El director general de Hacienda y Presupuestos del
Gobierno de Ceuta, Juan Manuel de la Torre, ha invitado a las tres centrales representativas de la plantilla de la Ciudad (
UGT, CCOO y CSIF) a participar el próximo martes en la reunión constitutiva del grupo técnico al que se encargará analizar si la administración local puede volver a hacer aportaciones al plan de
pensiones de sus trabajadores sin vulnerar las limitaciones legales de incremento de la masa salarial y si es factible poner en marcha una alternativa a
los premios de jubilación declarados ilegales.
La consejería que dirige Kissy Chandiramani, que el pasado viernes ya acordó poner en marcha el expediente
para activar un proceso de funcionarización, concreta con este paso otro de los compromisos adquiridos en el acuerdo por escrito rubricado este mes con los sindicatos.
De la Torre ha propuesto a UGT, CCOO y CSIF que designen a dos representantes cada uno para abordar ese trabajo. Por parte de la Ciudad asumirán la responsabilidad dos especialistas con un marcado carácter “técnico”, una de ellas la secretaria general, María Dolores Pastilla.
Gobierno y sindicatos pactaron a principios de mes crear “un grupo de trabajo técnico” con participación de ambas partes “para el estudio de una forma de compensación a todos los empleados públicos conforme a la legalidad vigente dada la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los premios de jubilación y el dictamen reciente del Consejo de Estado al respecto”.
"Sin perjuicio de su preceptiva negociación en la Mesa General"
El Ejecutivo local se comprometió a dotar el planteamiento de dicho grupo de trabajo con los fondos necesarios “sin perjuicio de su preceptiva negociación en la Mesa General”.
Dicho foro debe ser también el encargado de “dirimir la aplicación” de la contribución al Plan de Pensiones del personal de la Ciudad, cuya partida de 220.000 euros se va a mantener en los Presupuestos.
La administración suspendió en 2021 el desembolso de esa cantidad anual al entender que, efectuándolo, vulneraba las prescripciones del Estado en lo que a la limitación del incremento de la masa salaria se refiere.
En cuando a los premios de jubilación, CCOO ha propuesto sustituirlos por un Plan de Productividad y UGT y CSIF, por unos de “fidelidad y permanencia” que reporten a los empleados hasta 70.000 euros al dejar de trabajar.
La Justicia y el Consejo de Estado se oponen a retribuir “un hecho natural e inevitable como es la extinción de la relación funcionarial”. Los pagos anulados no tenían “carácter asistencial, pues su naturaleza es remuneratoria”; y carecían “de cobertura en norma legal de alcance general, de manera que puede concluirse que están incursos en nulidad de pleno derecho”.