Categorías: Colaboraciones

Hay motivo...

En los últimos años, con la excusa de la crisis, el Ministerio de Justicia se ha lanzado a una loca carrera que sus representantes denominan reformista pero que encubre un verdadero proceso privatizador de la Administración de Justicia, en algunos casos presionado por lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio. Una reforma que no cuenta ni con el personal funcionario de Justicia, profesionales especialistas en procedimientos judiciales que es lo que nos define como Cuerpos de funcionarios en la LOPJ, ni con el personal laboral, a los que se nos ha marginado de los foros de discusión de estas medidas que afectan a nuestras condiciones de trabajo.  De todo este proceso será la ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración de Justicia los que verdaderamente sufrirán las consecuencias de la misma:
Ley de tasas Judiciales e imposición de costas en contencioso administrativa. Obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva a los ciudadanos y pone trabas al acceso de los ciudadanos y del personal a los Tribunales en defensa de sus derechos.
Privatización del Registro Civil para dejarlo en manos de registradores y notarios. Desaparición del servicio público gratuito, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas, lo que afectará al empleo público (tanto en el acceso por el turno libre como por promoción interna entre otras cuestiones).
Privatización de los actos de comunicación y de la ejecución a favor del colectivo de procuradores. Otorgándoles el carácter de agentes de la autoridad, con una importantísima amortización de plazas.
Reforma de la LOPJ. Vaciamiento de funciones de los cuerpos de Justicia a favor de la privatización y mayor confusión de las funciones restantes sin reconocimiento alguno, movilidad forzosa fuera del municipio, amortización de plazas, desaparición de las sustituciones, …
Reforma de la Ley de Demarcación y Planta. Tribunales de Instancia y desaparición de los Juzgados de Paz, desaparición de los partidos judiciales, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas, afectando al empleo público, promoción interna, concurso de traslados… Y alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento.
Y si todo esto fuera poco, los sucesivos gobiernos, tanto central como autonómicos, han puesto a los empleados públicos en el punto de mira aplicando los recortes más salvajes de toda la democracia. Estos recortes han sido especialmente duros en la Administración de Justicia y, lo que es peor, nadie garantiza que hayan acabado.
Nos han reducido la nómina en algunos casos hasta el 9 por ciento. Nos han congelado tres años seguidos los salarios y lo que queda por ver. Nos han suprimido la paga extra de navidad de 2012. En algunos territorios, se va a repetir este año. Nos han congelado las oposiciones, amortizado plazas, cesado a numeroso personal interino. Nos han incrementado la jornada laboral. Nos han quitado 6 días de asuntos particulares. Nos han quitado los días de asuntos particulares adicionales a partir del 6º trienio. Nos han quitado los días de vacaciones adicionales a partir de los 15 años de servicios.. Nos han quitado prestaciones de la MUGEJU y han reducido drásticamente el resto. Nos pretenden barrer de los órganos de control de la MUGEJU para poder seguir  recortando sin que los mutualistas puedan decir nada y, luego, para suprimirla. Nos han quitado retribuciones cuando tenemos la desgracia de caer enfermos discriminándonos respecto de  jueces y fiscales. En algunos ámbitos territoriales, además nos han suprimido las aportaciones al plan de pensiones y la acción social. En otros, estas cuestiones, que tributan como salario, han sido reducidas sustancialmente. En algunos ámbitos territoriales, nos han quitado complementos y pluses.
Desde que se anunciaron los recortes, los sindicatos más representativos en Justicia hemos convocado varias movilizaciones, concentraciones, dos manifestaciones estatales así como movilizaciones propias en cada comunidad autónoma, sin que el Ministerio haya cejado en su empeño de controlar la Justicia, suprimir derechos del personal funcionario y laboral y de los ciudadanos en ese proceso que denomina “reforma de la Justicia”.
Por todo lo anterior, los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT, creemos que es necesario incrementar la contundencia de las movilizaciones, desde paros parciales hasta llegar a una huelga indefinida y queremos contar con tu apoyo.
Objetivos de las movilizaciones
Exigimos al Ministerio de Justicia que garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, que asegure, como mínimo, todas las retribuciones por cualquier concepto, incluidas las pagas extras, del personal funcionario y laboral, y la recuperación de las pérdidas retributivas realizadas desde 2010, así como que se comprometa a no utilizar, en ningún caso, la movilidad geográfica forzosa del personal. En este sentido, solicitamos también:
1. Recuperación de los derechos retributivos y laborales perdidos en los últimos años.
a. Recuperación de los días de asuntos particulares como se logró en otras Administraciones.
b. Recuperación de los descuentos retributivos del año 2010.
c. Reconocimiento de la irretroactividad de la supresión de la paga extra y reintegro de la misma a los funcionarios de Justicia.
d. Supresión de la condena en costas en los procedimientos judiciales de reclamación de derechos laborales y estatutarios que afecten a los trabajadores.
2. Por un régimen de incapacidad temporal que no discrimine a los funcionarios de Justicia ni al personal laboral. Como mínimo, equiparación en todos los ámbitos territoriales a las condiciones de jueces y fiscales.
3. Negociación real, con voz y voto, en las reformas de la Administración de Justicia. No a la supresión de las cabeceras de partido judicial y por el mantenimiento de la Justicia de Paz.
4. En defensa del servicio público de la Administración de Justicia prestado por personal de Justicia: NO A LA PRIVATIZACIÓN del Registro Civil y de los actos de comunicación y de la ejecución.

