Hacienda insta a acudir al Juzgado a los que les acusan de corrupción

La Agencia Tributaria (AEAT) considera una “falta al honor” de todos los funcionarios que componen la Delegación de Ceuta que se hayan realizado afirmaciones como que se “atropellan derechos ciudadanos” o que “cobran por cazar defraudadores y, si nos hay, los pintan”, según han explicado fuentes de la administración tributaria a El Faro.

Se trata de las manifestaciones vertidas por la asociación de ‘afectados por Hacienda’, a la que las mismas fuentes instan a que, “en el caso de que existieran pruebas de corrupción, como señalan, se denuncien en el Juzgado y en el caso de no existir, se produzca una pública disculpa a todos los funcionarios afectados ante tan graves e injustificadas acusaciones”.
La administración tributaria asegura además que hace  “todo lo posible” por regularizar comportamientos tributarios de los contribuyentes que no ajusten a la normativa. De esta manera han respondido fuentes de la AEAT a la creación de una asociación “de afectados” por las actuaciones de Hacienda en Ceuta, que ha realizado críticas y graves acusaciones sobre el control de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta.
Las mismas fuentes han recordado que esa deducción exige, junto con la  obtención de rendimientos en Ceuta, la residencia “efectiva” en la ciudad “que se producirá cuando el contribuyente permanezca en Ceuta el mayor número de días al año”. En cuanto a las pruebas acreditativas de la residencia que solicita la AEAT,  “se trata las mismas pruebas que, de manera reiterada, viene manifestando el Tribunal Económico Administrativo Local que son las que deben valorarse para entender por acreditada o no la deducción”.
Sobre la posibilidad de defensa que según la asociación, se le niega a los contribuyentes, “la Ley General Tributaria regula la posibilidad de acudir al recurso de reposición, la reclamación económica administrativa y, posteriormente, la vía de lo contencioso administrativo”. Además, también responde a las críticas de los “afectados por Hacienda” en lo que se refiere al plazo existente para el pago de una sanción tributaria, en lo que se debe tener en cuenta “que la Ley General Tributaria establece, para el conjunto de los contribuyentes y para los pagos en periodo voluntario un calendario específico”. Si la notificación de la sanción se produce en la primera quincena del mes, se tiene para pagar hasta el día 20 del mes posterior; si la notificación se produce en la segunda quincena, se tiene para pagar hasta el día 5, no del mes siguiente, sino de dos meses después. En ambos casos, el plazo de pago es, como mínimo, de un mes y cinco días, no de diez días, como dice la Asociación. Por supuesto, el contribuyente puede, además, solicitar los aplazamientos de pago establecidos por ley.
La atención prestada no puede ser objeto de crítica alguna ya que “el contribuyente es atendido en una primera instancia por los funcionarios adscritos al área de Gestión, posteriormente si requieren ser atendidos por el superior jerárquico les atiende el jefe de Dependencia y en aquellos casos en los que consideran necesario cita con el delegado se les atiende por él mismo. A fecha de hoy no existe ningún contribuyente con cita pendiente con el delegado para exponer su cuestión relativa a la deducción de Ceuta. Además, cuando ha sido requerida la AEAT para exponer su criterio sobre esta cuestión por diversos representantes de los colectivos afectados y por la Confederación de Empresarios, se ha acudido siempre a las reuniones requeridas”, concretan las mismas fuentes.

El delegado califica de “intolerable” la acusación de corrupción

El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, calificó ayer de “intolerable” que se haga “acusaciones de corrupción de manera generalizada y sin pruebas”. Lo decía al hilo de la denuncia de la Asociación constituida por funcionarios críticos contra Hacienda por las actuaciones llevadas a cabo al objeto de comprobar la residencia de los funcionarios en general por si estuvieran incurriendo en cualquier tipo de fraude. Acciones que llevan años llevándose a cabo y que recibieron un espaldarazo por parte del anterior delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, muy implicado en la lucha contra el fraude. “Estamos en un país libre”, recordó el delegado a los periodistas, “cada uno se puede asociar como quiera pero me parece sorprendente que se haga una asociación de funcionarios para exigir que no se les aplique la ley”, puntualizó. “Sobre el fondo del asunto, que es la aplicación de la bonificación sobre el impuesto sobre la renta a los residentes, éste es un instrumento pensado para facilitar la residencia en Ceuta, quien trabaja y no reside no tiene derecho a esa bonificación que es lo que está pasando. Es un complemento pensado para que las personas que trabajan aquí puedan estar aquí con sus familias y contribuyan a la renta de la ciudad en su conjunto”, resaltó. Fernández Cucurull no aclaró el número de expedientes que se han abierto al respecto por incumplimientos ya que, dijo, se trata de un asunto que compete directamente a la Agencia Tributaria. “No tengo información al respecto”.