Habrá
huelga de autobuses en la
Feria de Ceuta. La
empresa Hadú-Almadraba ha comunicado este jueves que
las negociaciones se han roto y que la entidad no puede “aceptar las elevadas pretensiones de los trabajadores” por lo que lamentan “los inconvenientes que ocasionaremos a los usuarios. No obstante esta empresa de acuerdo al decreto de la Ciudad ha organizado los servicios mínimos que esperamos, con la colaboración de los usuarios, sean suficientes”, aclara. En un comunicado recuerdan que en septiembre de 2019 “venció la concesión de tiempos franquistas que ligaba a esta empresa con el transporte urbano de la ciudad de Ceuta, aunque según el informe de la Abogada del Estado, adjunto al actual contrato de urgencia de 2 años, esa concesión finalizo en el año 2007. Sea cual sea la fecha de finalización, como mínimo han pasado tres años pendiente del nuevo Pliego de condiciones, y esto es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad”, detalla el gerente, Manuel Cuéllar.
“En Octubre de 2015 se compraron las últimas unidades de nuevos autobuses, teniendo la
flota en esos momentos una edad media de algo más de 7 años. A partir de 2016 esta empresa se ha visto obligada a acudir a los juzgados en cinco ocasiones para reclamarle a la Ciudad Autónoma una cifra aproximada de 1.000.000 de euros. Esta situación nos ha estado debilitando, transcurriendo el tiempo en contra nuestra, sin poder hacer inversiones, pendientes de la nueva licitación, con deterioro de nuestras instalaciones y autobuses, mermándonos nuestra solvencia todo lo que han podido con la demora en los pagos de las justas reclamaciones, aunque al final los tribunales nos hayan dado la razón
, el deterioro de nuestra imagen, el linchamiento social a esta empresa, continua día tras día”, aclara.
“Por todo ello, nos preguntamos: ¿a todas las empresas tratan tan mal en esta ciudad? En la última reunión de negociación del Convenio Colectivo con los trabajadores se les ofreció un 4,5% de la forma siguiente: 2% incremento sueldo base y pluses, 2,5% incremento sueldo base y pluses pero no consolidable y pagadero en una extra antes de final de año. Hasta este momento los trabajadores pedían una subida salarial del IPC (6,5%) + 2 puntos, o sea un 8,5%, dos días de asuntos propios, incrementos de 3 días más para asuntos médicos y equilibrar las pagas extraordinarias a las nóminas mensuales. Duración del Convenio cinco años”, expone el gerente.
Una empresa que se siente engañada
Sin embargo, en reunión con la Consejería, se llegó a un acuerdo inicial por el que los trabajadores rebajaban sus pretensiones como sigue: “Primer año piden 6,5% (IPC) sobre sueldo base, aumentar un día asuntos propios, aumentar tres días más para asuntos médicos e incrementar en 50 euros las pagas extras. Segundo año IPC sobre todos los conceptos y pluses (IPC actual en torno al 10%) y volver a incrementar las pagas extras en 50 euros. Costo del 1er año seria 110.000 euros que se pagaría con carácter retroactivo. Costo del 2º año superarían los 200.000 euros, dado que el IPC gira en torno al 10% en estos momentos y se atendería todos los pluses, no sólo el sueldo base. Manifestando el negociador de la Ciudad, Carlos González, que de esa manera sería la nueva concesionaria la que cumpliría con el grueso del costo del convenio. Esta ‘negociación’ es impropia y deshonesta. Impropia porque no le corresponde a la Ciudad de ninguna forma y deshonesta porque prepara un primer año con un costo muy inferior al 2º aduciendo que de esa forma recaería el sobrecosto del 2º año sobre la próxima empresa, es decir, todavía no se tiene conocimiento de quien será la nueva empresa y ya la están engañando y perjudicando”. “El ejercicio 2023 se comenzaría como mínimo con un aumento de la masa salarial de 300.000 euros y esta empresa no puede aceptar esas condiciones que han pretendido pactar la Ciudad y el Comité de Empresa por los motivos siguientes: porque a partir del 28 de diciembre de 2022 finaliza el contrato de 2 años y a partir de ahí, no tendremos garantías jurídicas para que las pérdidas que ocasionen las nuevas condiciones laborales sean asumidas por la Ciudad. Hay que recordar que el contrato lleva consigo un Informe de la Abogacía del Estado por el que éste no podía ampliarse más allá de dos años, dado su carácter de urgencia. De las negociaciones de la Ciudad y los trabajadores y de otras conversaciones con la Consejería se deduce que el Pliego de Condiciones para el nuevo contrato no saldrá hasta marzo 2023 lo que nos hace pensar que estaríamos sin contrato hasta mayo aproximadamente, y eso es algo por lo que esta empresa no está dispuesta a volver a pasar temiendo a las consecuencias económicas que terminarían afectando a los trabajadores, nuevamente”, avanza Cuéllar. “Llevamos 75 años cumpliendo con nuestros usuarios, unas veces mejor otras peor, hubo buenos y malos momentos. Esta empresa se enorgullece de sus orígenes, de sus mejoras a través de tantos años, con un capital social totalmente caballa al 100%, desde el primer día centrados siempre y exclusivamente en esta ciudad. Entendemos que los trabajadores están en su derecho a convocar la huelga para defender sus intereses aunque consideramos muy lesivo para los usuarios hacerlo en estos momentos. La empresa se siente obligada a organizar el servicio de feria, únicamente por los usuarios, por nadie más, pero no tenemos obligación atendiendo al actual contrato, sin embargo se han preparado los servicios mínimos decretados por la Ciudad Autónoma, pero tenemos que advertir que daremos prioridad a los servicios diarios de mañana y tarde al objeto de cumplir con el artículo 13.1 del contrato en vigor que nos obliga a realizar los tráficos autorizados en el Pliego de condiciones, en el que no constan los servicios extraordinarios de Feria, ni los horarios nocturnos”, sentencia.