El Pliego que recoge las condiciones administrativas y técnicas a las que deberá someterse la empresa ‘Hadu-Almadraba’ como adjudicataria directa durante este año y el próximo del contrato de concesión de servicios de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en Ceuta estipula que la compañía estará obligada a mantener “como mínimo” operativas ocho líneas regulares sujetas a horarios y frecuencias determinadas.
Se trata de las que conectan la Plaza de la Constitución con el Campus y Recinto (Línea 1); la que llega hasta Zurrón (2); la que conecta el centro con La Libertad (3), la del Hospital Universitario (4), la de Benzú (5), la de Juan Carlos I (6), la de la frontera (hasta su reapertura, al Hospital Universitario, la 7) y la del Príncipe Alfonso (8).
La Ciudad Autónoma ha “readaptado” algunos itinerarios en horarios, rotaciones, frecuencia y recorrido con respecto a las de la concesión anterior por la clausura del paso del Tarajal desde el pasado 13 de marzo, justo antes de la declaración del primer estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus.
Los Pliegos establecen que “en caso de reapertura de la frontera” la Línea 7 podrá ser objeto de modificaciones para responder a “un potencial incremento de viajeros”. El procedimiento para la modificación de horarios, frecuencia, rotaciones y recorrido será “el previsto a tal efecto en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público Urbano de Viajeros”.
La concesión también está sometida a posibles modificaciones de las líneas “como consecuencia de la normativa estatal y/o local dictada con motivo de la crisis sanitaria generada por la COVID-19”.
Las condiciones del contrato directo recogen que “atendida la circunstancia extraordinaria derivada de la COVID-19 y hasta que se normalice el número de viajeros en la línea de la frontera, que constituía “la principal fuente de ingresos de la concesión” y cuyos beneficios permitían equilibrar “las pérdidas de otras líneas deficitarias [especialmente la 1 y la 5]”, la Ciudad ha asumido la obligación de “compensar mensualmente al concesionario por las pérdidas que arroje la cuenta de explotación”.
La Línea 7 contó entre 2016 y 2019 con una media anual de pasajeros de alrededor de 2,5 millones que en 2020 se precipitó drásticamente hasta sólo 726.343.
La compensación por cierre de frontera está concebida con el propósito de “paliar la situación coyuntural derivada del cierre del Tarajal, que constituía casi el 50% de los ingresos totales de la concesión”, se mantendrá de forma “temporal” y se calculará y abonará “mes a mes hasta que el volumen de viajeros recupere las medias del periodo 2015-2019 o hasta que la cuenta de explotación mensual deje de ser deficitaria (lo que suceda antes en el tiempo)”.
Además, la empresa seguirá beneficiándose de tres líneas de ayudas distintas que la Administración local considera plenamente compatibles con la normativa europea.
Se trata de la relativa al IPSI por hidrocarburos (algo más de 54.000 euros en el último ejercicio analizado); de la vinculada a que la tarifa del bonobús sea inferior al coste por viajero para que un aumento de su utilización en beneficio del viajero (en 2019 su uso quedó por debajo del 12% de los billetes) no sitúe en pérdidas la explotación de la concesión y la haga inviable; y de la que cubre la diferencia entre las tarifas especiales y la ordinaria.
Los Pliegos de la concesión directa a ‘Hadu-Almadraba’ de los autobuses urbanos durante este año y el próximo establecen que los colectivos con tarifas especiales por tener la consideración de “vulnerables” cuentan con su correspondiente bono, que agrupa en el caso de estudiantes y trabajadores 40 viajes y en el de pensionistas, jubilados y desempleados, 50. La liquidación y pago de las compensaciones se realiza “con periodicidad mensual” y se instrumentará con cargo al convenio a tal efecto suscrito entre el adjudicatario y la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.
El bonobús ordinario seguirá proporcionando un precio por viaje de 62 céntimos. Al final de cada mes se calcula el coste por viajero y, en el supuesto de que el mismo superior al de la tarifa, la Ciudad compensa al concesionario por la diferencia incrementada en tres céntimos. La Administración también cede al adjudicatario de la concesión directa los ingresos procedentes de publicidad en los autobuses, cuyo cálculo según los datos extraídos de la extinta adjudicación se estiman en “unos 12.000 euros de media durante los últimos cinco años”.
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