La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal con la detención de 21 personas en Alicante, Murcia y Valencia que se dedicaba a la venta fraudulenta de citas de extranjería, usando para ello 'bots' que bloqueaban el servidor oficial de la Administración General del Estado que gestiona estos trámites.
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas "on line" mediante un negocio con el que el entramado, según ha detallado la Policía en una nota de prensa, habría generado ganancias sustanciales, estimadas en 9.000 euros mensuales por cada uno de los integrantes del entramado.
La operación policial, iniciada a mediados de 2023, ha concluido con 21 detenidos en las provincias de Alicante (17), Murcia (1) y Valencia (3) por la comisión de delitos de daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Según la Policía, la principal investigada es una mujer que, de forma paralela al negocio consolidado con el fraude mediante 'bots', "aprovechaba sus amplios conocimientos en materia de extranjería para falsificar, en connivencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de permisos de residencia en territorio nacional".
Los servicios prestados de forma ilícita implicaban el cobro de cantidades por cada reserva de cita que, aunque eran accesibles para la mayoría de las personas (entre 15 y 30 euros por cita), vulneraban el principio de gratuidad que se presupone en el acceso a los servicios públicos.
La investigación tuvo su origen en una diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de la principal investigada donde se incautaron varios dispositivos informáticos.
Los agentes hallaron multitud de documentos falsificados, de bancos, compañías de seguros y empadronamiento entre otros, que eran utilizados para solicitar la autorización de residencia en España de forma fraudulenta, principalmente en su modalidad no lucrativa.
La organización criminal desarrolló un sistema de venta de citas “on line” para la realización de trámites de extranjería, accediendo para ello al servidor informático de la subdirección general de servicios digitales, efectuando bloqueos mediante el uso de “bots”.
Este negocio se convirtió en la principal fuente de ingresos y habría generado ganancias sustanciales, estimadas en 9.000 euros mensuales por cada uno de los integrantes del entramado.
Igualmente, se acreditó que varios de los detenidos accedían de forma delictiva al servidor que da soporte a la aplicación de Cita Previa de la Administración General del Estado, con la finalidad de bloquear la oferta pública de citas de extranjería a través de acciones técnicas delictivas para impedir su normal funcionamiento y así evitar al usuario final la obtención de cita para trámites de extranjería de forma gratuita.
Para garantizar la efectividad de la actividad ilícita, además de utilizar el sistema que les notificaba la disponibilidad de citas en la aplicación Cita Previa, era necesario un equipo humano que gestionara el elevado volumen de solicitudes, tanto de particulares como de empresas.
De esta manera, se creó una estructura criminal de carácter casi familiar que involucró a amigos, vecinos y familiares, a quienes instruían mediante tutoriales grabados por la principal investigada sobre cómo obtener las citas para los diversos trámites administrativos.
En este sentido, el grupo criminal presentaba una claro reparto de funciones y varios de ellos tenían como misión acceder al servidor público/estatal para monopolizar toda la oferta pública de citas en determinadas zonas de España y así hacer del todo imposible al ciudadano acceder a una cita que le permitiera iniciar diversos trámites de extranjería.
Por otra parte, y consumado el hecho delictivo de forma plena, otros de los integrantes del grupo se encargaban de introducir en la aplicación Cita Previa los datos de filiación falsos para monopolizar el mayor número de citas ofertadas y del cobro de las cantidades exigidas por la venta de la cita.
El grupo criminal desarticulado, introdujo en las solicitudes de permisos de residencia de ciudadanos extranjeros en varias Subdelegaciones de Gobierno de España un gran número de documentos que ellos mismos falsificaban.
Varios de los ahora detenidos, sabiendo de estas actividades delictivas, pagaban al entramado para que les falsificaran documentos esenciales para su regularización en España, lo que les permitió obtener sus permisos de residencia en territorio nacional. Sin este pago y sin el documento falsificado por la organización criminal no hubiesen obtenido permiso de residencia alguno en España.
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