Aunque la crisis del coronaviruslo ha opacado casi todo durante los últimos tres meses, la divulgación del vídeo que muestra las condiciones en las que (supuestamente) perdió la vida el 1 de julio del año pasado, sobre las 15.10 horas, en el Centro de MenoresTierras de Oria de Purchena (Almería) el joven marroquí Iliass Tahiri ha sido una de las noticias de impacto de la última semana en España. Inmovilizado por seis vigilantes durante 13 minutos en aplicación del controvertido protocolo de “contención mecánica” sin que nunca parezca movérsele ni un músculo, el Defensor del Pueblo está “muy preocupado” y ha anunciado a ‘El País’ que “nos vamos a dirigir próximamente a las administraciones para decirles que hay que cambiar normativas y procedimientos y fortalecer la vigilancia de estos centros”. La titular del Juzgado Único de Purchena concluyó en enero que, a la luz de los informes recabados, no hubo más que “una muerte violenta de tipo accidental” que “se debió a un fracaso cardiocirculatorio agudo secundario a una arritmia cardíaca” y que “no se habían detectado signos objetivos de uso de una fuerza extralimitada sobre el fallecido (lesiones o signos sugerentes de sofocación o de comprensión torácica intensa) en los hallazgos de autopsia”. En consecuencia, archivó el caso. Tahiri había cumplido 18 años el 6 de febrero de 2019. Su hermano, Abdelmunir, que vive en Ceuta, ha recurrido junto a su familia ese sobreseimiento para “continuar con el procedimiento penal por existir indicios suficientes de la comisión de delito” de presunto homicidio. Ambos nacieron en Marruecos, donde Iliass era “un buen estudiante”. Cuando llegó a Ceuta “hace cinco o seis años” con su madre se instaló en una vivienda alquilada en las calles que rodean el CEIP Lope de Vega, pero durante los 18 meses que pasó en la ciudad nunca fue escolarizado: la historia de siempre hasta que la cambió una Administración, la actual, más preocupada por los niños que por la burocracia. A pesar de todo, “le dio tiempo a aprender a leer y escribir español”. Quizá ahí se perdió el chico, que una vez que cruzó el Estrecho empezó a hacer “tonterías”. “Llegaron”, explica su hermano, “a San Roque y de ahí a Pueblo Nuevo, donde empezó a andar con malas compañías que le indujeron a hacer cosas aprovechando que ‘siendo menor no le iba a pasar nada”. Abdelmunir no quiere entrar en detalles, pero su hermano pequeño acabó primero en el Centro de Menores de Algeciras y, sin solución de continuidad, una condena tras otra, en otro de Córdoba hasta terminar en Almería. “Yo no digo que fuese un santo, pero eso no implica que tuviese que morir así”, indica el mayor de los Tahiri, cuyo hermano pequeño llegó a “pedir ser trasladado a otra cárcel de España o Marruecos para terminar de cumplir su pena”.
La familia recurre con la esperanza de eliminar la “contención mecánica”
Para la familia todo lo que aconteció antes de su muerte está rodeado de un hálito de sospecha. Desde su apariencia física, “inflado”, hasta la respuesta que se dio a varios intentos de suicidio en forma de cortes en sus brazos. En un arrebato, tras ser sometido al protocolo de “contención mecánica”, llegó a perder la movilidad de las piernas. “Le dijo a mi madre que estaba muy arrepentido de todo, que quería trabajar, ayudarla, volver a Marruecos...”, recuerda. La madre nunca volvió a verle. A las 19.00 horas del 1 de julio recibió una llamada: “Iliass Tahiri ha muerto”. A aquel impacto han seguido movilizaciones, trámites judiciales, mil sospechas sobre si el joven estaba o no vivo cuando entró en la habitación en la que teóricamente expiró, ya que la familia todavía no ha tenido acceso a grabaciones del resto de cámaras de pasillos y cuartos por los que pasó antes el chico. “Dicen que el personal de la Asociación Ginso que gestiona el Centro estaba formado, pero durante casi un cuarto de hora se ve a seis hombres a su alrededor, a cinco que le miran el pulso sin aparente alerta... No entendemos cómo la Junta renueva su contrato con ellos sin saber quién controla, quién vigila, quién hace el seguimiento, qué personal médico atiende a los internos”, denuncia Abdelmunir, que ya solo aspira a que judicialmente “se prohíba la aplicación de esos protocolos de sujeción mecánica y que la muerte de mi hermano, a quien nadie nos va a devolver, evite que vuelva a suceder”. Reproducción
La sujeción mecánica y su aplicación sin analizar el fondo del protocolo
El protocolo del Centro de Menores almeriense establece, según recoge la juez en el auto de archivo de las diligencias, que “con carácter general, la posición del menor en la cama será boca arriba salvo que por prescripción médica u otras circunstancias justifiquen y aconsejen la posición boca abajo”. “En el presente caso, se manifestó por los investigados y testigos que autorizaron y presenciaron dicha decisión, que la misma se tomó, principalmente, porque el interno estaba muy agitado”, refiere pese a las imágenes de las grabaciones, “y llevaba puestas esposas, por lo que, su colocación boca arriba le podría haber ocasionado graves lesiones, no considerándose procedente la retirada de las esposas hasta que se calmara”. El protocolo no fue objeto de análisis en la instrucción, que se limitó a “verificar su correcta aplicación sin juzgar su contenido”.