El Hospital alertó del caso de presuntos abusos sexuales en el CEIP Ramón y Cajal

La existencia de una supuesta “gran mafia” de personas intentado lucrarse formulando “denuncias falsas” contra docentes por presuntos abusos sexuales contra menores se desmorona, al menos en principio, tras el levantamiento del secreto de sumario sobre las diligencias de la causa que mantiene desde el pasado lunes a un maestro de Educación Física del CEIP Ramón y Cajal en prisión provisional incondicional.

Según tres fuentes distintas consultadas por este periódico, el caso no se abrió por iniciativa propia de una familia movida por teóricos intereses espurios. Fueron los profesionales sanitarios del Hospital Universitario los que, al atender a una niña de cuatro años que se había quejado de dolores en casa con su abuela, dieron la voz de alerta aplicando los protocolos al Juzgado de Guardia, que a su vez movilizó a personal forense y a la Fiscalía.

Los informes médicos evacuados y la declaración de la supuesta víctima condujeron, el 21 de febrero, al arresto de un maestro interino de Educación Física del centro en el que está escolarizada, el CEIP Ramón y Cajal, J.M.R.V., sobre el que se dictó orden de entrada en prisión sin fianza el pasado lunes.

Las actuaciones judiciales también han llevado a entrar en contacto con otra presunta víctima-testigo de los hechos de la misma edad a expensas del análisis del material intervenido por la Policía tras la detención del docente.

Sin medidas cautelares de momento para el maestro en libertad

El segundo maestro de Educación Física detenido durante los últimos días en la ciudad al existir una denuncia presentada en la Jefatura Superior, podrá volver a dar clase en el CEIP Ciudad de Ceuta salvo que él mismo pida no hacerlo o que el Juzgado adopte medidas cautelares a instancias de la acusación particular.

De momento, la instructora de la causa acordó anteayer dejarle en libertad con cargos, es decir, con el caso abierto y el funcionario en situación de investigado, pero sin ninguna medida cautelar.

En esa coyuntura, la Administración considera que está incapacitada para ir más allá que la propia Justicia para dictar una separación provisional del servicio como la que sí impuso la Subsecretaría de Estado para el docente sobre el que se ordenó prisión incondicional.