Hace algo más de un cuarto de siglo, en 1987, Antonia Palomo aprobaba sus oposiciones y llegaba a la guardería de ‘San Ildefonso’. Ese mismo año, en el Congreso, se aprobaba una Ley que modificaba determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Aquel texto puso fin, entre otras cosas, “al oscurantismo, a los orfanatos, a los niños entregados a religiosas y a los abusos de las familias poderosas”.
Ahí arranca el camino que ayer recorrió la ahora jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma junto a un puñado de universitarios en el Campus, donde se han celebrado la segunda edición de las jornadas ‘Ámbitos laborales en Educación Social’.
Siendo como es el departamento que dirige uno de los destinos profesionales a los que pueden aspirar y en los que realizan sus prácticas los estudiantes de esa titulación, Palomo combinó un ameno repaso por la legislación vigente y pretérita con una colección de anécdotas profesionales.
“Si no crees en el cambio, si no crees en que las personas podemos cambiar, si no crees en la segunda oportunidad, mejor no trabajar en Menores”, advirtió la jefa del Área y ex diputada autonómica a los asistentes, a quienes subrayó la importancia del Código Deontológico de la profesión de educador social.
Palomo repasó los dos ámbitos en los que, básicamente, se extienden sus competencias, transferidas en 1999 a la Ciudad Autónoma, la última que las recibió: la protección, por un lado, cuyo marco legal está “a punto de cambiar”, y la reforma, por otro.
El texto de 1987 sirvió para crear las entidades públicas que han dado forma al sistema de protección de menores cuando a los niños se les reconoció oficialmente como poseedores de sus propios derechos. A algunos de los estudiantes les llamó la atención su descripción del Observatorio de la Infancia, un órgano del que no habían oído hablar,
Nueve años después, en 1996, siguió cronológicamente su exposición la funcionaria, se promulgó la Ley de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que vino “a cubrir las lagunas que había dejado su antecesora, a recoger distintas demandas y sugerencias de las entidades públicas y a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Infancia”.
Ahora que está a punto de darse una vuelta de tuerca a ese texto, Palomo recordó lo mucho que ha cambiado la atención a los niños en situación de protección el trato que se les da desde aquellos jóvenes musulmanes a los que se ‘rebautizaba’ con un nombre cristiano en la guardería hasta la actualidad.
La técnico abundó también en algunos detalles de las situaciones de riesgo y desamparo y de sus mejores atenciones (“cuando separas no resuelves, sólo separas”, subrayó) y entró brevemente en los procesos de adopción y en el papel de las familias colaboradoras, así como en el acogimiento y otras figuras legales.
Servicios Sociales del Estado Social, no beneficencia o caridad
El Código Deontológico de los educadores sociales, en cuya importancia hizo ayer especial hincapié Antonia Palomo durante su ponencia en el Campus Universitario, establece que estos profesionales deben “trabajar con respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de la responsabilidad, competencia profesional y prudencia en la utilización de herramientas y técnicas educativas”. Su autoridad se fundamenta “en su competencia, su capacitación, su cualificación para las acciones que desempeña y su capacidad de autocontrol” y su actuación debe basarse “en el derecho al acceso, que tiene todo ciudadano, al uso y disfrute de los servicios sociales y educativos en un marco del Estado Social Democrático de Derecho y no en razones de beneficencia o caridad”. Al término de la intervención de Palomo, Lourdes Menacho, del Colegio Profesional, se encargó de cerrar las jornadas desarrolladas en el antiguo acuartelamiento.