Hay voluntad de mantener a los veinte trabajadores del Convenio de Inmigración

El objetivo que tiene el equipo de gobierno es que los veinte trabajadores del Convenio de Inmigración continúen prestando sus servicios y que no haya destrucción de empleo. Volvemos a repetir de manera clara que esa es la voluntad política que tiene el ejecutivo presidido por Juan Vivas en estos momentos y que coincide a la perfección con los planteamientos que también están haciendo los partidos de la oposición, en este caso Caballas y el PSOE.
Pero por supuesto, una cuestión clara es la voluntad política y otra bien distinta resolver una serie de obstáculos que hoy por hoy se presentan y que han de ser estudiados con detenimiento por parte de los técnicos de diversas áreas. Porque no nos podemos olvidar que hasta ahora el Ayuntamiento de Ceuta ha llegado hasta donde ha podido llegar, es decir, suplementando partidas de un convenio que se firmó en su día con la Administración General del Estado y que como tal obligaba a las dos partes, a pesar que el ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero en varias anualidades ha ido rebajando el dinero que aportaba al mencionado convenio y no le quedó más remedio al ejecutivo de aportar otras cantidades al igual que ha hecho en otros acuerdos con el Estado como sería el del MEC-Ciudad.

Problemas
Pues bien, los problemas que se tendrían que resolver por un lado sería los estrictamente funcionales.
Es decir, observar cuales deberían ser la tareas a desarrollar por estas veinte personas, porque de acuerdo con la legislación existen una serie de obligaciones puntuales que nada más pueden ser desarrolladas por los propios funcionarios o personal laboral de la misma Administración autonómica.
Uno segundo tendría que ver con el plano jurídico, debido a que no se puede olvidar que ahora mismo, desde el punto de vista legal, que existe una tasa de reposición cero decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy y por tanto es imposible la creación de cualquier puesto de trabajo y la convocatoria de cualquier plaza pública.
De ahí, que por tanto que ahora con la ley en la mano estén obligados a buscar una posibilidad que permita la permanencia de estos contratados sin tener que convocar ninguna plaza porque ello es imposible.
Y el tercer obstáculo tiene visos económicos, porque no olvidemos que en estos momentos esas veinte personas producen un coste a las arcas autonómicas que, desde luego, no se verá suplementado en ningún momento por el convenio del Estado, ya que ha sido suprimido totalmente por la Administración Central. Por tanto, la asunción de los sueldos de estas veinte personas, más los costes de la Seguridad Social han de ser asumidos al cien por cien por el ejecutivo presidido por Juan Vivas. Es un problema que debe resolverse en el proyecto de presupuestos que en estos momentos se está preparando por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Recursos Humanos y que al final debería aparecer cuando el Consejo de Gobierno de el visto bueno a las cuentas a finales del presente mes.

La reunión de portavoces más adelante

Destacar por otro lado que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no tiene ningún problema a la hora de convocar la junta de portavoces que ha sido solicitada por el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Carracao, pero está claro que mientras no haya una solución a la voluntad política de permanencia de estos veinte trabajadores, el reunirse se observa como una posible pérdida de tiempo. La idea que se baraja desde el equipo de gobierno es la convocatoria de la mencionada Junta de Portavoces en el mismo momento en que tengan en su poder todos los informes funcionales, jurídicos y económicos que están realizando los oportunos técnicos.
Hay que recordar que fue el PSOE quien pidió esta Junta de Portavoces hace unas dos semanas aproximadamente y la primera versión que ofreció el ejecutivo fue que se convocaría para la semana siguiente, una vez que el presidente de la Ciudad regresara de la Conferencia de Presidentes que iba a tener en lugar en Madrid el día dos de octubre. Sin embargo, a pesar de que esa era la intención en primer término debe tenerse en cuenta que para entonces esperaban contar con un principio de solución al conflicto, pero es mucho más complejo de lo que parece, puesto que hay que solventar incluso situaciones como la reposición cero para la creación de nuevas plazas de empleados públicos o relacionados con la Administración y para ello se necesita hilar muy fino por parte de los juristas que son quienes están intentando buscar una salida y además con determinadas consultas a la misma Administración General del Estado. Por supuesto, no es nada fácil la solución, pero se pondrá toda la carne en el asador para que haya un final feliz.