Parece cierto que unos países se han enfrentado a la crisis con más rapidez y eficacia que otros. Así es preciso reconocer que España comenzó a tomar decisiones muy tarde, y eso, a su vez, ha disminuido la propia eficacia de las medidas que se han ido tomando.
Posiblemente ese retraso en tomar decisiones, la falta de consenso político en los términos de esas medidas y el mantenimiento de una política de gastos indiscriminada durante el Gobierno anterior, no ha hecho sino agravar la magnitud del problema y que nos encontremos ahora en una situación que se podría calificar, sin temor a equivocarse, de trágica y desesperada.
Desde que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, empezó a tomar medidas económicas y sociales, para hacer frente a la crisis, puede decirse que todos los sectores sociales de nuestro país se han visto afectados.
Parece coherente que, si en mayor o menor medida, todos somos responsables de la crisis económica, todos debemos asumir el coste de las medidas de ajustes necesarias para remontar esta situación.
Pero, ¿quiénes han pagado hasta ahora el coste de la crisis? Inicialmente el gran ajuste de la economía se ha hecho en el sector privado, que ha enviado al paro, aproximadamente a 3 millones de personas, muchas de las cuales se han convertido en parados de larga duración con escasas posibilidades de encontrar de nuevo trabajo, en una economía, como la española que no presenta alternativas al sector de la construcción y unos trabajadores con escasa cualificación a los que siquiera les queda el recurso de emigrar al extranjero para encontrar en otras economías un trabajo digno.
Otro de los grandes sectores sociales, sobre los que se ha producido el ajuste, han sido los empresarios. En lo que llevamos de crisis han desaparecido, literalmente, en España al menos 400.000 empresas (generalmente pequeñas y medianas empresas capitaneadas por empresarios autónomos) muchos de los cuales han quedado en la ruina más absoluta al haber expuesto su patrimonio particular para intentar salvar la empresa, cosa que con posterioridad no han conseguido. También se ha producido una drástica disminución de los beneficios de las sociedades y en muchos casos pérdidas significativas que ha provocado los tristemente célebres Expedientes de Regulación de Empleo.
Otro de los grandes sectores sociales, ha sido los ahorradores, que a su vez no son sino nuevamente trabajadores y empresarios, que han visto como el valor de sus ahorros quedaban reducidos a la enésima parte, por la vía del hundimiento de la Bolsa o por la vía de los diferentes escándalos financieros tanto de las propias entidades como por los productos que esas entidades pusieron en circulación.
Otro de los grandes sectores son los trabajadores de la función pública, son los funcionarios y empleados públicos que ya tuvieron un primer paquete de medidas de ajuste con el Decreto del 5% de disminución de los salarios de mayo de 2010, y que ahora nuevamente ven disminuidos sus salarios con la eliminación de la paga de navidad. Entre la disminución de salarios y la pérdida de poder adquisitivo, los empleados públicos en España han perdido, en los últimos 5 años, entre un 14% y un 20% de poder adquisitivo. Pero además ese ajuste no parece suficiente y en la parte de empleados públicos laborales, es decir los que no son funcionarios de carrera, se intuye la realización de Expedientes de Regulación de Empleo, así como la desaparición de muchos organismos y entidades cuya razón de ser ha sido puesta en tela de juicio casi desde su propia creación.
Y sin embargo, con sacrificios tan importantes, no hay siquiera indicios que nos permita, al menos, pensar con un cierto optimismo. La denominada Prima de Riesgos sigue apareciendo en cada telediario con su tendencia al alza y su impacto en la propia moral de los españoles. Me imagino las sensaciones del Presidente del Gobierno y de los Ministros de Economía y de Hacienda, cuando cada final de mes, se encuentran con la necesidad de hacer frente a los pagos de las nominas de los empleados públicos, de los pensionistas y de los perceptores de desempleo, y los ingresos del Estado no han sido suficientes para atender esos pagos.
Entonces salen al exterior a pedir dinero prestado en forma de deuda pública y los ahorradores mundiales salen corriendo, porque ya nadie presta a España porque nadie se fía que vayamos a devolver esos préstamos. A esto le estamos llamando especulación, y no es verdad, es la respuesta normal de unos ahorradores que tienen libertad absoluta para llevar su dinero a donde le parezca. Como consecuencia de esta situación tenemos que subir los tipos de interés que pagamos y así sube, a su vez, la prima de riesgo.
Llegados hasta aquí, hay que pensar que los durísimos ajustes que viene soportando nuestro país desde el comienzo de la crisis, requieren además que la ciudadanía esté dispuesta a asumirlos, ya que en caso contrario se pueden producir fuertes tensiones sociales, de orden público y con un incremento significativo de la economía sumergida.
Para conseguir el apoyo de los ciudadanos a estos sacrificios que se le imponen, es necesario algo evidente, pero que a veces no se comprende su valor. Y esto es sencillamente dar ejemplo. Dar ejemplo de austeridad, de ahorro, de eficiencia, y quienes tienen que dar ejemplo es el propio Sistema Político que en España tiene un coste económico desfasado respecto a la capacidad de España de mantener esa estructura. Resulta curioso que el Sistema Político que es el que ha impuesto buena parte de los ajustes económicos en nuestro país, no haya hecho un ejercicio de autocrítica y haya asumido y puesto en marcha la necesidad de eliminar gastos innecesarios y practicar la austeridad, para conseguir reducir la factura del Coste Económico de nuestro Sistema Político que pagamos todos los españoles.
Medidas y sacrificios
Y qué medidas y sacrificios podemos pedir a nuestros políticos para ahorrar y disminuir esa factura. Creo que los más significativos podrían ser:
•Puesta en marcha de la reforma Constitucional necesaria para eliminar el Senado y disminuir de manera drástica el número de diputados al Congreso, que actualmente son 350 y podrían reducirse hasta un número de 200 diputados.
•Modificar la Ley de Régimen Local para que los cargos de Concejales no sean retribuidos. Ciertamente habría que hacer excepciones posiblemente en aquellas grandes ciudades del país en las que la dedicación de algunos cargos de la Corporación fuesen retribuidas.
•Analizar la estructura administrativa del Estado y valorar su viabilidad futura, sobre todo en las Comunidades Autónomas históricas y no históricas, evitando duplicidades de servicios y tomando las medidas necesarias para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas. Es decir hay que replantearse el Estado de las Autonomías.
•Analizar en profundidad la viabilidad de las empresas públicas, fundaciones, institutos y organismos públicos cuyos servicios deberían haber sido prestados por los propios empleados públicos y así se habría evitado el incremento del gasto y la ineficiencia de la propia administración. En cualquier caso, el ajuste en estos tipos de organismos parece inevitable ante la imposibilidad de que puedan seguir siendo financiados por las administraciones públicas a las que están adscritos.
•Eliminar de manera drástica las dietas por asistencia a todo tipo de consejos, patronatos, fundaciones, etc., ya que forman parte del quehacer normal y diario del sistema político.
Todas estas medidas, que sin duda será inevitable acometerlas, y mejor antes que tarde, requieren del mayor consenso político. Y no solo de los grandes partidos nacionales sino también los pequeños y sobre todo los partidos nacionalistas, que tienen que asumir este problema como prioritario y esencial
Pero sobre todo será necesario el consenso, y por ello habrá que trabajar el tiempo que sea necesario. Solo con ese CONSENSO, dando EJEMPLO a los españoles y con las medidas más EFICACES, los ciudadanos estarán dispuestos a asumir los nuevos sacrificios que se les piden.