“Habilitar el Banco de España permitiría reducir a solo dos las sedes judiciales”

Alberto Ruiz Gallardón (Madrid, 1958) vuelve a Ceuta nueve años después. En aquella ocasión, en 2004, lo hizo en calidad de alcalde de Madrid para recoger el Premio Convivencia y hoy lo hará como titular del Ministerio de Justicia. En la entrevista concedida a El Faro reconoce que la habilitación de la antigua sede del Banco de España como sede judicial es una de las principales opciones que baraja su departamento y destaca la trascendencia de la Nueva Oficina Judicial de Ceuta, la primera en marcha desde que asumió el cargo.
–¿Qué supone para usted visitar Ceuta en su calidad de ministro de Justicia?
–Venir a Ceuta supone ante todo cumplir con una responsabilidad institucional y de gobierno, porque se trata de conocer qué necesidades tiene en esta Ciudad Autónoma la Administración de Justicia y de constatar los progresos asociados a algunos proyectos concretos, como el de la Nueva Oficina Judicial. Pero también hay un componente importante de satisfacción personal, no lo oculto, porque se trata de una parte de España cuyas especiales características la hacen muy atractiva e interesante. El año pasado visité Melilla, y era para mí una prioridad acudir ahora a Ceuta. Además de sendas entrevistas con el presidente de la Ciudad Autónoma y el Delegado de Gobierno, y de esa visita a la Nueva Oficina Judicial, hoy quiero encontrarme también con los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, que han decidido reunirse aquí.
–Ceuta tiene muchas especificidades en numerosas materias. ¿Hay también especificidades en materia de Justicia?
–Por supuesto, y este Gobierno es consciente de ello. Incluso hay alguna, como el hecho de que los órganos judiciales estén repartidos en cinco sedes, que llama la atención que ocurra en una ciudad. Más allá del capítulo de infraestructuras, la propia planta judicial, con esa Sala Civil-Penal de la Audiencia Provincial de Cádiz o esa vinculación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía prueban esa singularidad de Ceuta. Sin embargo, esas especificidades en Justicia, como en otras muchas materias, no hacen más que poner de manifiesto la plena integración de Ceuta en el conjunto de España y la adecuación del conjunto de las Administraciones a esas particulares necesidades.
–Uno de los delitos que más se da en Ceuta, precisamente por esa especificidad de la que hablamos, es el narcotráfico. ¿Se podría llegar a tomar alguna medida especifica con la intención de lucha de mejor manera contra esta lacra?
–Para hacer frente al narcotráfico en determinados territorios, como puede ser el caso de Ceuta, se podría hacer un seguimiento especial de las incautaciones y de la destrucción de la droga a través de la Comisión de Seguimiento y Control del Acuerdo Marco de colaboración institucional que se firmó en 2012 precisamente para la gestión y destrucción de drogas tóxicas y estupefacientes. Este acuerdo tiene por objeto implicar a todas las autoridades que intervienen en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas para articular medidas coordinadas que permitan agilizar sus procesos de destrucción cuando sea necesaria su conservación, tanto de los alijos intervenidos como de las muestras extraídas para su analítica, y reforzar los procesos de incautación y custodia para solucionar los problemas actuales de almacenamiento. Por otro lado, en la reforma del Código Penal que aprobamos hace unas semanas hemos introducido una nueva regulación del comiso para que resulte más eficaz la recuperación de los activos procedentes del delito. Se incluyen así “el comiso sin sentencia”, el “comiso ampliado” y el “comiso de bienes de terceros”, nuevas modalidades que tienen especial importancia en los delitos relativos al tráfico de drogas, como infracciones que normalmente generan una fuente permanente de ingresos y que ahora podrán ser objeto de comiso fácilmente.
–Una de las grandes peticiones formuladas en el sector de la Justicia en Ceuta es la falta de una sede única. El delegado del Gobierno ha analizado la posibilidad de utilizar la antigua sede del Banco de España. ¿Conoce ya esta posibilidad? Y si su respuesta es afirmativa ¿existiría voluntad desde el Ministerio para acometer las obras?
