La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, ha reclamado más efectivos para que la Inspección pueda vigilar correctamente el cumplimiento de las medidas aprobadas en el ámbito laboral. Refuerzos ante el aumento de la siniestralidad laboral es lo que piden. A pesar del anuncio del aumento de personal en otras regiones, en Ceuta de momento no se ha confirmado que vaya a contratarse a más inspectores.
Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo en el Senado, Ercoreca señaló que, por mucho que se regule, por ejemplo, como tiene previsto hacer el Gobierno reduciendo la jornada laboral, "no se podrá llevar a cabo si no se refuerza a nivel operativo y de recursos a la Inspección de Trabajo".
En este sentido, detalló que la Inspección de Trabajo tramitó el pasado año 651.000 expedientes, cifra que representa un aumento del 5 % respecto al objetivo el año anterior. De ellos, 242.000 versaron sobre asuntos de prevención de riesgos laborales, 140.000 sobre problemas con la Seguridad Social y 135.000 sobre temas relacionados con la economía irregular y el trabajo de extranjeros.
El año pasado, se regularizaron más de 29.899 falsos autónomos, por debajo de los 38.779 de 2022, en tanto que más de 100.000 personas fueron dadas de alta gracias a la Inspección, que también trabajó para mejorar las condiciones de trabajo de más de un millón de personas.
Se recaudaron más de 41 millones de euros en concepto de salario y cotizaciones, ya que el sueldo y el tiempo de trabajo son dos de las cuestiones que más se denuncian.
Ercoreca denunció que la Inspección de Trabajo sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca la fuga a otros organismos y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".
También reclamó la aprobación definitiva del proyecto de ley de función pública, en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y de la relación de puestos de trabajo para el colectivo, tal y como se pactó con el Gobierno.
Como presidenta también de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), Ercoreca se referió también al concurso para prestar asistencia sanitaria a través de Muface, que quedó desierto el mes pasado, que se volverá a convocar y que, de momento, ha dejado en el aire a más de 1,5 millones de funcionarios y familiares.
"No existen argumentos ni económicos ni sociales" para que Muface no continúe prestando la asistencia sanitaria, aseguró Ercoreca, quien puso de manifiesto los problemas que supondría el fin del concierto.
En concreto, explicó que se corre el riesgo de que muchas familias fuera de la cobertura sanitaria y que los expedientes e informes se queden en el sector privado y no se comparta con el público.
Finalmente, aseguró que esta situación "va a tensionar más el sistema nacional de salud" en comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
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