En los últimos años, con la excusa de la crisis, el Ministerio de Justicia se ha lanzado a una loca carrera que sus representantes denominan reformista pero que encubre un verdadero proceso privatizador de la Administración de Justicia, en algunos casos presionado por lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio. Una reforma que no cuenta ni con el personal funcionario de Justicia, profesionales especialistas en procedimientos judiciales que es lo que nos define como Cuerpos de funcionarios en la LOPJ, ni con el personal laboral, a los que se nos ha marginado de los foros de discusión de estas medidas que afectan a nuestras condiciones de trabajo.  De todo este proceso será la ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración de Justicia los que verdaderamente sufrirán las consecuencias de la misma:Ley de tasas Judiciales e imposición de costas en contencioso administrativa. Obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva a los ciudadanos y pone trabas al acceso de los ciudadanos y del personal a los Tribunales en defensa de sus derechos. Privatización del Registro Civil para dejarlo en manos de registradores y notarios. Desaparición del servicio público gratuito, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas, lo que afectará al empleo público (tanto en el acceso por el turno libre como por promoción interna entre otras cuestiones). Privatización de los actos de comunicación y de la ejecución a favor del colectivo de procuradores. Otorgándoles el carácter de agentes de la autoridad, con una importantísima amortización de plazas.Reforma de la LOPJ. Vaciamiento de funciones de los cuerpos de Justicia a favor de la privatización y mayor confusión de las funciones restantes sin reconocimiento alguno, movilidad forzosa fuera del municipio, amortización de plazas, desaparición de las sustituciones, …Reforma de la Ley de Demarcación y Planta. Tribunales de Instancia y desaparición de los Juzgados de Paz, desaparición de los partidos judiciales, supresión de centros de destino, movilidad forzosa fuera del municipio y amortización de plazas, afectando al empleo público, promoción interna, concurso de traslados… Y alejamiento de la Justicia del ciudadano y su encarecimiento.Y si todo esto fuera poco, los sucesivos gobiernos, tanto central como autonómicos, han puesto a los empleados públicos en el punto de mira aplicando los recortes más salvajes de toda la democracia. Estos recortes han sido especialmente duros en la Administración de Justicia y, lo que es peor, nadie garantiza que hayan acabado.Nos han reducido la nómina en algunos casos hasta el 9 por ciento. Nos han congelado tres años seguidos los salarios y lo que queda por ver. Nos han suprimido la paga extra de navidad de 2012. En algunos territorios, se va a repetir este año. Nos han congelado las oposiciones, amortizado plazas, cesado a numeroso personal interino. Nos han incrementado la jornada laboral. Nos han quitado 6 días de asuntos particulares. Nos han quitado los días de asuntos particulares adicionales a partir del 6º trienio. Nos han quitado los días de vacaciones adicionales a partir de los 15 años de servicios.. Nos han quitado prestaciones de la MUGEJU y han reducido drásticamente el resto. Nos pretenden barrer de los órganos de control de la MUGEJU para poder seguir  recortando sin que los mutualistas puedan decir nada y, luego, para suprimirla. Nos han quitado retribuciones cuando tenemos la desgracia de caer enfermos discriminándonos respecto de  jueces y fiscales. En algunos ámbitos territoriales, además nos han suprimido las aportaciones al plan de pensiones y la acción social. En otros, estas cuestiones, que tributan como salario, han sido reducidas sustancialmente. En algunos ámbitos territoriales, nos han quitado complementos y pluses.Desde que se anunciaron los recortes, los sindicatos más representativos en Justicia hemos convocado varias movilizaciones, concentraciones, dos manifestaciones estatales así como movilizaciones propias en cada comunidad autónoma, sin que el Ministerio haya cejado en su empeño de controlar la Justicia, suprimir derechos del personal funcionario y laboral y de los ciudadanos en ese proceso que denomina “reforma de la Justicia”. Por todo lo anterior, los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT, creemos que es necesario incrementar la contundencia de las movilizaciones, desde paros parciales hasta llegar a una huelga indefinida y queremos contar con tu apoyo.
Objetivos de las movilizacionesExigimos al Ministerio de Justicia que garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, que asegure, como mínimo, todas las retribuciones por cualquier concepto, incluidas las pagas extras, del personal funcionario y laboral, y la recuperación de las pérdidas retributivas realizadas desde 2010, así como que se comprometa a no utilizar, en ningún caso, la movilidad geográfica forzosa del personal. En este sentido, solicitamos también:1. Recuperación de los derechos retributivos y laborales perdidos en los últimos años.a. Recuperación de los días de asuntos particulares como se logró en otras Administraciones. b. Recuperación de los descuentos retributivos del año 2010.c. Reconocimiento de la irretroactividad de la supresión de la paga extra y reintegro de la misma a los funcionarios de Justicia.d. Supresión de la condena en costas en los procedimientos judiciales de reclamación de derechos laborales y estatutarios que afecten a los trabajadores. 2. Por un régimen de incapacidad temporal que no discrimine a los funcionarios de Justicia ni al personal laboral. Como mínimo, equiparación en todos los ámbitos territoriales a las condiciones de jueces y fiscales. 3. Negociación real, con voz y voto, en las reformas de la Administración de Justicia. No a la supresión de las cabeceras de partido judicial y por el mantenimiento de la Justicia de Paz.4. En defensa del servicio público de la Administración de Justicia prestado por personal de Justicia: NO A LA PRIVATIZACIÓN del Registro Civil y de los actos de comunicación y de la ejecución.

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