–El Ministerio de Justicia es consciente de esa situación. Es verdad que la planta judicial está dispersa hasta en cinco sedes. Un hecho que dificulta la labor y las gestiones tanto de los que trabajan en la Administración de Justicia como de los operadores jurídicos y del conjunto de los ciudadanos. En estos momentos, se están estudiando diferentes soluciones. Efectivamente, una de ellas sería habilitar la antigua sede del Banco de España. Este edificio no permitiría concentrar todos los órganos en una sola sede, aunque sí que las reduciría a dos. También habría que cuantificar cuál sería el coste de la operación. Insisto, es una de las opciones que valoramos, al igual que lo es encontrar y disponer de un espacio para construir un edificio de nueva planta que concentrara todos los órganos judiciales, a sabiendas de que requeriría una inversión mayor, y ese es un aspecto esencial en tiempos de restricciones económicas. En todo caso, hay que agradecer la disposición tanto de la Delegación del Gobierno como del Gobierno de la Ciudad por encontrar una solución satisfactoria a esta demanda compartida por todos.
–Hace unos días ha entrado en funcionamiento en Ceuta la Nueva Oficina Judicial. ¿Qué ventajas tendrá la misma para la institución y qué beneficios para los ciudadanos?
–Lo primero de todo es señalar la importancia que para este Gobierno representa la puesta en marcha de esta Oficina Judicial de Ceuta. No en vano es la primera que comienza a funcionar desde que este equipo ministerial asumió sus responsabilidades a comienzos de 2012. En ese momento, se adoptó la decisión de paralizar la implantación para redefinir los procesos. Por eso, la experiencia de Ceuta es muy importante para la propia ciudad pero también para el futuro de la Oficina Judicial en otros muchos puntos de España. Es más, Ceuta ha sido una de las primeras ciudades en contar simultáneamente con una Oficina Judicial y una Oficina Fiscal. También va a ser pionera en facilitar la presentación telemática de escritos. Y es que la Oficina Judicial representa un cambio radical en el modelo de gestión judicial. Permite mejorar la gestión de los recursos personales, materiales y tecnológicos; ofrece un mejor entorno a los empleados; facilita el trabajo de otros profesionales del Derecho; y hace más fluida la relación de los ciudadanos con la Justicia. En resumen, la Oficina Judicial es un paso necesario para modernizar una Administración de Justicia, que en muchos aspectos permanece anclada en el siglo XIX, y elevar la calidad, agilidad y eficacia de este servicio público a los niveles que exigen los ciudadanos del siglo XXI. Un desafío en el que todos estamos implicados y en el que precisamos la colaboración de todos los operadores jurídicos, como está ocurriendo en Ceuta.
–Este Gobierno está destacando por la realización de numerosas reformas. ¿Está siendo también esta legislatura la de las reformas para el Ministerio de Justicia?
–Por supuesto que sí. La reforma de la Administración de Justicia forma parte de la agenda general de reformas del Gobierno, y a medio y largo plazo, por lo que se refiere a la superación de la crisis y la consolidación de un bienestar más sostenible, tiene una importancia equivalente a la de las propias reformas económicas o de cualquier otra Administración. Porque una Justicia ágil y eficaz, y el factor de seguridad jurídica que eso aporta para inversores, trabajadores y ciudadanos en general, supone un importante elemento de competitividad a la hora de decidir dónde se localiza un determinado proyecto económico, dónde se quiere desarrollar una carrera profesional, con los efectos que esa decisión tiene en términos de empleo y de prosperidad para un país o una ciudad. Por otra parte, la modernización de la Justicia española es una necesidad de la que viene hablándose desde hace años, y que hasta ahora iba siendo acometida de un modo tímido o parcial, poniendo parches a un sistema que ya no da más de sí. De lo que ahora se trata es de hacer una reforma de verdad global, que defina el marco de nuestro sistema de Justicia en el siglo XXI. En algunos casos, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o la legislación contenida en el futuro Código Mercantil, estamos reformando normas que vienen del XIX, y que aunque en su día fueron muy buenas ya no sirven para la realidad socioeconómica de nuestros días. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que también está siendo revisada en profundidad, así como la de Demarcación y Planta, resultan igualmente claves en esta agenda de reformas. Y es importante el hecho de que con iniciativas como la Ley de Mediación estamos abriendo la posibilidad de que profesionales distintos a los que proceden de las tradicionales profesiones jurídicas se incorporen al sistema de resolución de conflictos, contribuyendo así a descongestionar los juzgados y ofreciendo al ciudadano una vía alternativa y fiable.
