Hacia un modelo de economía ecológica para Ceuta

Después de siete semanas de confinamiento, hoy se nos ha permitido salir a practicar deporte o pasear. La mayor parte de las primeras semanas el tiempo acompañaba al obligado enclaustramiento. Los días amanecían nublados, ventosos y muchos de ellos acompañados de lluvia. Sin embargo, en las últimas jornadas el tiempo ha mejorado. El cielo vuelve a recuperar su luminosidad descorriendo el tenebroso velo que ha cubierto al mundo en estas trágicas semanas. Atraídos por el buen tiempo y la luz primaveral, ansiamos recuperar la normalidad. No obstante, a estas alturas, ya sabemos que nada volverá a ser igual, al menos en el corto plazo. Aún tenemos muy reciente la prematura muerte de 25.000 compatriotas y la hospitalización de unas 115.000 personas por el COVID-19. Sin lugar a dudas lo peor de esta crisis sanitaria ha sido el número de fallecidos y el de personas que han enfermado, pero no podemos ignorar su grave impacto económico y social. En estas semanas el motor económico se ha tenido que dejar en ralentí y por esta razón muchas empresas se han visto obligadas a promover expedientes temporales de regulación de empleo de sus trabajadores. Muchos otros directamente han perdido sus empleos. Y no digamos ya la situación en la que han quedado muchas familias que se movían en la economía sumergida. El anunciado ingreso mínimo vital no termina de concretarse. Son muchas las presiones que está recibiendo el Gobierno para evitar que este instrumento de justicia social se ponga en marcha.

Existe un gran temor en el sector económico por las consecuencias a corto y medio plazo del enorme esfuerzo en el gasto público que se está realizando para reforzar la sanidad pública y para evitar el derrumbe total de la debilitada economía española. En una reciente editorial en el diario económico “Expansión” se ha calculado que en estos momentos algo más de diecinueve millones de personas dependen de los presupuestos públicos. Esta cifra es el resultado de sumar los doce millones de funcionarios, a los siete millones de personas que estaban recibiendo subsidios como trabajadores por cuenta ajena o como autónomos. Con estos gastos nos vamos a situar en un déficit público desorbitado que podrían alcanzar el 115% del PIB. La cuestión clave es de dónde vamos a sacar el dinero para pagar la abultada factura que nos está costando impedir la muerte del tejido económico de nuestro país. Confiamos en que la Unión Europea nos ayude y que sigamos obteniendo crédito a un precio razonable en el mercado financiero, pero no las tenemos todas con nosotros. Hasta ahora la UE se ha mostrado reticente a asumir de manera colegiada el desplome de la economía de los países más afectados por el COVID-19 (España e Italia).  Todo va a depender de la duración de la crisis sanitaria y la repercusión de las medidas de prevención del contagio que van a resultar indispensables para pisar, poco a poco, el acelerador del motor de la economía española.

Nuestra economía nacional depende en gran medida de sectores económicos pocos estables, como el turismo (12,3 %), la hostelería (6,2 %) y la construcción (5,5 %). Y se prevé que la campaña turística va a resultar un desastre en el verano que tenemos a la vuelta de la esquina. Cierto es que tras la crisis del 2008 se produjo un importante reajuste en el sector de la construcción pasando de un 10,1 %, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, al 5,1 % en el año 2014. En este último año parece que la caída en picado de la construcción tocó fondo y comenzó una lenta recuperación hasta situarse en el 5,7 % a finales del año 2017. Sin embargo, ya en el pasado año, la construcción volvió a entrar en recesión. El principal motivo de esta importante reducción de la importancia del ladrillo en la economía española ha sido la falta de financiación. Después de la crisis del 2008, los bancos se han visto obligados a restringir el crédito a las empresas promotoras para la construcción de nuevas viviendas y a los clientes para su adquisición. Ya han empezado a escucharse voces en estos días que apuestan por un retorno a la pesadilla del ladrillo en España.

Cuando explotó la burbuja inmobiliaria en el año 2008, algunos líderes mundiales, como el francés Nicolas Zarkozy, propusieron refundar sobre bases éticas el capitalismo y apostar por las grandes oportunidades que ofrecían a la economía el reto ecológico y energético. Por desgracia, buena parte de estas promesas se quedaron en el aire. El carismático presidente de EE.UU, Barack Obama, emprendió importantes reformas en su país para garantizar el acceso público a la sanidad y a la educación al conjunto de la ciudadanía, y también apoyó de manera decidida la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las energías renovables, pero estos avances han sido desmontados en poco tiempo por el esperpéntico Donald Trump. La política medio ambiental de Trump ha consistido en la desregulación de las normas que protegían los bienes naturales y la ruptura del consenso internacional sobre la urgente necesidad de reducir las emisiones de los gases efectos invernaderos y mitigar las consecuencias del cambio climático. El mensaje negacionista del Trump cuenta ahora con un buen número de partidarios internacionales, como Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Matteo Salvini o Santiago Abascal en nuestro país.

