HRW lamenta que “persisten los actos de violencia” por parte de los guardias marroquíes fronterizos.
La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo Human Rights Watch (HRW) denuncó ayer en Milán a través de su directora asociada para Europa y Asia Central, Judith Sunderland, que “España está violando los derechos de los inmigrantes y no hay evidencias de que esto sirva para disuadir a otros”. En concreto en las ciudades autónomas ha “documentado” la existencia de “lo que parece ser una política para disuadir la presentación de solicitudes de asilo”.
“Si bien muchos inmigrantes tal vez no necesiten protección”, advierte HRW en el informe presentado ayer, “las políticas españolas en materia de fronteras podrían contribuir al bajo número de personas subsaharianas que solicitan asilo”.
En Ceuta y Melilla, “la negación de la libertad de circulación a los solicitantes de asilo que impide que prosigan hacia el territorio peninsular y la lentitud de los traslados oficiales de solicitantes de asilo desde los enclaves hacia la península parecieran desincentivar los pedidos de asilo”.
La crítica se extiende al otro lado del Estrecho, pues “en los puertos andaluces visitados por Human Rights Watch, la escasa información sobre su derecho a pedir asilo y la falta de entrevistas individuales con abogados y jueces también podrían disuadir a las personas de pedir asilo”.
Las nacionalidades que presentan más solicitudes en España son los sirios, los ucranianos y varias nacionalidades latinoamericanas, incluidos venezolanos. Las personas del África subsahariana constituyen menos de una décima parte de los solicitantes, pero son la mayoría de quienes intentan llegar a España por tierra y por vía marítima.
Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el 51 % de las personas que ingresaron en Ceuta y Melilla y llegaron al territorio continental en embarcaciones entre enero de 2016 y mayo de este año eran de Guinea, Costa de Marfil o Gambia.
Su representante en España, Francesca Friz-Prguda, ha manifestado “consternación” por las restricciones al acceso al asilo en España, y reiteró que el 25 % de quienes sufren desplazamiento forzado en el mundo proceden del África subsahariana pese a que para las autoridades españolas se trata de migrantes “económicos”.
Las entrevistas mantenidas con personas del África subsahariana que estaban en Ceuta y Melilla en marzo y en Andalucía en mayo indican que “persisten los actos de violencia por parte de guardias fronterizos marroquíes y otros abusos” denunciados en dictámenes precedentes.
Diversos inmigrantes contaron a HRW que muchos se aventuran al mar después de reiterados intentos fallidos de trepar los vallados que rodean Ceuta y Melilla. Marcel, de 34 años, procedente de Camerún, intentó seis veces cruzar a la ciudad autónoma: “Nunca lo logré, solo conseguí que me golpearan [las Fuerzas de Seguridad marroquíes], algunos huesos rotos… una vez, cuando ya estaba trepado en el vallado, me golpearon en el pie para hacerme caer. Otra vez me pegaron con un bastón, y se sintió como si fuera un cuchillo”.
Los retornos “sumarios” y su traducción en muertes en la vía marítima
El ‘Informe Mundial 2017’ de HRW alerta de que “la adopción de una política de retornos sumarios y la intensificación de controles en la frontera terrestre de España con Marruecos en sus enclaves en el norte de África aparentemente habrían causado que cada vez sean más los migrantes que intentan llegar a Ceuta y Melilla nadando o en botes”.
Según sus cifras, “la cantidad de muertes que se produjeron en esa ruta se triplicó en comparación con 2015, y llegó a 45 en los primeros seis meses de 2016”.
Durante el ejercicio pasado se registraron “varios intentos grupales de escalar los vallados que rodean los enclaves [como se refiere a Ceuta y Melilla] seguidos de retornos sumarios, aunque en menor cantidad que en años anteriores”.
En julio, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el letón Nils Muižnieks, instó a España a adoptar procedimientos fronterizos para prevenir las ‘devoluciones en caliente’ que el Gobierno español de Mariano Rajoy considera legalizadas como ‘rechazos en frontera’ y las expulsiones colectivas.
En la fecha de redacción del informe se encontraba en trámite una impugnación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a los retornos sumarios desde Melilla que tuvieron lugar hace tres ejercicios.
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