jurisprudencia y también de la prensa. Sobre la mesa se mentaron artículos de El País, de Cinco Días, del propio El Faro de Ceuta con cuya lectura se pretendió normalizar el movimiento de divisas que se producía entre los años 1999 y 2000 (1.500 millones de euros en un año) que hicieron saltar las alertas en Madrid. “Era el volumen de negocio que se movía en Ceuta, el normal, puede ser un comercio atípico pero no delictivo”, recordó otro de los letrados.
“Madrid quería que Ceuta sonara”, fundamentó otro de los letrados para justificar el despliegue de más de 80 efectivos llegados de Madrid para la práctica de arrestos, registros e intervenciones en julio de 2000. Tras aquel desembarco policial quedaron años de proceso judicial en el que las Defensas denuncian que sus patrocinados han sido tenidos por “culpables salvo que demuestren su inocencia”: el mundo al revés del sistema judicial democrático.

¿Qué se juzga y qué conclusiones ha adoptado ya la Sala?

Nueve acusados se han sentado en el banquillo porque se les relaciona con una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales que, desde enero de 1998 a julio de 2000, se habrían repartido las funciones para introducir en el circuito legal de comercio ingentes cantidades de dinero de procedencia ilícita. Para ellos se pide, 14 años después de su detención, entre 8 y 9 años de prisión además de sanciones millonarias. De momento la Sala ha adoptado dos decisiones muy importantes que ayudan a orientar el probable fallo judicial que se conocerá en los próximos meses. Nada más comenzar la primera de las sesiones judiciales, a primeros de noviembre, se acordó la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros domiciliarios practicados. ¿Esto que significa? Que todas las pruebas obtenidas por unos medios anulados ya no valen, aplicándose la famosa teoría de que lo que nace de un origen considerado nulo está viciado. Ayer, al término del juicio, la Sala dio a conocer otra gran clave de este proceso. Tras escuchar a los procesados decidió levantar las medidas cautelares impuestas a todos ellos (la firma los días 1 y 15 de cada mes) y ordenó la inmediata devolución de las fianzas que tuvieron que depositar en su día para poder salir en libertad.

Dos planteamientos que chocan en torno a un mismo asunto

Acusación y Defensa ven el mismo caso desde dos enfoques que chocan frontalmente. El Ministerio Público defiende hasta la última línea el informe que dio pie a este procedimiento, hablando pues de que hay una organización que incurrió en un delito de blanqueo porque sin tener un negocio lícito llegó a mover ingentes cantidades de dinero, aumentando notablemente su patrimonio y facilitando el blanqueo de las divisas procedentes del narcotráfico. Las Defensas, unidas en bloque, ofrecen una visión radicalmente contraria, protestando enérgicamente por el tipo de investigación policial que se llevó a cabo y lamentando la ausencia de una instrucción adecuada que fuera controlada por el juez. Hay una clave que resume la postura de los distintos abogados: no cabe delito porque no existe ni una sola prueba que demuestre la existencia del tipo penal por el que se ha procesado a sus patrocinados. Los abogados lanzaron varias preguntas al aire sin encontrar respuesta: ¿dónde están los narcotraficantes supuestos dueños de las divisas?, ¿por qué el considerado líder de la organización tenía una mesa en un banco donde contaba el dinero y disponía de un permiso del Banco de España para el cambio que todavía obra en su poder?, ¿qué comparativa se ha usado para hablar de movimiento anormal de divisas?

El comercio atípico, el movimiento de millones o el delito

Y de trasfondo de todo lo que se ha puesto encima de la mesa un asunto: el comercio entre España y Marruecos, o lo que ha dado por denominarse comercio atípico, irregular o el negado contrabando. Fiscalía y las Defensas se han enfrentado a la hora de valorar si es lógico y normal que en los años 90/2000 hubiera tantísimo movimiento de divisas. A ojos de la ristra de directores de banco y encargados que han declarado debe ser que sí, ya que se hablaron de ingresos de 500 millones de pesetas en un día como algo rutinario. Las Defensas han insistido en que el negocio del cambio era el negocio de Ceuta y que aquella máquina podía funcionar sin que haya que recurrir a conclusiones tendentes a la delincuencia. Los distintos procesados, a los que el tribunal dio ayer la última palabra, coincidieron en negar cualquier estratagema delictiva y lamentaron que hayan tenido que soportar 14 años esperando la acción de la justicia. Coincidieron en destacar que la Operación Palmera no solo les arruinó económicamente al quedar bloqueadas sus cuentas y patrimonio, sino que hizo lo mismo con sus vidas. Una de las procesadas sufrió un aborto tras su detención y otros padecieron la desestructuración de sus respectivas unidades familiares.

Fiscalía mantiene la petición de cárcel

La representante del Ministerio Fiscal cerró ayer su informe manteniendo cada punto y cada coma que ya contenía el inicial. No ha rebajado un ápice la petición de 9 y 8 años de cárcel para los procesados a los que encuadra en una presunta organización de blanqueo. Su visión de la historia se apoya en la investigación policial, entendiendo la existencia de una red con su líder al frente y los demás enlaces debajo, en una clara jerarquía piramidal. Se cumplía la existencia de un entramado que recogía divisas a sabiendas de su origen ilícito para introducirlas en el mercado legal y cambiarlas por pesetas. En ese entramado cobran importancia escenarios como el Tarajal y el puerto en donde se recogían divisas o puestos del Mercado en donde, mantiene, se depositaban. Para la Fiscalía no hay más explicación que la delictiva para sostener el aumento del movimiento de divisas que se registró entre 1999 y 2000, que llevó a que en un año se hicieran operaciones de compra y venta de más de 30.000 millones de pesetas. Para el Ministerio Público es imposible que hubiera tantas personas cambiando para llegar a esas cifras, ya que mantener lo contrario “choca con la lógica”. Habló Fiscalía de empresas fantasma que en realidad no ejercían actividad alguna y operaban de tapadera y de existencia de relación del cabeza visible de lo que se considera trama con el narcotráfico, aunque este extremo no lo sostuvo más que con apreciaciones. Para la Fiscalía si hay un “mínimo indiciario” que permite destruir la presunción de inocencia y hablar de un origen delictivo del dinero. El Ministerio Público advirtió además de que presentará recurso contra la nulidad de las escuchas telefónicas acordada por la Sala. Por su parte la Acusación Particular que representa los derechos de la Seguridad Social se adhirió al informe de la Fiscalía, aunque reconoció lo complicado de poder demostrar qué parte de la estructura empresarial atribuida al principal imputado en la causa puede ser considerada “lícita” y cual no.