En Europa, los países que con mayor decisión sostienen una transición ecológica son, estos momentos, España, Italia y Holanda, a los que se han sumado otros países importantes en la Unión Europea, como Francia y Alemania.  En total son ya once países de la UE los que reclaman que la reactivación económica contra el COVID-19 sea ecológica. Los ministros firmantes del Pacto Verde europeo consideran que “necesitamos ampliar las inversiones, especialmente en los campos de la movilidad sostenible, las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular”.  Estos países consideran que esta grave crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de actuar de manera rápida, coordinada y solidaria ante las crisis climática y ambiental en la que estamos inmersos. Si queremos que nuestra calidad de vida y la salud de la humanidad y del planeta no siga deteriorándose, tenemos que dar un cambio de rumbo a la política mundial. Hay que revisar de manera profunda nuestros ideales económicos, políticos y sociales. Sobre la defensa de nuestro bien común, la tierra, tiene que girar todo el esfuerzo individual y colectivo. Nadie puede quedar excluido de la educación, la cultura y el acceso a la sanidad. El derecho a una vida digna y plena tiene que garantizarse por la comunidad humana.

El pasado jueves, el Presidente de la Ciudad de Ceuta intervino en el pleno de la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebró en el Senado. Aprovechó la ocasión para llamar la atención sobre los problemas por los que está pasando nuestra ciudad, antes incluso del inicio de la crisis del COVID-19. Quiso destacar los problemas en la frontera y su incidencia en la economía local. Solicitó un plan de reconversión de la economía ceutí, indispensable para garantizar el futuro de Ceuta, y reclamó las transferencias de subvenciones previstas en los presupuestos generales del Estado. Sus solicitudes se concretaron en cuatro puntos: la constitución de una mesa de trabajo para diseñar un plan de reconversión económica, potenciar la presencia del Estado en Ceuta, el pago de las deudas que el gobierno central tiene contraídas con Ceuta y         que se afronte la cuestión de la presión migratoria en nuestra ciudad. Por desgracia, se olvidó de los 18.000 desempleados de Ceuta, tal y como hizo bien en recordar Juan Luis Aróstegui en su discurso de ayer por la celebración del Día del Trabajo. Tanto el líder de CC.OO como el de UGT reclamaron que se constituya una mesa de diálogo social, algo que en estos tiempos de profunda crisis es más necesario que nunca.

Pienso que hay que valorar de manera positiva el esfuerzo que ha hecho el representante de todos los ceutíes para desplazarse a Madrid en una situación tan compleja y difícil como la que estamos viviendo. Su alocución fue clara y directa. Podríamos echarle en cara que algunas de las reclamaciones que ha planteado al actual gobierno son el resultado de la desidia de los gobiernos de su mismo color político, o que él mismo lleva ejerciendo el cargo de Presidente de la Ciudad desde hace casi veinte años sin que haya sido capaz de encontrar una alternativa económica al comercio transfronterizo. Pero, como decimos, no es hora de los reproches, sino del apoyo mutuo y la sinergia colectiva. Nuestro objetivo común tiene que ser asegurar el futuro de Ceuta y el de los ceutíes. Necesitamos las aportaciones de todos los colectivos sociales, económicos y políticos para consensuar y poner en marcha un plan de reconversión de la economía ceutí. La nuestra puede resumir en una idea: sumémonos al gran pacto verde por una salida ecológica de la crisis del COVID 19 al que se han sumado la mayoría de los países europeos, entre ellos las grandes potencias de la UE, entre ellas Alemania, Francia y nuestro propio país.  Nuestra ciudad cuenta con unas inmejorables condiciones para el desarrollo de una economía verde. Disponemos de un amplio, diverso y valioso patrimonio natural y cultural, y un tamaño pequeño que lo hace ideal para ensayar nuevos modelos de transición energética y de movilidad sostenible. Hay un enorme campo de trabajo y creación de empleo en la rehabilitación de edificios y la restauración ambiental de nuestro litoral y de nuestros montes. Además, contamos con unas magníficas condiciones para el turismo de naturaleza que es, según los expertos, la modalidad turística que más rápido se va a recuperar de la crisis del COVID 19. Estamos convencidos de que un proyecto serio y bien fundamentado basado en la emergente economía ecológica contaría con el apoyo del gobierno de España y de la Unión Europea. Si necesitan nuestra ayuda, aquí nos tienen para sumar y aportar nuestros conocimientos y experiencia.