–¿La derogación de la ‘doctrina Parot’ supone un varapalo para las víctimas del terrorismo?
–Es evidente que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy dolorosa, para las víctimas del terrorismo en primer lugar, pero también para toda la sociedad española, y desde luego para el Gobierno. La Abogacía del Estado consiguió, contra lo que suele ser habitual, que su recurso fuera admitido, y pese a su brillante trabajo la decisión del Tribunal no ha sido al final la que esperábamos. Es importante que digamos con claridad –y así lo hacemos– que la excarcelación de los condenados a los que afecta la sentencia de Estrasburgo no implica la victoria de ETA. ETA ha sido derrotada por la sociedad española, por las personas que perdieron la vida en esa lucha, y no ha conseguido ninguno de los objetivos políticos que se había trazado. No debemos olvidar que la tenaz resistencia al terrorismo demostrada por los españoles y por el Estado de Derecho ha terminado dando su fruto: derrotarles. Creo que en un momento doloroso como éste no podemos olvidar ese hecho. Por otra parte, lo que ha ocurrido es consecuencia de un sistema penal que no estaba concebido para dar respuesta al terrorismo, como era el de 1973. El legislador no reaccionó hasta más tarde, y ahora vemos las consecuencias de esa tardanza. La reforma de 1995 supuso un importante paso adelante, así como el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo aprobado en 2003. La reforma del Código Penal aprobada ahora por el Consejo de Ministros y remitida a las Cámaras para su trámite parlamentario pone fin a la posibilidad de que personas que han cometido crímenes gravísimos y no se han arrepentido ni tienen visos de reinsertarse en la sociedad puedan salir de prisión. Gracias a esa reforma, lo que estamos viendo estos días no volverá a ocurrir.
–¿Ha alcanzado usted su máxima satisfacción en política ya o aún le queda mucho camino por recorrer?
Me queda mucho camino por recorrer en mi vida, pero hay vida más allá de la política y a esta le he dedicado algo más de la mitad de mi vida. Le repito lo que ya he dicho en otras ocasiones: seguiré los pasos de Mariano Rajoy, continuaré con mis funciones de ministro hasta que él decida, pero el día que el presidente deje la política, me marcharé con él.
–¿Los españoles pueden estar satisfechos de cómo funciona la Justicia en su país?
–Es un hecho objetivo que no lo están, lo revelan los sondeos, y por eso el Gobierno tiene la responsabilidad de reformarla y hacerla más ágil y eficaz. Por otra parte, no recuerdo ningún cargo de responsabilidad al que haya accedido nunca en mi carrera política al que llegara en medio de un clima de satisfacción de los ciudadanos. Al revés: ha sido siempre la demanda exigente de la ciudadanía, y la confianza de mi partido –y en este caso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy–, la que me ha situado en posición de asumir un compromiso con los ciudadanos.
–¿Piensa que se acabó ya la polémica con las tasas judiciales?
–A veces la política se enreda en debates bizantinos que se disuelven por sí solos cuando la vida real viene a sustituirlos por hechos concretos. Lo cierto es que las tasas judiciales existen desde hace más de una década, y los gobiernos socialistas las ampliaron en dos ocasiones. El Gobierno actual las ha revisado ahora, porque es necesario respaldar un sistema de justicia gratuita para los más desfavorecidos que constituye un beneficio constitucional que hay que garantizar, especialmente en momentos de dificultad económica como el actual. Así que se trata de un asunto de justicia social, entre otras cosas. Por lo demás, vamos muy por detrás de Europa en esto. Piense que en Alemania, por ejemplo, el 43% del coste de la Justicia se sufraga por la vía de las tasas, y que en países como Austria ese porcentaje llega al 110%. Nosotros vamos a situarnos en un 10%. Y además, ocurre que el sistema de exenciones que hemos establecido deja libre de pago de tasa el 77% de los asuntos que se ven en los tribunales. Si alguien quiere construir una polémica en torno a esto, puede intentarlo, pero tiene los datos en contra.