Los últimos sucesos pueden derivar en una “sensación de inseguridad”, aunque recalcó que la cifra de policías es suficiente para controlar la situación
El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para no “criminalizar y estigmatizar” a los inmigrantes que suelen apostarse en el puerto y cuyos grupos “pueden producir sensación de inseguridad”. Aunque es consciente de que los últimos sucesos acaecidos pueden derivar en esta percepción, hizo hincapié en que su presencia en zona portuaria no es sinónimo de delincuencia, ya que “no es delito estar ahí”. Recalcó que el número de policías nacionales es “suficiente” hasta la adopción de medidas que “normalicen la situación” y que tiene que pasar por la adopción de medidas multidisciplinares que deben poner en marcha la Autoridad Portuaria, Ciudad, Delegación del Gobierno e incluso una ONG que pueda atender a los menores y adultos inmigrantes. Respecto a la petición de cese del presidente de la Autoridad Portuaria presentada por MDyC, el consejero de Gobernación respondió que frente al derecho del partido de la oposición “de solicitarlo”, se encuentra “la decisión del responsable del Puerto de responder, pero yo no lo voy a hacer por él”. En lo que respecta a la responsabilidad de la Autoridad Portuaria en materia de seguridad, Hachuel subrayó el “importante esfuerzo” que la entidad va a llevar a cabo en el recinto portuario. “Participan activamente en las reuniones a las que son convocados para solucionar el problema”. Acabar con la “deriva” que ha tomado la situación es ahora el objetivo marcado por las partes implicadas. De momento, las medidas que se están aplicando “son las adecuadas y esperamos poder ampliarlas”, insiste Hachuel. Por su parte, Caballas considera que la política del Gobierno en materia de menores es “manifiestamente mejorable”, tal y como dejan constancia la escasez y obsolescencia de las instalaciones”, así como la “insuficiencia y perpetua precariedad de la plantilla”, ya que más del 70% es interina. Cuestiones todas ellas que evidencian un “culpable desinterés” del Gobierno en prestar a los menores afectados unos “servicios modernos y de calidad en consonancia con la Ciudad que decimos y queremos ser”. En este contexto de “precariedad y cicatería” resulta especialmente “reprobable” el tratamiento que se dispensa al colectivo de menores extranjeros, el más numeroso de cuantos atiende la Ciudad. Caballas lamenta que, a pesar de las reiteradas críticas provenientes desde diversos estamentos, e incluso “reconocidas y asumidas” por el propio Gobierno, lo cierto es que “poco o nada cambian las cosas”. Las condiciones del albergue “reconvertido”, señalan, son “infames”, mientras que el proyecto de construir un centro especifico sigue “irresponsablemente aparcado a la espera de nadie sabe muy bien qué”, ya que el anuncio en el Pleno de que el Estado se haría cargo de su construcción no se ha visto reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, “no hay ni rastro de tal iniciativa”. Todo ello ha llevado a Caballas a elevar al Pleno de la Asamblea la petición de un acuerdo en el que se aplique un ‘Plan Urgente de Atención Integral al colectivo de Menores Extranjeros No Acompañados’ que no están tutelados por la Ciudad, en el que se deberán incluir la habilitación de un centro de primera acogida; unidades móviles de atención directa a los menores en la calle e implementación de programas de atención y tratamientos psicológicos. El partido de Mohamed Ali alude también a la “insuficiencia” de la plantilla, así como a la “pavorosa escasez de medios” que impiden el desarrollo de programas y actividades educativos, “a pesar el ímprobo esfuerzo de un colectivo de profesionales al borde de la desesperación”. A esta situación se suma un colectivo de menores que “deambulan” por la ciudad y a “los que no se dispensa ninguna atención”, tras su paso fugaz por el Centro de la Esperanza y cuya única intención es “cruzar el Estrecho” a toda costa, “incluso jugándose la vida para ello”. Para Caballas, la “pasividad” del Gobierno ante este fenómeno, de dimensión creciente, es “absolutamente inadmisible”. Caballas considera que el Gobierno “tiene que asumir que la inmigración es consustancial con Ceuta” y que “sus consecuencias no se pueden considerar como un fenómeno pasajero que se puede abordar con medidas puntuales o provisionales, sino que tiene una naturaleza estructural y como tal es preciso diseñar estrategias a largo plazo y movilizar recursos para garantizar una gestión ajustada a nuestros principios constitucionales”. La situación de Ceuta, añaden, es una “vergüenza que no se puede permitir ni un segundo más porque no sólo supone un flagrante incumplimiento de nuestras competencias y una evidente vulneración de los derechos del menor, sino que además está contribuyendo a socavar los cimientos morales de nuestra sociedad”. Y es que, a juicio de Caballas, “no se puede tolerar que se siga expandiendo la corriente de opinión que, asustada, criminaliza a los menores convirtiéndolos en enemigos de todos”. Por todo ello, instan al Gobierno a “reaccionar” de manera inmediata y con determinación, “poniendo en marcha medidas que permitan reconducir esta lamentable situación”.