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Martínez pacta con Huawei el reparto de 25 tabletas con conexión en Ceuta

El director provincial ha firmado un convenio con la empresa china para disponer de más recursos contra la ‘brecha digital’. Por otra parte, FECCOO pide una Mesa Sectorial para tratar la vuelta a las aulas

El director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Javier Martínez, ha rubricado un convenio con los representantes de la multinacional china Huawei en España que se traducirá en el reparto en Ceuta de 25 tabletas equipadas con conexión a Internet para el alumnado de la ciudad con mayores dificultades para acceder a la formación a distancia imprescindible desde la suspensión, a mediados de marzo, de la actividad lectiva presencial.

Según ha explicado el máximo responsable de la Administración educativa en Ceuta, este acuerdo permite elevar a casi 150 el número de instrumentos tecnológicos y conexiones a la Red que ha conseguido el MEFP para la ciudad desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio destinó primero al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional de la Ciudad un total de 84 tarjetas SIM para conectarse a Internet cedidas por Telefónica.

Posteriormente la Administración asignó 40 conexiones más, esta vez a través de Orange, a los estudiantes de la ciudad autónoma, 25 de ellas con tableta incluida, un paquete exactamente igual al conseguido con Huawei, que ha reclamado la firma de un convenio específico con la Dirección Provincial.

La Administración hizo una primera distribución de estos recursos adicionales entre los centros atendiendo a su número de matriculados y de becados para que en cada uno de ellos se decida, desde el conocimiento más cercano de la realidad de cada estudiante, los beneficiarios concretos de ellos.

Además de estos pactos, la Administración y los equipos directivos de todos los centros acordaron a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa poner a disposición de los estudiantes más perjudicados por la ‘brecha digital’ los ordenadores portátiles y tabletas con los que cuentan colegios e institutos en sus instalaciones gracias al desarrollo de programas como ‘Ceuta Digital’.

La cesión de estos medios se extenderá hasta la finalización del presente curso, en junio, o hasta el inicio del siguiente, en septiembre, en función de lo que se decida en cada centro y de las posibilidades de recuperación de las clases que dé la evolución de la pandemia de la enfermedad del coronavirus.

La Dirección Provincial sigue sin competencias

La Orden del Ministerio de Política Territorial que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) mantiene a la Dirección Provincial más o menos como estaba hasta ahora, dependiente de una Dirección General de Planificación y Gestión Educativa (antes lo era de la de Evaluación y Cooperación Territorial) y “sin ningún órgano específico ni competencias educativas”, una reivindicación permanente de toda la comunidad local que sigue sin ser atendida por la Administración General del Estado pese al conflicto que genera su dependencia absoluta de Madrid.

FECCOO pide una Mesa Sectorial para tratar la vuelta a las aulas

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) “comparte” que la vuelta a la actividad lectiva presencial se produzca en septiembre, pero opina que las excepciones que se han regulado “pueden dar pie a interpretarlas de forma abusiva”, por lo que ha pedido al Ministerio de Educación a “negociar con las organizaciones sindicales representativas un Plan Integral de Prevención frente a la COVID-19 que contemple todas las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los presentes en los centros educativos, desde al acceso a las pruebas diagnósticas, pasando por la dotación de equipos de protección individual (EPI), por las medidas que permitan mantener el necesario distanciamiento…”. Además, considera que ese plan “tiene que tener su concreción en cada autonomía”.

Para CCOO algunas de las medidas anunciadas “tienen más que ver con la conciliación que con la educación” como el caso de Educación Infantil, etapa en la que el Gobierno ha previsto que se acoja en los centros educativos al alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que trabajar presencialmente.

“Se trata de una medida claramente orientada a la conciliación, que deja de lado el carácter educativo de la etapa, pero que además puede poner en riego la salud de profesorado, alumnado y personal de apoyo, ya que en esta etapa resultará especialmente complicado garantizar las medidas de protección para evitar el contagio”, ha advertido el sindicato. A su juicio “uso de mascarillas, higiene de las manos, evitación del contacto físico y mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras, son cuestiones difíciles de garantizar a esas edades”.

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